Propuesta: Los bolivianos tienen capacidad productiva, pero el Ejecutivo los desincentiva por medio de la sobretributación, sostiene un estudio de Enrique Velazco.
Para superar la pobreza en el país, la remuneración media al trabajo debe ser mayor a los 3.000 dólares por año, equivalente a 13 mensualidades de 1.400 bolivianos; además, debe pagarse beneficios y aportes a la jubilación, señaló el experto en temas industriales y laborales Enrique Velazco Reckling.
La propuesta está contenida en el libro El Derecho al Empleo Digno, en el marco de las autonomías, que fue presentado hace algunos días.
Para Velazco, que un empleado o trabajador perciba por lo menos 1.400 bolivianos mensuales le permitirá atender sus necesidades básicas; por ello, en su criterio, las acciones del Gobierno central como las de los departamentales y municipales deben ser trabajar en mejorar el nivel salarial de los trabajadores.
El análisis, que se contrapone a la realidad laboral, cita por ejemplo que entre 1999 y 2007 las personas ocupadas aumentaron en un ritmo de 108.400 personas por año, generando un impacto de 200 millones de dólares por año, aproximadamente un 2,3 por ciento del valor del Producto Interno Bruto (PIB).
Pero, contrariamente, los ingresos del trabajador son bajos y “no le permiten superar el umbral de pobreza. De hecho, en términos per cápita, tal aumento del PIB significa aumentar la cantidad de pobres, perpetuando la pobreza”, advierte.
Velazco afirma que las autonomías departamentales y municipales contribuirán en la creación de un empleo digno; sin embargo, lo condicionó al reconocimiento de derechos, retribución justa y adecuado trato laboral.
“Eso está sujeto a las condiciones particulares de cada ámbito local, y en esa medida juegan un rol importante. No obstante, aún no están muy claras las competencias autonómicas, teniendo en cuenta que existe el temor de que en función de generar nuevos recursos o impuestos, todos los gobiernos departamentales y municipales empiecen a poner sus ojos sólo en actividades económicas formales o productivas, con lo cual generarían condiciones muy apáticas para dicho emprendimiento”, opinó.
En ese contexto, dijo que en términos tradicionales no tiene sentido hablar de desempleo, porque lo más preocupante es el grado de precariedad de empleo, que está muy elevado y llega al 74 por ciento. Por ejemplo, un campesino no tiene ninguna de las condiciones mínimas de un empleo razonable porque no percibe ningún salario ni beneficio.
Velazco afirmó que el problema radica en la calidad del empleo, porque los dos tercios de la población ocupada están en el sector precario y se desempeñan sin contratos de trabajo. Además, carecen de seguro social, indemnización y jubilación. De acuerdo con el estudio, el nivel de precariedad para las ciudades capitales es del 65 por ciento y en las áreas rurales crece hasta el 90 por ciento. La precariedad afecta a 3,7 millones de puestos de trabajo en el país, que representan el 74 por ciento de las personas en edad laboral. Los casos extremos de informalidad están en Potosí, con un 81,5 por ciento, y en Santa Cruz, con el 71 por ciento.
A decir del economista, para disminuir la precariedad en un 50 por ciento, entre el 2010 y 2015 se deberá crear 1.826.386 puestos de trabajos dignos, es decir a razón de 365.277 por año.
Entretanto, las estimaciones del Gobierno Nacional señalan que el desempleo en Bolivia alcanza al siete por ciento de la población en edad de trabajar, mientras que estudios independientes lo sitúan en el 11 por ciento.
“Es preocupante. El empleo precario que estamos creando cada año, de acuerdo con fuentes nacionales, tiene una productividad de alrededor de 1.000 dólares por trabajador año, esto significa que está prácticamente por debajo del índice de pobreza”, observó el experto.
Explicó que en la medida en que sigamos introduciendo bolivianos y bolivianas a las actividades de poco valor, lo que estaremos haciendo en realidad es aumentar la cantidad de pobreza y bajar el Producto de Interno Bruto (PIB) per cápita promedio.
Con base en el estudio, cada año en Bolivia nacen aproximadamente 20 mil niños y el 70 por ciento de ellos está sobre la línea de pobreza. “Eso quiere decir que cada año estamos introduciendo a la economía boliviana alrededor de 140 a 150 mil nuevos pobres”.
La lógica de creación de valores en el país debe cambiar para beneficiar a estos sectores sociales con los recursos esperados por el litio, el gas y el hierro, afirmó. “Los bolivianos nos precisamos unos a otros, y la única forma de funcionar y resolver nuestras demandas es a través de las autonomías y de la capacidad de tomar decisiones propias para ponernos de acuerdo”, reiteró.
Observó la sobretributación que impone el Estado y la calificó como una herramienta de desincentivo a las empresas productivas, ya que, en su opinión, si se desea construir un país productivo hay que cambiar la lógica rentista.
Para el investigador es contradictorio también que mientras más empleo y valor se genera, también surjan mayores obligaciones tributarias. “Eso va en sentido contrario a la lógica de un país productivo”.
El análisis de Velazco señala que gran parte de la población se dedica al comercio, porque la actividad informal no paga impuestos y genera más réditos.
En cambio el sector productivo (micro, pequeñas y medianas empresas) tiene una sobre imposición que desincentiva al productor.
“El Estado constantemente cambia las normas y con eso va generando desincentivos a una empresa productiva y resta posibilidades de crecimiento”, aseveró.
Aseguran que Gobierno es incapaz de generar empleo digno
El Gobierno central es incapaz de generar un empleo digno y lo único que hace es poner obstáculos a las empresas emprendedoras productivas, afirmó el economista Enrique Velazco Reckling.
“No es nomás —manifestó— generar cualquier empleo de emergencia. El empleo digno no se debe confundir con ocupación, como es el caso de Mi Primer Empleo o el Plane, que sólo son ocupaciones temporales creadas por el Gobierno, eso no es un empleo digno”.
Aseveró que la falta de empleo en Bolivia tiene que ver con el contexto antiproductivo de parte del Estado más que con la falta de capacidad. Los cambios que tienen que darse deben estar enfocados en liberar esa capacidad productiva que tienen los bolivianos eliminando la sobrenormativa.
“Al productor boliviano se lo debe eximir de: costos de transacción y de la corrupción que le impide desarrollar todo su potencial productivo. El Gobierno debe dejar de poner obstáculos a las empresas emprendedoras”, concluyó.
Según el estudio, la realidad y consecuencias de la estructura del empleo en Bolivia muestra en “números gruesos” que el 90 por ciento de empleo se genera fuera del sector público y que prácticamente el 100 por ciento del empleo rural (unos dos millones de personas) es temporal, informal (sin contratos de trabajo ni prestaciones sociales) y de muy baja productividad.
De las personas ocupadas en las áreas urbanas, en total 2.6 millones, sólo el 60 por ciento tiene empleo pleno y no más del 35 por ciento, o sea un millón, tiene empleo formal.
Según la Tasa de Desempleo, se estima que solamente una de cada cinco personas ocupadas (20 por ciento) tiene un empleo formal y las otras cuatro (80 por ciento) están afectadas por diferentes grados de precariedad laboral.
Se requiere una inversión privada por $us 640 millones
Se estima que la inversión privada nacional necesaria para crear empleos estaría alrededor de 640 millones de dólares anuales.
Varias estimaciones indican que a partir del año 2000, la inversión se sitúa en el orden del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos 350 millones de dólares por año.
Por otra parte, en la cartera de créditos de la banca privada, el financiamiento destinado a los sectores de industria y turismo alcanza al 20 por ciento, si se suma la construcción, con un 10 por ciento adicional, se podría mencionar que la inversión privada nacional en actividades productivas alcanza a unos 100 millones de dólares anuales, que es aproximadamente un tercio de los 350 millones. Eso significa que para que la inversión privada cumpla su tarea en la creación de empleo digno, se necesitará medidas e incentivos para multiplicar unas seis veces la inversión privada productiva, además de promover una redistribución territorial de las inversiones. Una excesiva concentración de capitales en el eje centra,l comprendido por los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, disminuye las oportunidades para otras regiones.
strong>El empleo bajo la nueva CPE
En la Constitución Política del Estado (CPE), el Derecho al Empleo Digno (DED) se entiende como una condición de mejor calidad de vida y para el bienestar de los ciudadanos. El estudio titulado El Derecho al Empleo Digno señala que las organizaciones económicas son responsables de asegurar el DED, ya que tienen la obligación de generar trabajo como parte de su función de eliminar la pobreza y la exclusión.
La CPE sugiere que acceder al empleo digno y remunerado equitativamente es una condición y característica esencial del “Vivir Bien”.
El Artículo 8 de la CPE, numeral II señala: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien”.
En consecuencia, las políticas y estrategias prioritarias del DED deben incluir medidas para incentivar las creación de puestos de trabajo digno, con remuneraciones o salarios justos y equitativos, que implica promover el incremento constante del valor agregado (VA), la creación de la riqueza y la productividad, asegurando que ésta se traduzca en mejoras de la remuneración al trabajo en el marco de la justicia y la equidad.
Desde esa perspectiva, el DED es una condición para que el Estado cumpla su obligación de garantizar el acceso al trabajo y para que las políticas del empleo que eviten la desocupación y la subocupación sean viables.
El estudio señala que las competencias autonómicas establecidas en la CPE no garantizan la creación de condiciones objetivas que sustenten la transformación productiva en términos de los mercados, la mejora de la productividad, el desarrollo de la competitividad o la sustitución de la cultura rentista por la cultura productiva. Es necesario fortalecer el rol y la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales.
Para destacar
Precariedad, en las ciudades capitales es del 65 por ciento y en las áreas rurales crece hasta el 90 por ciento.
Afecta a 3,7 millones de puestos de trabajo en el país, que alcanza al 74 por ciento de las personas en edad laboral.
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