12 febrero 2011

Empresarios rechazan salario mínimo de 1.000 bolivianos

Propuesta: El proyecto que propuso un diputado fue observado por el sector privado y dice que debe ser un acuerdo obrero-patronal.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó el proyecto de ley para la aplicación de un salario mínimo nacional de 1.000 bolivianos, propuesto por el presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Antonio Franco (UN).

El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, manifestó que en estos momentos se están atravesando circunstancias delicadas, a las que se suma la crisis alimentaria. Por ello considera que el monto solicitado por el parlamentario opositor es muy alto.

“Esta institución, en nombre de los empresarios —señaló—, rechaza esos comentarios, más aún hechos por un político que de pronto está en actividades que no son empresariales”. Según la propuesta del legislador, el artículo tercero plantea al Órgano Ejecutivo la disminución de los gastos corrientes del Tesoro General de la Nación (TGN) para garantizar la fuente de ingresos para el incremento propuesto, en el caso del sector público.

De acuerdo con su argumento, el proyecto se sustenta en el artículo 49 de la Constitución Política que establece que la ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales, así como los demás derechos y beneficios laborales.

En ese contexto, Sánchez dijo que considera que todos los actores deben razonar pensando en el país y lo que está haciendo el congresista —afirmó— es generar una incertidumbre entre los trabajadores y los empresarios.

“Nosotros —indicó— manejamos el tema salarial con mucho cuidado para evitar que las empresas entren en quiebra o terminen de colapsar. Lamentamos que un diputado proponga un salario básico de 1.000 bolivianos”.

Concluyó que la negociación del incremento salarial, en algunos casos, se debe hacer en un diálogo obrero-patronal, que debe imperar para no perjudicar a la empresa boliviana.

El Gobierno nacional mantiene en espera la definición del incremento salarial que debe considerar la tendencia inflacionaria que comenzó con 1,29 por ciento para el primer mes del año.



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