Una especialista en derecho laboral considera que las empresas privadas pueden impugnar el Decreto Supremo 1802 o de doble aguinaldo, debido a que el Gobierno no consultó a todas las partes antes de aprobar la medida.
"En este caso, es una decisión que se tomó sin una consulta previa. Los empresarios podrían impugnar la norma basándose en algún convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se refiera al establecimiento de salarios y decisiones de este tipo que pueden tener un impacto en sus políticas salariales internas”, dijo la especialista en derecho laboral, María del Rosario Baptista Canedo.
Explicó que el país suscribió varios convenios con la OIT, que tiene como principio que cualquier decisión que afecte a las partes -en este caso de empleadores y trabajadores- debe ser adoptada en el marco de una negociación tripartita entre el Estado, los trabajadores y empleadores. "Esto no se dio con la aprobación del decreto”, explicó la jurista.
Los empresarios consideran desatinada la norma del doble aguinaldo, porque representará un gasto que no estaba previsto.
Según el decreto, el segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia, debe ser cancelado hasta el 31 de diciembre de este año.
Sin embargo, la analista laboral sostuvo que en la legislación laboral, al ser tan antigua, numerosas disposiciones fueron aprobadas por decreto, como el del doble aguinaldo, lo cual relativiza que se precise una ley.
Dijo que la disposición del Gobierno no está destinada a resolver problemas estructurales que tengan que ver con el incremento de precios en los productos de primera necesidad u otros.
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