Representantes de los jubilados de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija anunciaron ayer que iniciarán medidas de presión desde la próxima semana porque no fueron incluidos en el Decreto Supremo 1802 que dispone el pago de doble aguinaldo.
Por su parte, la iglesia católica pidió que el Estado Plurinacional se asegure de que el beneficio llegue a todos los bolivianos, incluyendo a los jubilados y a los sectores no asalariados.
Los representantes de los rentistas paceños, José Sanjinés, Juan Antonio Ticona y Félix Apaza, aseguraron que el próximo lunes 25 de noviembre llevarán adelante una movilización en el centro de la sede de Gobierno.
“El lunes estaremos en la plaza San Francisco y de allí empezaremos nuestra marcha por la dignidad del jubilado”, manifestó uno de ellos en entrevista con Erbol.
El secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de Jubilados, Héctor Pérez Luna, señaló que es una discriminación el decreto de doble jubilación.
“Nosotros vamos a buscar nuestra reivindicación a través de las armas contundentes que tenemos”, señaló el secretario ejecutivo de los rentistas del país, Irineo Rivero.
COCHABAMBA En Cochabamba, Simón Ramírez, ejecutivo de los rentistas mineros, indicó que su sector se declaró en emergencia.
Además, pidió a la dirigencia departamental tomar medidas contra la determinación del Ejecutivo.
En Tarija, el representante de los rentistas, Orlando Subieta declaró que no sabe “por qué los están discriminando” y anticipó que se organiza un movimiento a nivel nacional para percibir el beneficio.
LA IGLESIA La Conferencia Episcopal Boliviana expresó ayer su sorpresa por la determinación del Gobierno de Evo Morales de decretar el pago del doble aguinaldo sin hacer una consulta con diversos sectores.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, José Fuentes, dijo que el doble aguinaldo establecido por el Decreto “Esfuerzo por Bolivia”, debería beneficiar a total de la población boliviana, incluidos jubilados y otros sectores no asalariados.
De la misma forma, reflexionó acerca de la pertinencia de una consulta sobre el decreto a todos los sectores involucrados antes de ser aprobado.
"Sería deseable que si, tal como dicen las autoridades, existen recursos suficientes para cumplir con esta medida, sea el mismo Estado quien pague el beneficio a los empleados de estas entidades no lucrativas", aseguró.
Fuentes manifestó que ese beneficio pone en riesgo las obras sociales sin fines de lucro que atienden a niños, personas discapacitadas, ancianos, obras en salud y educación, además de protección social.
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