El EPU es la revisión del conjunto de derechos humanos que todos los Estados miembros de la ONU deben someterse cada cuatro años y medio.
Bolivía estimó que esas recomendaciones "están desactualizadas y no reflejan la situación vigente en el país".
Además, Bolivia no apoyó "velar por la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas e investigar (...) los ataques dirigidos contra ellos".
Bolivia no apoyó tampoco "modificar las normas jurídicas que nieguen o limiten los derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género".
Los Estados deben "apoyar o tomar nota" de las recomendaciones. El "tomar nota" equivale a "no apoyar", es decir rechazar, según la doctrina de la ONU.
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