Mientras García Linera demanda excelencia académica y profesionalización para que la “nueva Bolivia sea una potencia”, la autoridad no ve nada malo en que el próximo Defensor del Pueblo no cuente con un título profesional y solo tenga militancia política. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por su parte, ha eximido del título a los candidatos a Defensor del Pueblo, hecho criticado por el propio Rolando Villena quien asegura que con esto se podría “desnaturalizar” la Defensoría del Pueblo porque se está menospreciando la formación del intelecto al no tomarse en cuenta la meritocracia.
Recordemos, por su parte, que el Vicepresidente dijo: "hay que modificar a la mayor parte del personal que se ha hecho cargo de los niveles de justicia restableciendo la meritocracia como elemento fundamental en la selección y elección de autoridades de los órganos de justicia”.
El mensaje no es claro. Las autoridades de gobierno exigen excelencia académica, demandan a la universidad actualizar sus planes de estudio; hablan de meritocracia y piden a los profesionales capacidad para atender las necesidades productivas del Estado Plurinacional; pero, al mismo tiempo, priorizan la militancia política y la experiencia sindical para ciertas postulaciones públicas. ¿En qué quedamos? ¿Son los cargos de máxima jerarquía política, la excepción a la norma? ¿Tan “empírico” es el “oficio” de político que no requiere conocimiento y solo exige servilismo nivel amarraguatos?
“Las naciones han tomado conciencia de la importancia que la educación superior reviste para el desarrollo sociocultural y económico y, sobre todo, la construcción de sociedades cultas que garanticen un desarrollo endógeno y sostenible que procure la igualdad de todos los ciudadanos. La educación, a lo largo de la historia, ha dado sobradas pruebas de su viabilidad y capacidad para propiciar el verdadero cambio. En consecuencia, ella misma ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea que vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones más plausibles de moralidad y espiritualidad” (Declaración UNESCO).
Exigir que los servidores públicos no solo sean moralmente intachables, sino que demuestren una formación académica de excelencia, no es ser opositor, es tratar de actuar en coherencia con el encargo social; es aportar a la “Bolivia potencia” fundamentada en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, aquello que todo Estado sensato se permite para existir con dignidad y autonomía.
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