Una denuncia de Juan Acarapi, vecino de la zona 12 de Octubre, confirmó que en algunas “comerciales” o casas de empleo que exhiben cientos de avisos que se instalan en ésta urbe, no sólo cometen el delito de complicidad con los tratantes de personas, quienes llevan a conciudadanos al exterior, sino que al mismo tiempo generan estafas.
Una de las denominadas estafas, a la que hace referencia Acarapi, se debe a que una gran parte de los avisos, son ofrecidos por el costo de Bs 3, pero cuando las personas buscan realizar el contacto, los números no corresponden o dan a conocer que el empleo ya fue ocupado hace más de un mes, entonces el interesado pierde el monto invertido.
INEXISTENTES
“Yo quisiera que las autoridades policiales investiguen el trabajo de estas casas de empleo, porque los avisos no los retiran cuando ya han sido ocupados por otras personas y siguen vendiendo a Bs 3, cuando nosotros llamamos o el número no funciona o simplemente nos dicen ya se ha contratado no hay empleo, es por eso que exigimos sanción por estafa a estas casas que el municipio no controla”, afirmó el denunciante.
Las empresas o personas que requieren trabajadores, colocan sus anuncios por Bs 20, sin dejar a cambio, de dicha publicación, ninguna referencia de nombre completo, un número de carnet de identidad y dirección exacta de las personas que buscan contratar empleados, porque en consideración de Acarapi se convierten en cómplice del delito de trata de personas, pero que no es sancionado por ninguna autoridad del Ministerio Público.
Diariamente jóvenes y adolescentes de ambos sexos, se concentran en la plaza Juana Azurduy de Padilla y los lugares donde se instalan estas casas de empleo, con la finalidad de buscar una fuente de trabajo y con el riesgo de ser víctima de trata de personas o de estafa.
TRATA Y TRÁFICO
El año pasado más de 300 personas, entre niños, adolescentes y mayores fueron víctimas de la trata y tráfico en el país, sin contar muchos casos que no fueron denunciados por temor a represalias.
De acuerdo con la versión del director de la Unidad Nacional de Programas Especiales de la Defensoría del Pueblo, Jorge Oporto.
Dichas referencias suelen incrementarse en cada gestión, ante la ausencia de denuncias y datos que definan la salida diaria de bolivianos que migran a otros países, en busca de obtener una fuente laboral.
En 2015 se realizó un recorrido por la ciudad de El Alto, funcionarios de la anterior Defensoría del Pueblo incluyeron las denuncias de víctimas de estafas efectuadas por la ciudadanía en contra de las casas de empleo, lugares que no son controlados y regularizados, tanto por el municipio que otorga las licencias, ni por el propio Ministerio de Trabajo, tarea que continua sin ser encarada por las autoridades locales y nacionales.
En la presente gestión por parte de la representación de Defensor del Pueblo de esta ciudad tampoco se dio a conocer qué acciones de prevención y tareas de apoyo se vienen realizando con el presupuesto designado a estas instancias. Mientras que en la División de Trata y Tráfico de la Felcc, continúan las denuncias de casos referidos a pérdida de contacto con familiares que buscan trabajo fuera del país.
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