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07 mayo 2019
18 septiembre 2013
Los que ganen menos de Bs 4.500 tendrán 70% de pensión
Los trabajadores que perciban un sueldo menor a Bs 4.500 al mes recibirán el 70% de pensión solidaria por 35 años de aportes al actual sistema. La Central Obrera Boliviana (COB) indicó que los que ganen salarios mayores a este monto se jubilarán con lo que aportaron.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, señaló ayer que la medida tiene como finalidad beneficiar a las personas que perciben bajos sueldos. “La gente que tiene salarios menores a Bs 4.000 sí van a alcanzar ese (porcentaje), incluso menores a Bs 4.500 sí van a llegar a ese 70% (de pensión) para jubilarse después de 35 años de trabajo. La gente que gana más que eso, muchos de ellos van a poder jubilarse con sus propios aportes” que realizaron, afirmó Guillén.
El secretario de Finanzas de la COB, Óscar Tapia, explicó que este tema forma parte del acuerdo al que se llegó con el Gobierno. Aclaró que los trabajadores que cobren sueldos mayores a esta suma no podrán acceder a la pensión solidaria y “tendrán que jubilarse con sus propios aportes” que acumularon. Una persona que perciba un sueldo de Bs 4.500 se beneficiaría con una pensión solidaria de Bs 3.150 al mes. El dirigente cobista estimó que “los sectores mineros, petroleros y de las empresas estratégicas que el Ejecutivo ha determinado” no accederán a este beneficio “porque perciben sueldos por encima de Bs 5.000 y Bs 10.000, incluidos los consultores” externos.
Antecedente. El martes10, la dirigencia cobista y el ministro de Economía, Luis Arce, firmaron dos acuerdos sobre las modificaciones a la Ley de Pensiones 065. El primero está referido a la presentación al Legislativo de un proyecto de modificación de esta norma en sus artículos 17 y 131 para incrementar las rentas solidarias. El segundo se relaciona a que ambos sectores trabajarán en los decretos reglamentarios de la ley sobre Inversiones, Recargos, Consultores y Prestaciones; y de los Ingresos de los Aportantes Nacionales Solidarios en un plazo de 120 días.
Según el proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, los trabajadores que aportaron diez años para su jubilación recibirán un aumento en sus rentas solidarias de Bs 476 a Bs 560 y por 15 años se elevará de Bs 679 a Bs 800.
El dirigente sindical dijo que estas pensiones que se pagan “no alcanzan para que un jubilado pueda sobrevivir, pero hasta ahí hemos llegado en las negociaciones”. También enfatizó que, a futuro, un posible incremento en las pensiones estará determinado por el estudio matemático actuarial del sistema de pensiones que realice una consultora externa. Este trabajo, afirmó, debería ser “fiscalizado por la Organización Internacional del Trabajo”.
Incremento de rentas y beneficios
Monto
Según Guillén, una vez que se modifique la Ley de Pensiones, las personas que se jubilaron en el actual sistema recibirán el incremento en sus rentas con carácter retroactivo a enero.
Pacto
El anterior miércoles, Tapia dijo que en el acuerdo firmado con el Gobierno los trabajadores que perciban un salario promedio menor a Bs 4.600 en sus últimas 24 boletas de pago se beneficiarán de una pensión solidaria.
21 febrero 2011
Unos 400.000 trabajadores independientes se sumarán al nuevo sistema de pensiones
El Gobierno estima que unos 400.000 trabajadores independientes fortalecerán el nuevo sistema de pensiones que abre la posibilidad para que las personas no tienen la condición de asalariados puedan lograr una jubilación tras un mínimo de diez años de aportes.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, dijo que esas personas ya pueden afiliarse y empezar a aportar. “Cualquier persona lo puede hacer de manera independiente del rubro en el que trabaja y declarar libremente el salario”. Adelantó que el primer gremio en acogerse a este sistema será el de los choferes cuyo número se estima en 80.000 personas.
“Vamos a trabajar un reglamento que permita primero a los choferes aportar y no decirles que vayan al banco todos los meses para hacer su aporte, sino que cuando vayan a cargar gasolina se les va a subir unos 20 centavos por libro y ese será su aporte para su jubilación”, explicó el Viceministro.
SISTEMA DE APORTE Señaló que aún no se tiene definido el sistema de aporte de los choferes, pero una opción es que el conductor tenga un número de carnet al que en la gasolinera se le cargue el aporte extraordinario en la venta de gasolina. La idea es que el precio de la gasolina para los conductores sea un poco más alto que para el resto de la población.
“Ellos han venido a proponer que querían aportar y que se haga en la compra de gasolina. Es muy interesante la propuesta y la aceptamos. La incluimos en la ley y ahora sólo falta operativizar”, dijo Guillén.
Informó que recién recibió una nota de la Federación de Panaderos que también busca un mecanismo que les permita aportar indirectamente. Señaló que podría ser mediante la compra de harina o en la compra de algunos de los insumos con los que trabajan.
“Buscamos permitir que la gente, de manera más fácil, aporte para su jubilación. También vamos a tener que pensar en los gremiales, en los campesinos, para permitirles que nosotros seamos recaudadores y no que ellos sean los que vengan aquí, pierden su tiempo y se dificulte su aporte”.
Adelantó que las previsiones del ingreso de independientes al sistema es que sean 80.000 choferes, otros 80.000 cooperativistas mineros, panaderos y gremialistas, que podrían fácilmente sumar unas 400.000 personas.
El Viceministro dijo que estas incorporaciones masivas fortalecerán al sistema de pensiones que tiene como premisa la universalidad.
En estos casos, cada trabajador debe realizar de forma particular su inscripción y aportes al sistema de pensiones. Se estima que en los otros 4 reglamentos que faltan aprobar, se delimita con precisión el sistema de aportes que se aplicará para estos nuevos sectores que se estima también se ampliarán progresivamente.
Economista advierte que
las solicitudes previstas pueden doblar
Las demandas de nuevas jubilaciones pueden duplicar las expectativas de 30.000 trámites que ha previsto el Gobierno se presenten este año para acogerse a las nuevas reglas que dispone la Ley de Pensiones, según el experto Alberto Bonadona.
“Treinta mil es lo que ha pensado el Gobierno y es lo que espera. Pero, me temo que serán el doble sino mucho más y eso sí que será una avalancha, ya que 30.000 pueden ser las personas que se jubilen sólo en el marco de la Renta Solidaria”, dijo Bonadona.
Advirtió que si se confirma un mayor número de solicitudes que las previstas a nivel oficial, “puede generarse un desajuste porque el Estado es el mayor deudor al sistema de capitalización individual y va a tener que hacer efectivos los bonos, va a tener que pagar la deuda y eso sí puede generar un desajuste en las cuentas del Estado que parece ya están algo desajustadas”.
Explicó que su estimación de una demanda que supere en el doble las expectativas oficiales se basa en el hecho de que hay gente que está próxima a jubilarse en términos de edad, asumiendo cierto tiempo de trabajo y han solicitado su compensación de cotización. “Perfectamente podemos pensar que mucha gente y dada la estabilidad que se presenta con esta reforma, va a querer jubilarse cuanto antes”.
“Más cuando ven la posibilidad de obtener una jubilación que va a ser aportado adicionalmente con el Fondo Solidario. Considero que esto va a generar una gran cantidad de gente que se quiera jubilar de forma más o menos rápida”, agregó Bonadona.
Agregó que, en consecuencia, el total de unos 5.500 millones que se tiene acumulado en las AFP, en un 70 por ciento, cerca de 3.300 millones, “están en deuda que el Estado tiene con los fondos de capitalización individual, llamados fondos de vejez”, lo que supone un nuevo conflicto difícil de resolver de forma inmediata.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, dijo que esas personas ya pueden afiliarse y empezar a aportar. “Cualquier persona lo puede hacer de manera independiente del rubro en el que trabaja y declarar libremente el salario”. Adelantó que el primer gremio en acogerse a este sistema será el de los choferes cuyo número se estima en 80.000 personas.
“Vamos a trabajar un reglamento que permita primero a los choferes aportar y no decirles que vayan al banco todos los meses para hacer su aporte, sino que cuando vayan a cargar gasolina se les va a subir unos 20 centavos por libro y ese será su aporte para su jubilación”, explicó el Viceministro.
SISTEMA DE APORTE Señaló que aún no se tiene definido el sistema de aporte de los choferes, pero una opción es que el conductor tenga un número de carnet al que en la gasolinera se le cargue el aporte extraordinario en la venta de gasolina. La idea es que el precio de la gasolina para los conductores sea un poco más alto que para el resto de la población.
“Ellos han venido a proponer que querían aportar y que se haga en la compra de gasolina. Es muy interesante la propuesta y la aceptamos. La incluimos en la ley y ahora sólo falta operativizar”, dijo Guillén.
Informó que recién recibió una nota de la Federación de Panaderos que también busca un mecanismo que les permita aportar indirectamente. Señaló que podría ser mediante la compra de harina o en la compra de algunos de los insumos con los que trabajan.
“Buscamos permitir que la gente, de manera más fácil, aporte para su jubilación. También vamos a tener que pensar en los gremiales, en los campesinos, para permitirles que nosotros seamos recaudadores y no que ellos sean los que vengan aquí, pierden su tiempo y se dificulte su aporte”.
Adelantó que las previsiones del ingreso de independientes al sistema es que sean 80.000 choferes, otros 80.000 cooperativistas mineros, panaderos y gremialistas, que podrían fácilmente sumar unas 400.000 personas.
El Viceministro dijo que estas incorporaciones masivas fortalecerán al sistema de pensiones que tiene como premisa la universalidad.
En estos casos, cada trabajador debe realizar de forma particular su inscripción y aportes al sistema de pensiones. Se estima que en los otros 4 reglamentos que faltan aprobar, se delimita con precisión el sistema de aportes que se aplicará para estos nuevos sectores que se estima también se ampliarán progresivamente.
Economista advierte que
las solicitudes previstas pueden doblar
Las demandas de nuevas jubilaciones pueden duplicar las expectativas de 30.000 trámites que ha previsto el Gobierno se presenten este año para acogerse a las nuevas reglas que dispone la Ley de Pensiones, según el experto Alberto Bonadona.
“Treinta mil es lo que ha pensado el Gobierno y es lo que espera. Pero, me temo que serán el doble sino mucho más y eso sí que será una avalancha, ya que 30.000 pueden ser las personas que se jubilen sólo en el marco de la Renta Solidaria”, dijo Bonadona.
Advirtió que si se confirma un mayor número de solicitudes que las previstas a nivel oficial, “puede generarse un desajuste porque el Estado es el mayor deudor al sistema de capitalización individual y va a tener que hacer efectivos los bonos, va a tener que pagar la deuda y eso sí puede generar un desajuste en las cuentas del Estado que parece ya están algo desajustadas”.
Explicó que su estimación de una demanda que supere en el doble las expectativas oficiales se basa en el hecho de que hay gente que está próxima a jubilarse en términos de edad, asumiendo cierto tiempo de trabajo y han solicitado su compensación de cotización. “Perfectamente podemos pensar que mucha gente y dada la estabilidad que se presenta con esta reforma, va a querer jubilarse cuanto antes”.
“Más cuando ven la posibilidad de obtener una jubilación que va a ser aportado adicionalmente con el Fondo Solidario. Considero que esto va a generar una gran cantidad de gente que se quiera jubilar de forma más o menos rápida”, agregó Bonadona.
Agregó que, en consecuencia, el total de unos 5.500 millones que se tiene acumulado en las AFP, en un 70 por ciento, cerca de 3.300 millones, “están en deuda que el Estado tiene con los fondos de capitalización individual, llamados fondos de vejez”, lo que supone un nuevo conflicto difícil de resolver de forma inmediata.
Hay 40.000 personas habilitadas para las nuevas jubilaciones
Un total de 40.000 personas en edad de jubilación cumple con los requisitos que establece la nueva Ley de Pensiones para acogerse a ese beneficio. El Gobierno confía que este año se concretará la jubilación de 30.000 personas, de las que un tercio serán maestros.
Esa situación fue explicada en exclusiva a Opinion, por el viceministro de Pensiones y Servicios financieros, Mario Guillén.
“Tenemos 40.000 personas en edad de jubilación que cumplen el requisito. De esas, 30.000 van a ser beneficiados con el Fondo Solidario y las vamos a jubilar este primer año. Muy rápidamente vamos a lograr unas diez mil personas en dos o tres meses. De esas 30.000 personas, diez mil son maestros, que esperamos se acojan a la jubilación porque van a dar la posibilidad de crear nuevos ítemes para maestros más jóvenes”, señaló.
Adelantó que las AFP incluso ya reclamaron “porque tienen mucha afluencia de gente y tendrían que abrir más oficinas porque la gente tiene mucha expectativa con la nueva ley. Preveemos que ni bien aprobemos la reglamentación, además de esa gente que ya empezó sus trámites, vengan más personas”.
Explicó que la gran mayoría de las personas que están habilitadas para realizar el trámite de jubilación tienen salarios inferiores a los 4.500 o 5.000 bolivianos por mes. “Antes de la nueva ley, se les reconocía un 30 por ciento de su referente salarial de pensión. Ahora se les reconoce hasta el 70 por ciento a esas personas que van a ser beneficiadas con el Fondo Solidario para acceder a la jubilación”.
Consultado sobre si el Fondo Solidario podrá financiar de inmediato esas compensaciones, el viceministro Guillén recordó que debido a la problemática que tenía la ley anterior (1732) que, en algunos momentos, daba pensiones de 200 o 300 bolivianos, el año 2006 se emitió la Ley 3785 que era la “Ley de Pensión Mínima” porque creó un Fondo que permitía nivelar las rentas muy bajas a un salario mínimo.
“Ahí fuimos acumulando fondos con una parte de los riesgos y el aporte de la gente que más ganaba. Ahora tenemos como 480 millones de bolivianos en el Fondo acumulado que va a permitir que no tengamos problemas para cubrir las nuevas compensaciones. Además, con lo que vamos a ir recaudando el primer años, vamos a terminar el año en flujo con un superávit de unos 1.300 millones de bolivianos”, explicó.
Guillén recordó que sólo 27.000 personas se jubilaron en 14 años de vigencia de la anterior Ley de Pensiones, la Ley 1432, a la que calificó de draconiana, porque no permitió que la gente se jubile.
Agregó con la vigencia de la nueva ley, se estima que en el año se van a jubilar 30.000 personas. “Comparadas con las que se jubilaron en 14 años, es un dato importante”, enfatizó.
SEGUNDO REGLAMENTO El Viceministro de Pensiones informó que ya concluyó la negociación con la Central Obrera Boliviana para la redacción del segundo reglamento de la ley y se espera que en el ampliado del martes la organización sindical lo apruebe para que el Gobierno lo ponga en vigencia mediante decreto. Dijo que promulgada en diciembre, se aprobó casi de inmediato el primer reglamento que norma la recaudación del Fondo Solidario y que ya está vigente. Por ese reglamento ya se ejecuta el descuento por planilla a todos los asalariados del 0.5 por ciento y los cobros ejecutivos para el cobro de los aportes en mora.
El segundo reglamento tiene que ver con las distintas prestaciones y permitirá que las personas empiecen a jubilarse. Plantea los requisitos y el tipo de prestaciones. Por ejemplo, en el tema de los derecho habientes, cuánto va a recibir en caso de muerte del titular la viuda, la actualización del salario para tomar el referente salarial en el cálculo de la pensión y el acceso por riesgo y enfermedades profesionales.
Este segundo reglamento se prevé que entrará en vigencia después del Carnaval.
Guillén explicó que la falta de ese reglamento no perjudica los trámites de jubilación que ya se reciben en las AFP. “La ley dice que a partir de la presentación de la solicitud corre la pensión. Entonces, tardamos hasta marzo pero la gente que presentó antes, desde enero, va a recibir desde ese mes su pensión”.
DEMORA El economista Alberto Bonadona, experto en temas de sistemas de jubilación, afirmó que ya existe una demora en la implementación y ejecución de la nueva Ley de Pensiones. Recordó que esa norma establece que deben aprobarse un total de cinco reglamentos, y hasta el momento sólo se aprobó uno.
Datos.
Nuevo sistema
La nueva Ley de Pensiones hace que la gente que tiene rentas más bajas se beneficiarán con la pensión solidaria, reajuste que se aplica también a las antiguas jubilaciones,
Dentro de las 27.000 jubilaciones que se produjeron con el anterior sistema, a cargo de las AFP se estima que por lo menos la mitad, unas 13.000
o 15.000 cuentan con rentas muy bajas.
El mínimo de una renta actualmente es el salario mínimo nacional de 680 bolivianos.
Antiguo sistema
El sistema de capitalización individual requería de un aporte mínimo de 25 años y dependía de las tasas de interés y las inversiones para alcanzar una jubilación que se aproxime al 70 u 80 por ciento del promedio de los últimos cinco años del total ganado.
Estos factores, según el economista Alberto Bonadona, ocasionaron que las jubilaciones de los trabajadores se dilaten, a la espera de lograr los montos estipulados para la jubilación.
Las AFP deben recuperar la mora
Respecto de la situación de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP), el viceministro Guillén explicó que se pretende terminar de constituir la Gestora estatal que se hará cargo de esas funciones “para que en el momento en que se haga la transición la población no sienta que hubo la transferencia. Hemos estimado que en unos 6 meses o hasta fin de año, la Gestora ya debería estar funcionando”.
Explicó que las AFP fueron advertidas hace cuatro años que sus funciones iban a cesar con la nueva ley. “Es la crónica de una muerte anunciada porque ya sabían que debían irse por el pedido de los trabajadores”.
Insistió que las AFP tienen una tarea previa que es la recuperación de la mora.
La mora, dijo Guillén es de unos 400 millones de bolivianos que equivalen a un dos por ciento de todo el valor que tiene el Fondo de Jubilación. El total de jubilados es de 1.200.000 personas, de las cuales 600.000 están cotizando regularmente. “Hay personas que pierden su trabajo y dejan de cotizar. El universo es de 3.5 millones de personas en edad de trabajar (activas)”, agregó.
Esa situación fue explicada en exclusiva a Opinion, por el viceministro de Pensiones y Servicios financieros, Mario Guillén.
“Tenemos 40.000 personas en edad de jubilación que cumplen el requisito. De esas, 30.000 van a ser beneficiados con el Fondo Solidario y las vamos a jubilar este primer año. Muy rápidamente vamos a lograr unas diez mil personas en dos o tres meses. De esas 30.000 personas, diez mil son maestros, que esperamos se acojan a la jubilación porque van a dar la posibilidad de crear nuevos ítemes para maestros más jóvenes”, señaló.
Adelantó que las AFP incluso ya reclamaron “porque tienen mucha afluencia de gente y tendrían que abrir más oficinas porque la gente tiene mucha expectativa con la nueva ley. Preveemos que ni bien aprobemos la reglamentación, además de esa gente que ya empezó sus trámites, vengan más personas”.
Explicó que la gran mayoría de las personas que están habilitadas para realizar el trámite de jubilación tienen salarios inferiores a los 4.500 o 5.000 bolivianos por mes. “Antes de la nueva ley, se les reconocía un 30 por ciento de su referente salarial de pensión. Ahora se les reconoce hasta el 70 por ciento a esas personas que van a ser beneficiadas con el Fondo Solidario para acceder a la jubilación”.
Consultado sobre si el Fondo Solidario podrá financiar de inmediato esas compensaciones, el viceministro Guillén recordó que debido a la problemática que tenía la ley anterior (1732) que, en algunos momentos, daba pensiones de 200 o 300 bolivianos, el año 2006 se emitió la Ley 3785 que era la “Ley de Pensión Mínima” porque creó un Fondo que permitía nivelar las rentas muy bajas a un salario mínimo.
“Ahí fuimos acumulando fondos con una parte de los riesgos y el aporte de la gente que más ganaba. Ahora tenemos como 480 millones de bolivianos en el Fondo acumulado que va a permitir que no tengamos problemas para cubrir las nuevas compensaciones. Además, con lo que vamos a ir recaudando el primer años, vamos a terminar el año en flujo con un superávit de unos 1.300 millones de bolivianos”, explicó.
Guillén recordó que sólo 27.000 personas se jubilaron en 14 años de vigencia de la anterior Ley de Pensiones, la Ley 1432, a la que calificó de draconiana, porque no permitió que la gente se jubile.
Agregó con la vigencia de la nueva ley, se estima que en el año se van a jubilar 30.000 personas. “Comparadas con las que se jubilaron en 14 años, es un dato importante”, enfatizó.
SEGUNDO REGLAMENTO El Viceministro de Pensiones informó que ya concluyó la negociación con la Central Obrera Boliviana para la redacción del segundo reglamento de la ley y se espera que en el ampliado del martes la organización sindical lo apruebe para que el Gobierno lo ponga en vigencia mediante decreto. Dijo que promulgada en diciembre, se aprobó casi de inmediato el primer reglamento que norma la recaudación del Fondo Solidario y que ya está vigente. Por ese reglamento ya se ejecuta el descuento por planilla a todos los asalariados del 0.5 por ciento y los cobros ejecutivos para el cobro de los aportes en mora.
El segundo reglamento tiene que ver con las distintas prestaciones y permitirá que las personas empiecen a jubilarse. Plantea los requisitos y el tipo de prestaciones. Por ejemplo, en el tema de los derecho habientes, cuánto va a recibir en caso de muerte del titular la viuda, la actualización del salario para tomar el referente salarial en el cálculo de la pensión y el acceso por riesgo y enfermedades profesionales.
Este segundo reglamento se prevé que entrará en vigencia después del Carnaval.
Guillén explicó que la falta de ese reglamento no perjudica los trámites de jubilación que ya se reciben en las AFP. “La ley dice que a partir de la presentación de la solicitud corre la pensión. Entonces, tardamos hasta marzo pero la gente que presentó antes, desde enero, va a recibir desde ese mes su pensión”.
DEMORA El economista Alberto Bonadona, experto en temas de sistemas de jubilación, afirmó que ya existe una demora en la implementación y ejecución de la nueva Ley de Pensiones. Recordó que esa norma establece que deben aprobarse un total de cinco reglamentos, y hasta el momento sólo se aprobó uno.
Datos.
Nuevo sistema
La nueva Ley de Pensiones hace que la gente que tiene rentas más bajas se beneficiarán con la pensión solidaria, reajuste que se aplica también a las antiguas jubilaciones,
Dentro de las 27.000 jubilaciones que se produjeron con el anterior sistema, a cargo de las AFP se estima que por lo menos la mitad, unas 13.000
o 15.000 cuentan con rentas muy bajas.
El mínimo de una renta actualmente es el salario mínimo nacional de 680 bolivianos.
Antiguo sistema
El sistema de capitalización individual requería de un aporte mínimo de 25 años y dependía de las tasas de interés y las inversiones para alcanzar una jubilación que se aproxime al 70 u 80 por ciento del promedio de los últimos cinco años del total ganado.
Estos factores, según el economista Alberto Bonadona, ocasionaron que las jubilaciones de los trabajadores se dilaten, a la espera de lograr los montos estipulados para la jubilación.
Las AFP deben recuperar la mora
Respecto de la situación de las Administradoras Privadas de Pensiones (AFP), el viceministro Guillén explicó que se pretende terminar de constituir la Gestora estatal que se hará cargo de esas funciones “para que en el momento en que se haga la transición la población no sienta que hubo la transferencia. Hemos estimado que en unos 6 meses o hasta fin de año, la Gestora ya debería estar funcionando”.
Explicó que las AFP fueron advertidas hace cuatro años que sus funciones iban a cesar con la nueva ley. “Es la crónica de una muerte anunciada porque ya sabían que debían irse por el pedido de los trabajadores”.
Insistió que las AFP tienen una tarea previa que es la recuperación de la mora.
La mora, dijo Guillén es de unos 400 millones de bolivianos que equivalen a un dos por ciento de todo el valor que tiene el Fondo de Jubilación. El total de jubilados es de 1.200.000 personas, de las cuales 600.000 están cotizando regularmente. “Hay personas que pierden su trabajo y dejan de cotizar. El universo es de 3.5 millones de personas en edad de trabajar (activas)”, agregó.
14 febrero 2011
Empleadores deben aportar al Fondo Solidario hasta fin de mes
Los empleadores privados y públicos deberán depositar sus aportes y de los trabajadores al Fondo Solidario (FS) del nuevo sistema de pensiones hasta el lunes 28 febrero. Si los empleadores no depositan los aportes mencionados, se fija un tiempo de 120 días para que regularicen la situación, luego de ese plazo se les iniciarán procesos coactivos y penales.
"Según el Decreto (Reglamentario de la Ley de Pensiones 065) tienen hasta el último día de febrero para realizar los aportes al Fondo Solidario", afirmó el viceministro, Mario Guillén.
La Ley de Pensiones establece que los empleadores deberán aportar el tres por ciento por cada uno de sus trabajadores y los empleados el 0.5 por ciento cada mes. Los recursos serán utilizados para incrementar las rentas bajas de los trabajadores que se jubilen.
El Artículo 117 de la Ley de Pensiones indica: "Uso Indebido de Recursos.- El que diere a los recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones que administra, percibe o custodia, un uso distinto de aquel al que estuviere destinado, incurrirá en reclusión de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días".
Además, el Fondo Solidario será sostenido con el 20 por ciento de la recaudación por las primas de riesgo previsional, el descuento del uno por ciento menos los 20 salarios mínimos nacionales (SMN) de las personas que ganen sueldos entre 13.580 bolivianos y 27.160, el cinco por ciento menos 40 SMN para que perciben sueldos entre 27.160 y 40.740 bolivianos y el 10 por ciento menos 40 SMN para los que perciben sueldos de 40.740 boliviano para adelante.
"Según el Decreto (Reglamentario de la Ley de Pensiones 065) tienen hasta el último día de febrero para realizar los aportes al Fondo Solidario", afirmó el viceministro, Mario Guillén.
La Ley de Pensiones establece que los empleadores deberán aportar el tres por ciento por cada uno de sus trabajadores y los empleados el 0.5 por ciento cada mes. Los recursos serán utilizados para incrementar las rentas bajas de los trabajadores que se jubilen.
El Artículo 117 de la Ley de Pensiones indica: "Uso Indebido de Recursos.- El que diere a los recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones que administra, percibe o custodia, un uso distinto de aquel al que estuviere destinado, incurrirá en reclusión de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días".
Además, el Fondo Solidario será sostenido con el 20 por ciento de la recaudación por las primas de riesgo previsional, el descuento del uno por ciento menos los 20 salarios mínimos nacionales (SMN) de las personas que ganen sueldos entre 13.580 bolivianos y 27.160, el cinco por ciento menos 40 SMN para que perciben sueldos entre 27.160 y 40.740 bolivianos y el 10 por ciento menos 40 SMN para los que perciben sueldos de 40.740 boliviano para adelante.
28 enero 2011
La Ley de Pensiones acarrea menos empleos e inversión
Queja: Los empresarios dicen que el nuevo aporte patronal del 3 por ciento por cada trabajador impedirá nuevas contrataciones y derivará en la postergación de proyectos.
Los empresarios expresaron su deseo de cumplir el reglamento para el pago de aportes al nuevo Sistema Integral de Pensiones, pero advirtieron que la nueva obligación postergará inversiones, evitará la contratación de personal y podría determinar el cierre de empresas.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, indicó que los afiliados a la organización asumen un peso adicional a sus obligaciones con una incidencia directa en sus
finanzas.
Muchas compañías afrontarán dificultades porque antes de la vigencia de la nueva legislación tenían problemas para cubrir la planilla de salarios, sostuvo el representante.
Desde la ciudad de Cochabamba, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Goran Vranicic, expresó la decisión de cumplir la norma anunciada el pasado miércoles por el Gobierno.
“Es algo que afecta al sector productivo, sobre todo a los exportadores”, señaló el empresario.
El Gobierno nacional promulgó un decreto de Reglamento para la Recaudación de Aportes que complementa a la Ley de Pensiones en vigencia desde el pasado 10 de diciembre.
Vranicic afirmó que el Ejecutivo debería buscar el diálogo y el consenso para evitar un impacto entre los sectores productivos que generan actividad económica, empleos y contribuyen con impuestos al Estado.
Desde enero, los empresarios aportarán el 3 por ciento al Fondo Solidario (FS), mientras que los trabajadores contribuirán con el 0,5 por ciento.
Empresarios, con carga adicional
“Esta ley indudablemente afecta más a las empresas que tienen muchos empleados y una planilla salarial fuerte. De hecho, habrá menos contrataciones nuevas”, afirmó el Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).
“En algunos casos, a lo mejor habrá despido de obreros que no sean tan imprescindibles. Alguna empresa verá que no es rentable el proyecto y decidirá cerrar”, afirmó. En opinión del empresario, las dificultades financieras aumentarán y amenazarán a la estabilidad de las empresas privadas.
Exportadores están afectados
“Es algo que afecta al sector productivo, sobre todo a los exportadores”, sostuvo el Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), al comentar sobre el nuevo aporte empresarial al Fondo Solidario (FS). “Definitivamente, si así lo manda la ley, nosotros somos un sector que ha cumplido el mandato y la ley. Pero creemos que tenemos que ir con calma, porque se está afectando la productividad del sector, y encarecerán los productos bolivianos”, comentó el empresario, tras conocer la nueva reglamentación complementaria a la Ley de Pensiones.
Los empresarios expresaron su deseo de cumplir el reglamento para el pago de aportes al nuevo Sistema Integral de Pensiones, pero advirtieron que la nueva obligación postergará inversiones, evitará la contratación de personal y podría determinar el cierre de empresas.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Enrique García, indicó que los afiliados a la organización asumen un peso adicional a sus obligaciones con una incidencia directa en sus
finanzas.
Muchas compañías afrontarán dificultades porque antes de la vigencia de la nueva legislación tenían problemas para cubrir la planilla de salarios, sostuvo el representante.
Desde la ciudad de Cochabamba, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Goran Vranicic, expresó la decisión de cumplir la norma anunciada el pasado miércoles por el Gobierno.
“Es algo que afecta al sector productivo, sobre todo a los exportadores”, señaló el empresario.
El Gobierno nacional promulgó un decreto de Reglamento para la Recaudación de Aportes que complementa a la Ley de Pensiones en vigencia desde el pasado 10 de diciembre.
Vranicic afirmó que el Ejecutivo debería buscar el diálogo y el consenso para evitar un impacto entre los sectores productivos que generan actividad económica, empleos y contribuyen con impuestos al Estado.
Desde enero, los empresarios aportarán el 3 por ciento al Fondo Solidario (FS), mientras que los trabajadores contribuirán con el 0,5 por ciento.
Empresarios, con carga adicional
“Esta ley indudablemente afecta más a las empresas que tienen muchos empleados y una planilla salarial fuerte. De hecho, habrá menos contrataciones nuevas”, afirmó el Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb).
“En algunos casos, a lo mejor habrá despido de obreros que no sean tan imprescindibles. Alguna empresa verá que no es rentable el proyecto y decidirá cerrar”, afirmó. En opinión del empresario, las dificultades financieras aumentarán y amenazarán a la estabilidad de las empresas privadas.
Exportadores están afectados
“Es algo que afecta al sector productivo, sobre todo a los exportadores”, sostuvo el Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), al comentar sobre el nuevo aporte empresarial al Fondo Solidario (FS). “Definitivamente, si así lo manda la ley, nosotros somos un sector que ha cumplido el mandato y la ley. Pero creemos que tenemos que ir con calma, porque se está afectando la productividad del sector, y encarecerán los productos bolivianos”, comentó el empresario, tras conocer la nueva reglamentación complementaria a la Ley de Pensiones.
12 enero 2011
Empresarios anticipan baja inversión por los aportes
Desde este mes entran en vigencia los aportes para financiar el Fondo Solidario de Vejez, creado por la nueva Ley de Pensiones. El incremento de los recursos hará que los empresarios reduzcan la producción, la inversión o los empleos, según adelantaron.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, el aporte patronal aumenta 3%; es decir, que ahora abonarán 6,71% y el aporte solidario del trabajador 0,5% (adicional al 12,21% que el empleado paga por vejez, riesgo común y administración de aportes), por lo que quedaría en 12,71%.
Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, indicó que cuando las empresas no pueden soportar las cargas que le imponen lo más probable es que empiecen a bajar los costos, pero luego reducirán los empleos.
Agregó que el aporte debe cobrarse cuando se apruebe el reglamento, pero cree que la Administradora de Pensiones desconoce el tema.
“No estamos participando en la reglamentación de la ley, sigue siendo una atribución del Viceministerio de Pensiones, y al final el país es el que pierde”, precisó.
Feliciano Carrillo, secretario general de la Central Obrera Departamental, dijo que los trabajadores y empleadores solventarán el Fondo Solidario, para que el Gobierno quede bien, cuando ni siquiera aumentaron los salarios.
“Primero se debe reglamentar la Ley de Pensiones para que conozcamos el escenario. Sin embargo, el problema del Gobierno es que ya no recibe dinero del exterior y por eso le mete la mano al bolsillo del trabajador”, dijo.
Sobre la reglamentación, Nicanor Baltasar, secretario de Empleos y Desocupación de la Central Obrera Boliviana, dijo que el Viceministerio de Pensiones les envió un borrador y está en revisión para hacer algunos cambios.
Sostuvo que están acelerando la reglamentación para que esté lista en febrero.
Jorge Cwirco, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, señaló que todavía no habían sido notificados sobre el incremento en el pago del aporte patronal y del asegurado.
Por su parte, Gonzalo Bedoya, presidente del directorio de la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia, precisó que los empleadores deben tomar en cuenta los descuentos adicionales dependiendo de los niveles salariales para el Fondo Solidario y que las AFP continúan con los servicios, acomodándose a las obligaciones adicionales a partir de la nueva Ley de Pensiones.
Explicó que esperan la reglamentación para conocer cuánto tiempo comprende el periodo de transición.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas afirmaron que no existe un vacío legal en la aplicación de la Ley de Pensiones antes de culminarse la reglamentación, porque la normativa así lo establece.
Además, anticiparon que el Gobierno promulgará un decreto supremo que respalda el instructivo para el cobro de los aportes desde este mes.
El sistema nunca llegará a ser universal
Alberto Bonadona / Ex director del Senasir
La nueva Ley de Pensiones establece la creación de un fondo solidario. Son cerca de 4 millones de ciudadanos los que se pueden beneficiar y el fondo solidario está calculado para 100.000 con un horizonte de 40 años.
Esta estimación financiera actuarial no permite hablar de un sistema universal. Además, se elimina a las AFP como entes privados y coloca un ente gestor público para administrar los aportes y promete no tocarlos. Sin embargo, el problema potencial no es inmediato y posiblemente no lo será de aquí a cinco o diez años. Lo que me preocupa es la convivencia entre recursos autofinanciados con aportes individuales y el fondo solidario (una bolsa común), particularmente por la gran demanda que, inevitablemente, éste generará. Con una endeble estructura financiera nunca llegará a ser universal, pero crea una creciente expectativa que, en un no muy lejano futuro, sí amenazará al ahorro individual. Para cumplir lo ofrecido se debe pensar en los millones a quienes ese fondo cubrirá.
Para tomar en cuenta
- Beneficiados. Aproximadamente 40.000 personas están en edad de jubilarse y que cumplen con los requisitos, de las cuales alrededor de 30.000 empleados se beneficiarán con la pensión solidaria.
- Sostenibilidad. La sostenibilidad financiera del nuevo sistema de pensiones será de 35 años y después deberá ser ajustado a los nuevos datos demográficos y de empleo del país, según el Viceministerio de Pensiones.
- Solidaridad. Los nuevos aportes que deberán realizarse desde este mes son para el Fondo Solidario y servirán para ayudar a los trabajadores que no logren alcanzar el 70% de su salario.
- Recursos. El Fondo será sostenido con el 3% del aporte patronal, 0,5% del aporte de los trabajadores, el 20% de la recaudación por las primas de riesgo previsional, además del descuento a personas que ganan más de Bs 13.000, Bs 25.000 o más de Bs 35.000 (ver infografía).
- Sanciones. Los empleadores que se apropien de los aportes de los trabajadores y no los depositen tendrán cárcel de cinco a 10 años.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, el aporte patronal aumenta 3%; es decir, que ahora abonarán 6,71% y el aporte solidario del trabajador 0,5% (adicional al 12,21% que el empleado paga por vejez, riesgo común y administración de aportes), por lo que quedaría en 12,71%.
Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, indicó que cuando las empresas no pueden soportar las cargas que le imponen lo más probable es que empiecen a bajar los costos, pero luego reducirán los empleos.
Agregó que el aporte debe cobrarse cuando se apruebe el reglamento, pero cree que la Administradora de Pensiones desconoce el tema.
“No estamos participando en la reglamentación de la ley, sigue siendo una atribución del Viceministerio de Pensiones, y al final el país es el que pierde”, precisó.
Feliciano Carrillo, secretario general de la Central Obrera Departamental, dijo que los trabajadores y empleadores solventarán el Fondo Solidario, para que el Gobierno quede bien, cuando ni siquiera aumentaron los salarios.
“Primero se debe reglamentar la Ley de Pensiones para que conozcamos el escenario. Sin embargo, el problema del Gobierno es que ya no recibe dinero del exterior y por eso le mete la mano al bolsillo del trabajador”, dijo.
Sobre la reglamentación, Nicanor Baltasar, secretario de Empleos y Desocupación de la Central Obrera Boliviana, dijo que el Viceministerio de Pensiones les envió un borrador y está en revisión para hacer algunos cambios.
Sostuvo que están acelerando la reglamentación para que esté lista en febrero.
Jorge Cwirco, presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial, señaló que todavía no habían sido notificados sobre el incremento en el pago del aporte patronal y del asegurado.
Por su parte, Gonzalo Bedoya, presidente del directorio de la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia, precisó que los empleadores deben tomar en cuenta los descuentos adicionales dependiendo de los niveles salariales para el Fondo Solidario y que las AFP continúan con los servicios, acomodándose a las obligaciones adicionales a partir de la nueva Ley de Pensiones.
Explicó que esperan la reglamentación para conocer cuánto tiempo comprende el periodo de transición.
Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas afirmaron que no existe un vacío legal en la aplicación de la Ley de Pensiones antes de culminarse la reglamentación, porque la normativa así lo establece.
Además, anticiparon que el Gobierno promulgará un decreto supremo que respalda el instructivo para el cobro de los aportes desde este mes.
El sistema nunca llegará a ser universal
Alberto Bonadona / Ex director del Senasir
La nueva Ley de Pensiones establece la creación de un fondo solidario. Son cerca de 4 millones de ciudadanos los que se pueden beneficiar y el fondo solidario está calculado para 100.000 con un horizonte de 40 años.
Esta estimación financiera actuarial no permite hablar de un sistema universal. Además, se elimina a las AFP como entes privados y coloca un ente gestor público para administrar los aportes y promete no tocarlos. Sin embargo, el problema potencial no es inmediato y posiblemente no lo será de aquí a cinco o diez años. Lo que me preocupa es la convivencia entre recursos autofinanciados con aportes individuales y el fondo solidario (una bolsa común), particularmente por la gran demanda que, inevitablemente, éste generará. Con una endeble estructura financiera nunca llegará a ser universal, pero crea una creciente expectativa que, en un no muy lejano futuro, sí amenazará al ahorro individual. Para cumplir lo ofrecido se debe pensar en los millones a quienes ese fondo cubrirá.
Para tomar en cuenta
- Beneficiados. Aproximadamente 40.000 personas están en edad de jubilarse y que cumplen con los requisitos, de las cuales alrededor de 30.000 empleados se beneficiarán con la pensión solidaria.
- Sostenibilidad. La sostenibilidad financiera del nuevo sistema de pensiones será de 35 años y después deberá ser ajustado a los nuevos datos demográficos y de empleo del país, según el Viceministerio de Pensiones.
- Solidaridad. Los nuevos aportes que deberán realizarse desde este mes son para el Fondo Solidario y servirán para ayudar a los trabajadores que no logren alcanzar el 70% de su salario.
- Recursos. El Fondo será sostenido con el 3% del aporte patronal, 0,5% del aporte de los trabajadores, el 20% de la recaudación por las primas de riesgo previsional, además del descuento a personas que ganan más de Bs 13.000, Bs 25.000 o más de Bs 35.000 (ver infografía).
- Sanciones. Los empleadores que se apropien de los aportes de los trabajadores y no los depositen tendrán cárcel de cinco a 10 años.
19 noviembre 2010
EMPRESAS SIN APORTES AL DÍA NO PODRÁN DESPEDIR
El proyecto de Ley de Pensiones, cuyo tratamiento se inició en la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece que si el empleador no está al día con el pago de las contribuciones del asegurado, éste no podrá despedirlo hasta cumplir con este requisito.
El artículo 102 del proyecto de ley señala que “el empleador, a tiempo de concluir la relación laboral, deberá encontrarse al día en el pago de las contribuciones por el asegurado al Sistema Integral de Pensiones y al Seguro Social Obligatorio de largo plazo, debiendo presentar al Ministerio de Trabajo, junto al finiquito del empleado, la certificación correspondiente emitida por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”.
En caso de que el empleador no hubiere efectuado el pago de las contribuciones del asegurado al momento de concluir la relación laboral, el Sistema Integral de Pensiones “no podrá poner término al contrato de trabajo”, manteniendo el vínculo laboral hasta que se cumpla con éste.
Si el empleador se encuentra en mora en el pago de las contribuciones del asegurado —cuando el empleado decida su retiro voluntario y en el marco de la legislación laboral vigente—, deberá pagarlas tomando en cuenta el interés en mora e incremental correspondiente”, agrega.
El viceministro de Trabajo, Félix Rojas, informó a La Razón que la medida fue establecida, inicialmente, vía decreto y luego fue incorporada en el proyecto de ley. “Con esta disposición se enriquece la nueva Ley de Pensiones, porque el incumplimiento del pago de las contribuciones de los trabajadores representa una agresión a las normas sociales”, manifestó.
La disposición se estableció “porque muchísimos empleadores burlaban en el pasado esa obligación”, afirmó.
El Gobierno, por su parte, acelera la aprobación de la ley. La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados inició ayer, por tiempo y materia, el tratamiento de la misma. Luego de su aprobación en grande y detalle, el documento pasará al pleno de la Cámara Baja.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, expresó su preocupación porque “ningún sistema de pensiones del mundo ha tenido una sostenibilidad de 35 años como el que plantea el Gobierno”.
Sin embargo, a pesar de las observaciones de los empresarios, la Asamblea aprobará “rápidamente” la nueva norma apoyada en “una mayoría oficialista que no revisa todas las leyes que aprueba”, dijo a Unitel.
El proyecto de Ley de Pensiones establece penas más severas para los empleadores que incurran en el incumplimiento de los aportes de los asegurados. El artículo modificatorio 117 incorpora el artículo 345 bis al Código Penal con el siguiente texto: “El empleador que se apropiare de las contribuciones destinadas al Sistema Integral de Pensiones, en su calidad de agente de retención y no los depositare en la entidad señalada por ley, (...) incurrirá en privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días”.
Previsión pide calma a clientes
El gerente regional de BBVA Previsión AFP, Milán Rosales, afirmó ayer que esta entidad continúa trabajando de forma regular y aseguró que la gente “debe estar tranquila”. El martes, el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), titular de la AFP, informó que negocia su salida del país. Al respecto, Rosales indicó: “No soy atribuible para dar esa información”.
Piden censo de empresas para ampliar base aportante
El titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, pidió al Gobierno levantar un censo empresarial para identificar a las empresas con capacidad de contribución y ampliar así la base de aportantes al sistema de pensiones.
El aporte patronal solidario del 3% es sólo cargado a las empresas formales, “siendo que los informales —que son una gran cantidad— en ningún caso están siendo identificados o censados para saber cuáles tienen que entrar a la formalidad”, dijo en declaraciones a la red Unitel.
En el Registro de Comercio existen 42.000 empresas inscritas y en el registro de empleadores del Ministerio de Trabajo sólo hay 9.000, precisó el empresario.
Mora del sistema llega a Bs 500 millones
A septiembre del 2010, el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo registra una mora de Bs 500,17 millones por aportes para la jubilación no entregados. Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones dan cuenta de que del monto total en mora, Bs 12,19 millones se encuentran en proceso de cobranza administrativa y Bs 487,98 millones se hallan en proceso de cobro judicial.
Actualmente, el mayor deudor a las AFP Previsión y Futuro de Bolivia es el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) con un monto de Bs 150,35 millones. El monto representa el 30% del total de la mora a estas entidades.
De acuerdo con el proyecto de nueva Ley de Pensiones, el empleador verá afectado su patrimonio con el embargo y la anotación preventiva de sus bienes si incurre en mora. El artículo 110 de la norma señala que “la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo girará la nota de débito al empleador o a los aportantes nacionales solidarios que hubiesen incurrido en mora”.
A tiempo de plantear la demanda, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo acompañará la nota de débito y solicitará se dicte las medidas precautorias necesarias para precautelar el cobro. En caso de incumplimiento, el referido artículo indica que el Juez del Trabajo y Seguridad Social dictará en un plazo no mayor a 20 días el remate de los bienes del empleador.
Los extranjeros están obligados a cotizar
El Capítulo III, artículo 103 del proyecto de Ley de Pensiones establece el procedimiento para los aportes de los ciudadanos extranjeros en el país. Según la norma, “están obligadas a realizar contribuciones al Sistema Integral de Pensiones las personas extranjeras que tengan relación de dependencia laboral en Bolivia”.
También las personas nacionales que mantengan relación de dependencia laboral con misiones diplomáticas, consulares, misiones especiales y representaciones permanentes, organismos internacionales y organizaciones de cooperación internacional.
El artículo 104 establece asimismo que “el asegurado extranjero que ha realizado aportes al Sistema Integral de Pensiones podrá acceder a la transferencia del saldo acumulado en su Cuenta Personal Previsional a la entidad gestora del país de origen”.
También las personas nacionales que mantengan relación de dependencia laboral con misiones diplomáticas, consulares, misiones especiales y representaciones permanentes, organismos internacionales y organizaciones de cooperación internacional.
El artículo 104 establece asimismo que “el asegurado extranjero que ha realizado aportes al Sistema Integral de Pensiones podrá acceder a la transferencia del saldo acumulado en su Cuenta Personal Previsional a la entidad gestora del país de origen”.
28 septiembre 2010
Proyecto da pensión a viudas de trabajadores
Debate: También beneficiará a los hijos. Gobierno propone el mantenimiento de 1.800 bolivianos para el pago de gastos funerarios.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó que las viudas e hijos de los trabajadores que fallezcan se beneficiarán con una renta con la nueva Ley de Pensiones, asimismo se mantendrá el pago de gastos funerarios de 1.800 bolivianos, según ANF.
“Si uno muere de una causa natural, corresponde el riesgo común y tendría una pensión del 70 por ciento de su referente salarial. En caso de la muerte que sea por accidente profesional, sus derechohabientes recibirían el 100 por ciento del referente salarial, independientemente del número de aportes”, aseguró.
Explicó que suponiendo que un trabajador muere, su cónyuge o esposa recibirá 60 por ciento de su sueldo, y su hijo, 20 por ciento; pero si son dos hijos, la cónyuge recibirá 50 por ciento y cada hijo, 25 por ciento. Aclaró que la cónyugue siempre recibirá “por lo menos” el 50 por ciento del seguro de riesgo, y el otro 50 por ciento se distribuye entre el número de hijos.
La fuente dijo que en el proyecto de Ley de Pensiones, el seguro previsional mantiene los porcentajes. A decir del Viceministro, cuando uno está aportando, da 10 por ciento para su jubilación, 1,71 para riesgo común y el empleador aporta por cada uno de los trabajadores 1,71 por ciento para riesgo profesional.
“Nosotros estamos planteando que los gastos funerarios de jubilación sean de la misma cuantía que los gastos funerarios que da la Renta Dignidad, vale decir que uno sea pensionado o sea rentista de la Renta Dignidad va a recibir estos 1.800 bolivianos”. Dijo que por el momento, las discusiones con la dirigencia de la COB sobre los temas del aporte conyugal y el monto de la pensión solidaria continúan.
Finalmente, Guillén sostuvo que la dirigencia de la entidad matriz de los trabajadores pide que a los 35 años de aportes realizados se dé una pensión de jubilación superior a los 5.000 bolivianos, lo que al parecer reducirá los años de sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones a 20 años, y aparte no se garantizará la jubilación para las personas jóvenes.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, informó que las viudas e hijos de los trabajadores que fallezcan se beneficiarán con una renta con la nueva Ley de Pensiones, asimismo se mantendrá el pago de gastos funerarios de 1.800 bolivianos, según ANF.
“Si uno muere de una causa natural, corresponde el riesgo común y tendría una pensión del 70 por ciento de su referente salarial. En caso de la muerte que sea por accidente profesional, sus derechohabientes recibirían el 100 por ciento del referente salarial, independientemente del número de aportes”, aseguró.
Explicó que suponiendo que un trabajador muere, su cónyuge o esposa recibirá 60 por ciento de su sueldo, y su hijo, 20 por ciento; pero si son dos hijos, la cónyuge recibirá 50 por ciento y cada hijo, 25 por ciento. Aclaró que la cónyugue siempre recibirá “por lo menos” el 50 por ciento del seguro de riesgo, y el otro 50 por ciento se distribuye entre el número de hijos.
La fuente dijo que en el proyecto de Ley de Pensiones, el seguro previsional mantiene los porcentajes. A decir del Viceministro, cuando uno está aportando, da 10 por ciento para su jubilación, 1,71 para riesgo común y el empleador aporta por cada uno de los trabajadores 1,71 por ciento para riesgo profesional.
“Nosotros estamos planteando que los gastos funerarios de jubilación sean de la misma cuantía que los gastos funerarios que da la Renta Dignidad, vale decir que uno sea pensionado o sea rentista de la Renta Dignidad va a recibir estos 1.800 bolivianos”. Dijo que por el momento, las discusiones con la dirigencia de la COB sobre los temas del aporte conyugal y el monto de la pensión solidaria continúan.
Finalmente, Guillén sostuvo que la dirigencia de la entidad matriz de los trabajadores pide que a los 35 años de aportes realizados se dé una pensión de jubilación superior a los 5.000 bolivianos, lo que al parecer reducirá los años de sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones a 20 años, y aparte no se garantizará la jubilación para las personas jóvenes.
31 agosto 2010
Profesionales se jubilarán con rentas expectables
El sistema de capitalización individual se mantiene en la nueva Ley de Pensiones y no se pondrá límites a la cantidad de recursos que las personas, en su mayoría profesionales, puedan ahorrar en este sistema para su jubilación, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
“No hay un máximo, el máximo lo determina el aporte, hay gente que gana 80 mil, 100 mil y mañana se jubilará con lo que le corresponda. Ahí nosotros no estamos yendo a restringir, hacia arriba es libre, de acuerdo con el aporte que uno haya realizado”, agregó la autoridad.
Esta aclaración es importante para las personas que actualmente aportan a las administradoras de fondos de pensiones al amparo de la ley vigente y que en la futura legislación previsional pertenecerán el régimen contributivo.
En este régimen están aquellos bolivianos que, por su niveles de ingresos, “pueden jubilarse con niveles expectables de pensión, (emergentes de) sus propios aportes y no requieren una ayudita del Estado para mejorar su renta”.
Los profesionales, ingenieros, médicos, abogados, entre otros, aportan actualmente al sistema de capitalización individual. Señaló que “hay gente que está ganando sueldos como gerente de 15 mil, 16 mil, 20 mil bolivianos. Esa gente aporta su 10% a las actuales AFP y si uno hace el cálculo de cuánto va a recibir de pensión con sus aportes, se jubilan con 8, 9, 10 ó 12 mil bolivianos”.
Esas personas se jubilarán con los aportes realizados a su cuenta individual, “no necesitan ayudita de nadie, (porque) tendrán una buena pensión”, agregó.
El nuevo sistema de pensiones, además, está formado por el régimen no contributivo, que paga la Renta Dignidad, y el semicontributivo, que beneficiará a los asegurados que tuvieron bajos ingresos en su etapa activa y en consecuencia su pensión de vejez también es reducida.
“No hay un máximo, el máximo lo determina el aporte, hay gente que gana 80 mil, 100 mil y mañana se jubilará con lo que le corresponda. Ahí nosotros no estamos yendo a restringir, hacia arriba es libre, de acuerdo con el aporte que uno haya realizado”, agregó la autoridad.
Esta aclaración es importante para las personas que actualmente aportan a las administradoras de fondos de pensiones al amparo de la ley vigente y que en la futura legislación previsional pertenecerán el régimen contributivo.
En este régimen están aquellos bolivianos que, por su niveles de ingresos, “pueden jubilarse con niveles expectables de pensión, (emergentes de) sus propios aportes y no requieren una ayudita del Estado para mejorar su renta”.
Los profesionales, ingenieros, médicos, abogados, entre otros, aportan actualmente al sistema de capitalización individual. Señaló que “hay gente que está ganando sueldos como gerente de 15 mil, 16 mil, 20 mil bolivianos. Esa gente aporta su 10% a las actuales AFP y si uno hace el cálculo de cuánto va a recibir de pensión con sus aportes, se jubilan con 8, 9, 10 ó 12 mil bolivianos”.
Esas personas se jubilarán con los aportes realizados a su cuenta individual, “no necesitan ayudita de nadie, (porque) tendrán una buena pensión”, agregó.
El nuevo sistema de pensiones, además, está formado por el régimen no contributivo, que paga la Renta Dignidad, y el semicontributivo, que beneficiará a los asegurados que tuvieron bajos ingresos en su etapa activa y en consecuencia su pensión de vejez también es reducida.
14 junio 2010
Empleadores y trabajadores aportarán con Bs 1.050 MM
El proyecto de la nueva Ley de Pensiones del Ejecutivo crea una pensión solidaria de vejez que se añadirá a la obtenida en la cotización individual y la compensación de cotizaciones para subirla hasta un máximo de Bs 2.400.
Para su financiamiento, el Gobierno plantea un aporte patronal del 3%, un aporte laboral del 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes) y el aporte de personas dependientes y naturales con altos ingresos (arriba de Bs 13.580).
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, explicó que en base a los cálculos realizados, el sector patronal (empresarios privados y Estado) harán un aporte de Bs 900 millones el primer año.
“El aporte de los empresarios va a ser de Bs 450 millones y del Estado, el restante 50%”, precisó el funcionario público en el programa El Pueblo es Noticia de la red Patria Nueva.
Respecto al aporte estatal, Guillén dijo que el mayor empleador del país es precisamente el sector público (ministerios, prefecturas, municipios, entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas estatales, entre otras).
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó el pasado 14 de mayo que “el aporte patronal para el fondo solidario representa un gasto anual de Bs 3.000 millones”, lo que “supone un impacto directo para el sector productivo nacional”.
Según la propuesta gubernamental, los trabajadores aportarán con el 0,5% de su salario para el fondo solidario. Sobre el cálculo que se hizo para el aporte patronal (3% del total de la planilla de sueldos, lo que equivale a Bs 900 millones), el descuento del 0,5% representaría Bs 150 millones.
El proyecto de ley dispone, además, que las personas que ganan por encima de Bs 13.580 aportarán con el 1% de su sueldo menos la diferencia de 20 salarios mínimos nacionales (SMN). De igual forma, a los que ganan más de 27.160 se les descontará el 5% menos la diferencia de 40 SMN.
Actualmente, el Gobierno ya aplica un descuento del 10% a trabajadores cuyo salario supera los Bs 40.740 (60 SMN), para financiar la renta mínima de jubilación. Guillén dijo que al mes se recauda aproximadamente Bs 2 millones.
Empresarios aportaban 5,5%
Antes de la vigencia de la Ley 1732, aprobada durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), los empresarios hacían un aporte del 5,5% al sistema de reparto.
“Cuando se hizo la reforma de la Ley de Pensiones, el año 1996, los empresarios aportaban el 5,5%. Luego viene la Ley 1732 y de pronto les quita ese aporte que hacían”, señaló el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
Añadió que la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada “benefició a los empresarios”.
“Lo que nosotros estamos haciendo es reponer una parte, ni siquiera el 5,5%, sólo el 3% de lo que aportaban anteriormente”, sostuvo Guillén.
También criticó a los que se oponen a la nueva Ley de Pensiones y les dijo que no es bueno “satanizar la administración pública ni santificar la administración privada”. “Son 20 años de neoliberalismo donde los empresarios privados han vivido del Estado”.
Para su financiamiento, el Gobierno plantea un aporte patronal del 3%, un aporte laboral del 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes) y el aporte de personas dependientes y naturales con altos ingresos (arriba de Bs 13.580).
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, explicó que en base a los cálculos realizados, el sector patronal (empresarios privados y Estado) harán un aporte de Bs 900 millones el primer año.
“El aporte de los empresarios va a ser de Bs 450 millones y del Estado, el restante 50%”, precisó el funcionario público en el programa El Pueblo es Noticia de la red Patria Nueva.
Respecto al aporte estatal, Guillén dijo que el mayor empleador del país es precisamente el sector público (ministerios, prefecturas, municipios, entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas estatales, entre otras).
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó el pasado 14 de mayo que “el aporte patronal para el fondo solidario representa un gasto anual de Bs 3.000 millones”, lo que “supone un impacto directo para el sector productivo nacional”.
Según la propuesta gubernamental, los trabajadores aportarán con el 0,5% de su salario para el fondo solidario. Sobre el cálculo que se hizo para el aporte patronal (3% del total de la planilla de sueldos, lo que equivale a Bs 900 millones), el descuento del 0,5% representaría Bs 150 millones.
El proyecto de ley dispone, además, que las personas que ganan por encima de Bs 13.580 aportarán con el 1% de su sueldo menos la diferencia de 20 salarios mínimos nacionales (SMN). De igual forma, a los que ganan más de 27.160 se les descontará el 5% menos la diferencia de 40 SMN.
Actualmente, el Gobierno ya aplica un descuento del 10% a trabajadores cuyo salario supera los Bs 40.740 (60 SMN), para financiar la renta mínima de jubilación. Guillén dijo que al mes se recauda aproximadamente Bs 2 millones.
Empresarios aportaban 5,5%
Antes de la vigencia de la Ley 1732, aprobada durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), los empresarios hacían un aporte del 5,5% al sistema de reparto.
“Cuando se hizo la reforma de la Ley de Pensiones, el año 1996, los empresarios aportaban el 5,5%. Luego viene la Ley 1732 y de pronto les quita ese aporte que hacían”, señaló el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
Añadió que la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada “benefició a los empresarios”.
“Lo que nosotros estamos haciendo es reponer una parte, ni siquiera el 5,5%, sólo el 3% de lo que aportaban anteriormente”, sostuvo Guillén.
También criticó a los que se oponen a la nueva Ley de Pensiones y les dijo que no es bueno “satanizar la administración pública ni santificar la administración privada”. “Son 20 años de neoliberalismo donde los empresarios privados han vivido del Estado”.
14 mayo 2010
Fondo Solidario subvencionará al 74 por ciento de jubilados
Con el nuevo sistema de pensiones, cuyo proyecto de ley está a punto de ser enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 74 por ciento de los jubilados, en 40 años, recibirá una subvención para mejorar el monto de su renta.
El dinero de la subvención provendrá del Fondo Solidario que será creado con la nueva ley y que será financiado con el aporte patronal, el laboral y por el aporte de las salarios elevados, encima de los 20 salarios mínimos.
Esta característica convierte al nuevo sistema en uno mixto: de reparto y de capitalización individual.
Según datos del viceministro de Pensiones, Mario Guillén, se espera que la subvención permita que 100.000 independientes se inscriban en el nuevo sistema, y que sólo el primer año, 25.525 personas se jubilen con rentas mejoradas por el Fondo Solidario.
Además, este Fondo elevará las rentas bajas de los actuales jubilados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a una escala de mínimos por encima de lo que ahora perciben.
Según una modificación a la Ley de Pensiones vigente, la renta mínima de jubilación actual es de 679 bolivianos, es decir que nadie puede jubilarse, a partir de los 15 años de aportes, con menos de ese monto, aunque el promedio de sus aportes resulte en una renta inferior. Ahora, con la propuesta del Gobierno, esa renta mínima subirá de manera automática hasta 1.300 bolivianos en función a la cantidad de años de aportes. Si aportó 20 años, lo mínimo que recibirá será 890 bolivianos; si cotizó 25 años, percibirá 1.100 bolivianos; si aportó 30 años, 1.200 bolivianos, y si cotizó por 35 años, recibirá 1.300 bolivianos.
Inmediatamente se ponga en vigencia la nueva ley, 1.672 jubilados con el anterior sistema, que actualmente reciben 679 bolivianos de jubilación, verán elevadas sus rentas en los montos señalados.
Si se suman a éstos los 25.525 que a la fecha tienen 58 años y que con la nueva ley ya podrán retirarse a la vida pasiva, el total de beneficiados con el Fondo Solidario en el primer año serán 27.917 trabajadores, de ellos 10.000 son maestros.
El nuevo sistema, según Guillén, tiene una sostenibilidad de 40 años. Para ese periodo, la cantidad de jubilados no está precisada, pero se estima que se acrecentará a un promedio de 10.000 por año. Actualmente, el sistema de capitalización individual tiene 26.245 jubilados, de los cuales 1.672 perciben la renta mínima.
El primer año se podrán jubilar 43.593 personas, que ahora tienen 58 años de edad, de ellas, 25.525 serán subvencionadas por el Fondo Solidario.
Las 27.197 personas que recibirán la subvención le costará al sistema 159 millones de bolivianos el primer año.
El Fondo Solidario partirá con un presupuesto de 484 millones de bolivianos, a los que se sumarán, con los nuevos aportes establecidos por la nueva ley, 963 millones de bolivianos sólo el primer año. Es decir que el sistema prevé, para el primer año, un fondo de 1.447 millones de bolivianos.
De ese monto, el primer año erogará sólo 159 millones de bolivianos. Con esta cifras, el Viceministro de Pensiones quiere decir que la plata alcanzará para subvencionar al 74 por ciento de las personas que actualmente ganan menos de cinco salarios mínimos, unos 3.400 bolivianos, y que en el transcurso de 40 años se irán jubilando, y que por lo tanto requerirán una subvención para que su renta esté entre 1.300 bolivianos como mínimo y 2.400 como máximo con 35 años de aportes. Estos límites varían con menos años de cotizaciones.
El Fondo Solidario se nutre con el dinero de la cuenta previsional que actualmente existe en las AFP. Ese fondo está financiado por el 20 por ciento de los aportes para el riesgo profesional, 20 por ciento para el riesgo común y por el 10 por ciento de la diferencia que queda de ingresos por encima de los 60 salarios mínimos nacionales, menos los 60 salarios mínimos nacionales (SMN).
El proyecto de ley añade a estos ingresos 0,5 por ciento de todos los aportantes, 3 por ciento de aporte patronal, 1 por ciento de la diferencia de sueldos entre 20 y 40 SMN, menos 20 salarios mínimos nacionales, y 5 por ciento de la diferencia de sueldos entre 40 y 60 SMN, menos 40 salarios mínimos nacionales.
El restante 36 por ciento, que no se beneficiará de este Fondo Solidario, recibirá rentas equivalentes al 70 por ciento de su salario promediado de las 24 últimas boletas, y que se promedia con el nivel de sus aportes acumulados, más la rentabilidad, y divididos por los años que le queda de vida a partir de los 58 años.
Gobierno prevé una sostenibilidad de 40 años para el nuevo sistema.
Otro rechazo
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide al Órgano Ejecutivo diálogo y concertación para la nueva Ley de Pensiones, que fue acordada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).
La CEPB se suma a la propuesta de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), que rechazó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sugirió la posibilidad de un sistema mixto privado y estatal, y que desahució el aporte patronal.
La Confederación propone que el Fondo Solidario sea financiado por el Estado y por los nuevos aportes que se acojan a sus beneficios.
El proyecto
El proyecto de Ley de Pensiones establece una serie de cambios. Baja la edad de jubilación a los 58 años en los varones.
En el caso de las mujeres, éstas podrán jubilarse con 55 años, siempre y cuando tengan tres hijos.
Los mineros podrán retirarse a los 56 años, pero con menos edad, hasta 51 años, si es que trabajaron en interior mina.
El proyecto crea una gestora estatal, que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El dinero de la subvención provendrá del Fondo Solidario que será creado con la nueva ley y que será financiado con el aporte patronal, el laboral y por el aporte de las salarios elevados, encima de los 20 salarios mínimos.
Esta característica convierte al nuevo sistema en uno mixto: de reparto y de capitalización individual.
Según datos del viceministro de Pensiones, Mario Guillén, se espera que la subvención permita que 100.000 independientes se inscriban en el nuevo sistema, y que sólo el primer año, 25.525 personas se jubilen con rentas mejoradas por el Fondo Solidario.
Además, este Fondo elevará las rentas bajas de los actuales jubilados con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a una escala de mínimos por encima de lo que ahora perciben.
Según una modificación a la Ley de Pensiones vigente, la renta mínima de jubilación actual es de 679 bolivianos, es decir que nadie puede jubilarse, a partir de los 15 años de aportes, con menos de ese monto, aunque el promedio de sus aportes resulte en una renta inferior. Ahora, con la propuesta del Gobierno, esa renta mínima subirá de manera automática hasta 1.300 bolivianos en función a la cantidad de años de aportes. Si aportó 20 años, lo mínimo que recibirá será 890 bolivianos; si cotizó 25 años, percibirá 1.100 bolivianos; si aportó 30 años, 1.200 bolivianos, y si cotizó por 35 años, recibirá 1.300 bolivianos.
Inmediatamente se ponga en vigencia la nueva ley, 1.672 jubilados con el anterior sistema, que actualmente reciben 679 bolivianos de jubilación, verán elevadas sus rentas en los montos señalados.
Si se suman a éstos los 25.525 que a la fecha tienen 58 años y que con la nueva ley ya podrán retirarse a la vida pasiva, el total de beneficiados con el Fondo Solidario en el primer año serán 27.917 trabajadores, de ellos 10.000 son maestros.
El nuevo sistema, según Guillén, tiene una sostenibilidad de 40 años. Para ese periodo, la cantidad de jubilados no está precisada, pero se estima que se acrecentará a un promedio de 10.000 por año. Actualmente, el sistema de capitalización individual tiene 26.245 jubilados, de los cuales 1.672 perciben la renta mínima.
El primer año se podrán jubilar 43.593 personas, que ahora tienen 58 años de edad, de ellas, 25.525 serán subvencionadas por el Fondo Solidario.
Las 27.197 personas que recibirán la subvención le costará al sistema 159 millones de bolivianos el primer año.
El Fondo Solidario partirá con un presupuesto de 484 millones de bolivianos, a los que se sumarán, con los nuevos aportes establecidos por la nueva ley, 963 millones de bolivianos sólo el primer año. Es decir que el sistema prevé, para el primer año, un fondo de 1.447 millones de bolivianos.
De ese monto, el primer año erogará sólo 159 millones de bolivianos. Con esta cifras, el Viceministro de Pensiones quiere decir que la plata alcanzará para subvencionar al 74 por ciento de las personas que actualmente ganan menos de cinco salarios mínimos, unos 3.400 bolivianos, y que en el transcurso de 40 años se irán jubilando, y que por lo tanto requerirán una subvención para que su renta esté entre 1.300 bolivianos como mínimo y 2.400 como máximo con 35 años de aportes. Estos límites varían con menos años de cotizaciones.
El Fondo Solidario se nutre con el dinero de la cuenta previsional que actualmente existe en las AFP. Ese fondo está financiado por el 20 por ciento de los aportes para el riesgo profesional, 20 por ciento para el riesgo común y por el 10 por ciento de la diferencia que queda de ingresos por encima de los 60 salarios mínimos nacionales, menos los 60 salarios mínimos nacionales (SMN).
El proyecto de ley añade a estos ingresos 0,5 por ciento de todos los aportantes, 3 por ciento de aporte patronal, 1 por ciento de la diferencia de sueldos entre 20 y 40 SMN, menos 20 salarios mínimos nacionales, y 5 por ciento de la diferencia de sueldos entre 40 y 60 SMN, menos 40 salarios mínimos nacionales.
El restante 36 por ciento, que no se beneficiará de este Fondo Solidario, recibirá rentas equivalentes al 70 por ciento de su salario promediado de las 24 últimas boletas, y que se promedia con el nivel de sus aportes acumulados, más la rentabilidad, y divididos por los años que le queda de vida a partir de los 58 años.
Gobierno prevé una sostenibilidad de 40 años para el nuevo sistema.
Otro rechazo
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide al Órgano Ejecutivo diálogo y concertación para la nueva Ley de Pensiones, que fue acordada entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB).
La CEPB se suma a la propuesta de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), que rechazó la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y sugirió la posibilidad de un sistema mixto privado y estatal, y que desahució el aporte patronal.
La Confederación propone que el Fondo Solidario sea financiado por el Estado y por los nuevos aportes que se acojan a sus beneficios.
El proyecto
El proyecto de Ley de Pensiones establece una serie de cambios. Baja la edad de jubilación a los 58 años en los varones.
En el caso de las mujeres, éstas podrán jubilarse con 55 años, siempre y cuando tengan tres hijos.
Los mineros podrán retirarse a los 56 años, pero con menos edad, hasta 51 años, si es que trabajaron en interior mina.
El proyecto crea una gestora estatal, que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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