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28 enero 2022

Programa Estrella del Sur: Invita a personas individuales y/o empresas legalmente establecidas a presentar propuestas

 ESTRELLADELSUR

INVITACIÓN A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Programa Estrella del Sur, organización de Protección infantil con sede en la ciudad de Oruro tiene el agrado de invitar a personas individuales y/o empresas legalmente establecidas a presentar propuestas de:

Ref: 24/01/2022. CONSULTORIA: ELABORACIÓN DE PLANES DE CONVIVENCIA EN UNIDADES EDUCATIVAS FASE II

Términos de Referencia

Las propuestas, se recibirán hasta las 18:30 horas del día 27 de enero del 2022 en el correo electrónico, oclaros@estrelladelsurbolivia.org  o en oficinas de Estrella del Sur “Oficina Quirquincho Feliz” ubicada en la Urbanización San Miguel Oruro, calles Prolongación Adolfo Mier esquina Juan Mendoza, Teléfono 5265173, buscar al Lic. Omar Claros Aranda, considerar en el sobre la referencia y nombre de la Consultoría.

Oruro, 24 de enero de 2022

 

15 julio 2020

Covid-19 deja sin trabajo a 122.000 personas en Bolivia y el desempleo sube al 8,1%

La tasa de desempleo en Bolivia se elevó a un 8,1% a mayo de este año, un aumento en torno al 3,6% desde fines de 2019, cuando estaba en 4,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El economista y asesor de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Hugo Siles, dijo que ese porcentaje equivale a que más de 122.000 personas se quedaron sin una fuente laboral debido a la pandemia del Covid-19.

“No sólo que dejó sin trabajo a esa cantidad de personas, sino que una de cada tres personas en edad de trabajar no desarrolló actividad laboral producto de la pandemia a mayo de 2020; es decir, 1,9 millones de personas en edad de trabajar no pudieron desarrollar sus actividades laborales por los efectos de la pandemia”, explicó.

A criterio de Siles, la imposibilidad de desarrollar actividad laboral implica una fuerte contracción de ingresos y posterior reducción de la capacidad de demanda de bienes y servicios por parte de las familias.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Saúl Aramayo, afirmó que en el caso tarijeño, el desempleo será superior al 16% porque los sectores que mueven la economía y generan empleo están paralizados.

Agregó que por indicadores del INE este departamento tiene la más alta tasa de desempleo del país.

A lo largo de los primeros 100 días de cuarentena rígida provocada por el Covid-19, el impacto ha generado una destrucción del capital laboral que implica un fuerte efecto sobre la pobreza en Bolivia.

03 julio 2020

Empresas despiden por «fuerza mayor» sin cumplir los requisitos

Al menos una docena de empresas en todo el país han despedido a sus empleados bajo la figura de “fuerza mayor” para evitar pagar los desahucios y otras obligaciones sociales; sin embargo, según la sentencia constitucional en la cual se apoyan, las compañías deben acreditar, mediante sus estados financieros auditados, pérdidas por más de una gestión.

“Puede darse una ruptura del vínculo laboral por causas objetivas o bien causas de fuerza mayor, como aquella que puede darse cuando la situación económica de una empresa demuestra pérdidas o déficit financiero en más de una gestión, comprobada por los propios balances de la empresa que eventualmente podría concluir en una quiebra económica, lo que implicaría dejar sin fuente laboral a todo el personal de la empresa”, señala la Sentencia Constitucional 1088/2015-S1.

Asimismo, la sentencia señala que, en ningún caso, la extinción del contrato de trabajo exime al empleador del pago de las obligaciones sociales con sus empleados hasta el rompimiento de la relación laboral.

El asesor legal de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia Marcelo Inchausti indicó que al menos una docena de empresas tratan de justificar los despidos que han realizado argumentando fuerza mayor, pero no han podido demostrar que han tenido pérdidas por más de una gestión.

“Las empresas justifican los despidos con la sentencia constitucional, argumentando que la pandemia y la cuarentena los dejaron sin ingresos ni mercados y tuvieron que cerrar la empresa. Pero esto no es evidente y se basa sólo en información de medios del extranjero que señalan el cierre de fronteras”.

El periódico La Razón, por ejemplo, ha invocado la fuerza mayor para evitar pagar el desahucio de los 93 trabajadores que despidió este miércoles, usando como argumento un artículo del Código Civil en el cual se habla de la imposibilidad de pago por razones ajenas al deudor.

“Están tratando de deshacerse de la obligación de pagar sus obligaciones sociales y el desahucio (tres meses de sueldo) al escudarse en la figura de fuerza mayor, pero está claro que los despidos han sido ilegales”.

Otro caso es el de la empresa Tecnopor, la cual despidió a 52 de sus 72 trabajadores en días pasados indicando que sus ventas habían caído en 75%; sin embargo, los empleados desvinculados indicaron que la actividad de la empresa no se vio afectada en la magnitud que la gerencia indica durante la pandemia

El abogado laboralista Richard Vilca, por su parte, señaló que la sentencia constitucional exige que se cumplan seis condiciones para poder reconocerse la fuerza mayor, estas son, 1) ser imprevisible, 2) ser inevitable, 3) ser ajeno al empleador, 4) que sea un hecho real y vigente, 5) que sea sobreviniente y 6) que se configure como un hecho absoluto de incumplimiento.

Vilca dijo que, si bien las leyes laborales y los decretos de inamovilidad laboral existentes protegen al trabajador en caso de un despido injustificado, si las empresas prueban cada una de las seis exigencias de fuerza mayor, las cuales le impiden tener ingresos, entonces eso es una causa. “Por lo que los decretos no podrían proteger a los trabajadores en este caso”.

Normas son postura política


De acuerdo con el especialista en temas laborales Rodolfo Eróstegui, las actuales normas y disposiciones emitidas por el Gobierno son posturas políticas que no se ajustan a la realidad de los trabajadores y deberían acomodarse a la nueva situación que trajo consigo la pandemia.

“El hecho de que en esta coyuntura se creen nuevas normas que impiden el despido, es más una postura política que no se ajusta a la realidad de las empresas. Quizá hubiera sido más adecuado emitir una norma que obligue a las empresas a recontratar a los despedidos cuando esta comience nuevamente a operar. Se puede discutir si los recontratados conservan o no su antigüedad”, indicó el especialista Eróstegui.




Exigen a La Razón reponer empleados


El Ministerio de Trabajo anunció ayer que exigirá a la gerencia del matutino paceño La Razón la reincorporación de los 96 trabajadores que desvinculó sin desahucios el miércoles a través de una convocatoria vía virtual (Zoom), en cumplimiento de las normas que protegen durante la cuarentena vigente y leyes protectivas a los trabajadores.

“Está vigente la estabilidad laboral. No pueden aprovecharse los empresarios desvinculando a los trabajadores, aprovechando la pandemia; hay normas que protegen a los trabajadores, y por tanto el Ministerio de Trabajo va a hacer cumplir las normas establecidas en defensa de las fuentes laborales de los trabajadores y emitiendo una resolución de reincorporación”, sostuvo el viceministro de Trabajo Vitaliano Mamani, en declaración a Radio Panamericana.

El Sindicato de Trabajadores de La Razón, a través de un comunicado, rechazó la “masacre blanca que la directora Claudia Benavente y sus allegados ejecutan en un momento de crisis, aprovechándose de una retorcida interpretación de la normativa legal aprobada por el Gobierno actual para enfrentar la pandemia del coronavirus”.

El documento denuncia que la mala gestión viene de hace al menos cuatro años y rechaza que la caída abrupta haya sido causada por la cuarentena.

La Razón y El Extra, en un comunicado, señalan: “...debido a la insostenible situación financiera, nos vemos obligados a acogernos a la figura legal de ‘fuerza mayor’, reconocida por el ordenamiento jurídico vigente, con el objetivo de precautelar el bien mayor”.




28 junio 2020

Fabriles calculan 10 mil retiros y miles de empleos están en riesgo

En medio de la pandemia, cada día las oficinas del Ministerio de Trabajo en La Paz y en el interior del país amanecen con largas filas de personas que quieren denunciar despidos o exigir la liquidación de salarios. En los últimos tres meses se calcula que al menos 10.000 trabajadores perdieron sus empleos en el eje del país y se advierte que están en riesgo otros miles.

Uno de los primeros casos fue el de la empresa Altifibers que, por el cierre de mercados, anunció la suspensión indefinida de operaciones y dejó en la calle a unos 200 trabajadores.

El asesor legal de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Marcelo Inchausti, estimó que sólo en el eje central del país hay más de 10.000 despidos. “En el eje central son filas interminables en el Ministerio de Trabajo y sus oficinas, muchos con quejas por despidos y cálculo de beneficios sociales. Yo fácilmente estimo que hay 10.000 despidos hasta ahora, entre administrativos y obreros”, precisó.

Explicó que en la empresa Sendex, industrializadora de hilos de lana, se despidieron a unos 160 trabajadores; en Prosil, dedicada a la fabricación de plantillas para zapatos, hay otros 120; en Vidrio Lux, 160; en Imba, 80, y en Minera Paitití hay 100 mineros retirados. “Sólo entre esas empresas y Altifibers se cuentan como 1.000 trabajadores despedidos de manera injustificada e ilegal, incluyendo personal administrativo”, subrayó Inchausti.

En el sitio de Noticias Obreras se reportó el despido de 40 obreros en Duralit, 85 en supermercados Fidalga y los fabriles informaron de otros 45 en Bolivian Timberland; asimismo, 85 en San Gabriel y en el Hotel los Tajibos se denunció 150 despidos.
El presidente de la Cámara Boliviana Hotelera, Luis Ampuero, informó que por las restricciones están cerradas 2.000 empresas vinculadas al sector hotelero, agencias de viaje y turismo con el consiguiente impacto en unos 100 mil empleos directos e indirectos. “En hotelería formal son 6.000 empleos, pero con agencias de viaje, operadores de turismo se puede llegar a unos 30.000 a 100 mil empleos, unos 30.000 serían formales y el resto indirectos”, puntualizó.

Añadió que el grueso de hoteles de cinco estrellas está paralizado, nadie realiza reservas y los costos de energía y otros servicios básicos continúan cobrándose. “La legislación reconoce el derecho a trabajo y no se puede despedir a nadie, pero cómo aguantas tres meses sin ingresos, 30 a 40% de lo que se recibe es para pagar salarios, entiendo que una gran cantidad está llegando a acuerdos para vacaciones adelantadas”, puntualizó.

La Confederación de Empresarios Privados (CEPB), informó que la situación del sector es grave por la falta de liquidez de la gran mayoría de empresas y hay dificultades para pagar salarios, impuestos. “Después de tres meses de parálisis, la situación de una gran cantidad de empresas medianas, grandes ya es insostenible. Hay muchas empresas pequeñas que ya no tienen oportunidad de reactivarse”.

Según la CEPB, hay varias empresas industriales de Cochabamba y La Paz que cerraron operaciones. “Hace algunas semanas se supo que 600 unidades del sector avícola ya se declararon en situación similar; más de 400 agencias de viaje y 2.000 empresas del sector hotelero anunciaron su imposibilidad de continuar operando”, anotó.

Para la Confederación no hay empresas ni sectores que no hayan sido perjudicados, por lo que los créditos disponibles para cancelar salarios no alcanzan para enfrentar el problema. “En relación al tema de la afectación sobre los empleos, un informe que publicó el BID en abril pasado, señalaba que la pérdida de empleos en el sector formal en Bolivia, puede ir desde el 3% hasta el 9.7%, dependiendo de la duración y la intensidad de la crisis sanitaria”, puntualizó la CEPB.

Un estudio de la Cámara de Industria revela que el 93% de las industrias en el país prevén una caída severa de sus ingresos.

La Cámara de Comercio estimó una pérdida de 400 millones de dólares en los 70 días de cuarentena; el sector turismo está al borde del colapso y esto incluye a operadoras, agencias, hoteles, restaurantes y otros; los exportadores de castaña declararon “desastre económico y social”. El sector de la construcción no arranca y el Estado le adeuda 2 mil millones de bolivianos.

Desocupados pasan a las filas de sector no asalariado

La directora del Instituto de Estudios Avanzado en Desarollo (Inesad), Beatriz Muriel advierte que producto de la crisis provocada por la pandemia aumenta el desempleo y más trabajadores asalariados han comenzado a pasar a engrosar filas de los no asalariados.

Además, en muchas fuentes de empleo formal se aplican medidas de reducción de la jornada laboral y la compensación de los días no trabajados por la cuarentena con vacaciones.

En el caso de los trabajadores no asalariados se percibe tanto una reducción de las horas laborales de trabajo como un cambio de la actividad económica.

En los meses de cuarentena, por ejemplo, el número de vendedores de alimentos en las zonas urbanas aumentó de manera notoria, añadió.

La tasa de crecimiento del IGAE (Índice Global de Actividad Económica) muestra ya una tasa de crecimiento negativa de -2,6% entre marzo de 2020 y marzo de 2019.

En ese sentido, los sectores donde hay más problemas de empleo es en minería, industrias manufactureras (menos alimentos, bebidas y tabaco), construcción, transporte y almacenamiento que son los más afectados. A esto cabe adicionar hoteles y restaurantes (que no se encuentra desagregado) y el sector transversal de turismo.

Sin embargo, Muriel observa que en medio de esta crisis de salud, una noticia algo alentadora es que la agropecuaria -sobre todo la producción -será menos afectada que otras actividades económicas. Este sector es importante porque concentra alrededor del 30% de la población ocupada, cerca al 50% de los trabajadores pobres y algo menos del 70% de aquellos extremadamente pobres (de acuerdo a la base de datos de la última encuesta de hogares).




El Cedla prevé más desempleo, precariedad y pobreza por crisis

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), advierte que la pandemia y la recesión económica provocará mayor desempleo, precariedad laboral e informalidad, pobreza y desigualdad.

El investigador del Cedla, Bruno Rojas explicó que antes de la crisis sanitaria sólo un 22% de los asalariados tenía un trabajo estable, un 78% tenía empleos precarios, un 57% empleos inestables y el 35% ganaba por debajo del salario mínimo nacional.

“La pandemia ha profundizado la precariedad laboral, todos los contratos temporales, eventuales, a plazo fijo se han rescindido y esto ha provocado mayor desocupación”, puntualizó.

Según Rojas, en 2019 el desempleo estuvo bordeando el 5% cuando hasta 2017 era de 4,5%.

Al primer bimestre esta tasa ya se situaba en 5,15% y en abril había escalado a 7,5%, agregó.

“En el semestre con seguridad que el desempleo ha subido más, pero hay que tomar en cuenta que la falta de empleo afecta más a algunos grupos como los jóvenes, las mujeres dond ela tasa se sitúa dos puntos encima que la tasa global”, puntualizó.

Otro segmento muy castigado por la falta de oportunidades laborales son las personas que poseen mayor nivel educativo, como profesionales, técnicos que antes de la crisis ya tenían problemas de inserción laboral.

Otro fenómeno es el subempleo donde mucha gente al no conseguir una fuente de ingreso, busca cualquier opción y trabaja en empleos de horas, fines de semana, deliveries, transporte, actividades que no generan derechos laborales, seguro, jubilación, seguridad social.

Rojas explicó que el sector informal creció de un 60% en 2014 a 67% en 2017 y en los últimos años hasta 78% de la población ocupada en el país.

“Otro efecto es la pobreza y desigualdad. En el Cedla manejamos el concepto de pobreza multidimensional que afecta a 61% de la población, 6,8 millones de personas que no tienen acceso a salud, jubilación y otros. Eso ahora subirá más”, advirtió.





Tasa de desempleo en Bolivia llega a un 7,38%; la más alta desde 2016

El desempleo se hace evidente en tiempos de pandemia. Según datos del instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta abril la tasa de la población desocupada en el área urbana alcanzó un 7,34%, la más alta desde febrero de 2016 (6,48%).

La cifra refleja lo que varios sectores advirtieron en días pasados, el desempleo aumenta en la medida que siguen vigentes la cuarentena y el aislamiento decretado por el Gobierno para evitar la expansión del coronavirus.

La llegada de la pandemia al país obligó al Gobierno de transición a decretar una cuarentena total en el país. Todas las actividades, salvo las consideradas esenciales, como la producción de alimentos y de insumos de sanidad, paralizaron sus actividades.

Solo en el sector, la micro, pequeña y mediana empresa (Mype), según datos del sector, unas 150.000 unidades de negocios han quebrado y dejado sin trabajo a más de 500.000 personas. La situación tiende a agravarse debido a que las medidas lanzadas por el Gobierno de transición no se materializan.

El presidente de la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Fernando Hurtado, admitió en una entrevista en el programa radial: ¡Qué semana! de EL DEBER Radio que “están cayendo muchos empleos y empresas”.

Sin embargo, aseguró que el sector empresarial seguirá "trabajando para recuperar los empleos que se han perdido".

Una encuesta realizada por la Cámara de Nacional de Industria (CNI) advierte que el 73% de las empresas industriales estiman reducir personal; solo el 1,8% contratarán en 2020.

Además, el 49% de las fabricas esperan que esta reducción ronde entre el 11% y el 50%, situación que genera profunda preocupación al sector.


Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), el 84% de los trabajadores a escala nacional se concentra en cinco de los 20 sectores, encabezados por los servicios de la administración pública y sociales; seguidos de la agropecuaria, comercio, restaurantes y hoteles, manufactura y construcción. Los trabajadores asalariados se concentran en los servicios, la manufactura y la construcción; los no asalariados en la agropecuaria, el comercio y restaurantes y hoteles.

Todos estos, según la organización, están afectados por la emergencia sanitaria.

“Los trabajadores independientes, asalariados de pequeñas y microempresas y los temporales del sector formal son los más afectados por la crisis”, señala la organización.

El estudio agrega que en “poco tiempo, la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha profundizado la desaceleración económica, el desempleo, la precariedad del trabajo, la desprotección social y las múltiples desigualdades que inciden en la pauperización creciente de nuestra sociedad”.

Además, asegura que “hizo visibles las estructuras y procesos que en los últimos 14 años de gobierno del MAS estaban encubiertos con el discurso oficial de reducción de la pobreza monetaria y el aumento de las clases medias”.

Para contrarrestar esta situación el Gobierno lanzó Programa Nacional de Reactivación del Empleo, que prevé la inyección de liquidez en la economía de al menos Bs 30.000 millones, para la preservación de 4 millones de fuentes laborales.

Este proyecto tiene previsto la creación de hasta 50.000 empleos mensuales.

Este plan establece la creación de varios fondos para apuntalar el acceso de créditos para las empresas afectadas por la emergencia sanitaria que afectó sus ingresos.

Anteriormente el Gobierno lanzó el bono Universal, una asistencia social del Bs 500 para aquellas personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia.

El sector empresarial ponderó el programa y espera que se aplique de forma rápida, porque muchas unidades de negocios se encuentran al borde del colapso.

21 junio 2020

Mil trabajadores fueron echados en la cuarentena sólo en La Paz

Al menos 1.000 trabajadores fueron despedidos durante el periodo de cuarentena en el departamento, denunció ayer el secretario ejecutivo de la Federación de Fabriles de La Paz, Mario Segundo.

Ayer, los trabajadores fabriles marcharon por las calles de La Paz, exigiendo el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y las disposiciones del Ministerio de Trabajo respecto a la prohibición de despidos durante la emergencia sanitaria, así como la restitución de los empleados a sus fuentes laborales.

Página Siete realizó una revisión de las denuncias de despidos injustificados durante la cuarentena y pudo encontrar al menos una docena de empresas las cuales presuntamente incurrieron en esta práctica. Entre las más importantes se encuentran Altifibers, Bolivian Timberland, Fidalga, San Gabriel, Sendtex, Prosil, Imba y Minera Paititi.

“Estamos hablando de más de 1.000 trabajadores que han sido afectados con despidos, en Altififers fueron despedidos más de 200 trabajadores, en la Bolivian Timberland, cerca de 45 trabajadores, Fidalga, 85 trabajadores, en San Gabriel, más de 100 trabajadores y la lista continúa”, dijo Segundo.

El dirigente del sector agregó que, en muchas empresas del país, los empresarios están empujando a los trabajadores a renunciar mediante reducciones de sueldos y salarios sin coordinación previa o sacándolos de sus lugares de trabajo bajo el pretexto de vacaciones colectivas y enviando cartas de renuncia para que estos las firmen a sus domicilios.

En abril pasado, luego de denuncias de los trabajadores de retiros forzosos, el Ministerio de Trabajo, mediante un comunicado, prohibió los despidos injustificados de trabajadores tanto en el sector público como en el privado, además de informar que se garantiza la estabilidad laboral mientras dura la cuarentena en Bolivia.

De acuerdo con un reporte del diario Los Tiempos de Cochabamba, hasta el 6 de junio, la oficina de la Jefatura Departamental de Trabajo de la capital valluna había recibido al menos 400 denuncias de trabajadores por despidos y falta de pago de salarios.

En días pasados se conoció la denuncia de los trabajadores de la textil Sendtex, quienes señalaron que la empresa apartó a 150 trabajadores durante la cuarentena, además de deber salarios desde febrero y no haber realizado aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) desde hace un año.

Similar caso es de Prosil, que se declaró en quiebra y retiró a sus 110 trabajadores, debiéndoles cuatro meses de salario.

Los trabajadores de esta empresa sospechan que la quiebra es un ardid por parte de los empresarios para librarse de obligaciones y recontratar personal con el salario básico, denunció el representante de los trabajadores, Óscar Rojas.

En Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Sósimo Paniagua, denunció a principios de la semana, que al menos 100 trabajadores habían sido despedidos desde el inicio de la cuarentena.

En la misma línea, ayer, el dirigente de la COD de Tarija, Oswaldo Yucra, señaló que su organización ha evidenciado un gran número de despidos en el departamento, sin embargo, no dio un número aproximado de cuantos se han registrado hasta el momento.

Anuncian medidas


Marchas Los trabajadores fabriles advirtieron con adoptar medidas de presión si no se cumplen sus demandas. Señalaron que en los siguientes días las marchas y movilizaciones se masificarán y no descartan ingresar en una huelga de hambre, asegurando que no es posible que los trabajadores se queden sin fuente laboral en esta pandemia que amenaza a todos los bolivianos.
Atrasos Los trabajadores también denunciaron que algunas de las empresa denunciadas arrastran deudas por el pago de sueldos y beneficios sociales por varios meses.

27 mayo 2020

OIT: Uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo debido al coronavirus

Los jóvenes son las principales víctimas del cataclismo económico provocado por la pandemia del nuevo coronavirus y uno de cada seis se encuentra sin empleo, alertó el miércoles la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En su presentación del informe ante la prensa, el director general de la OIT, Guy Ryder, instó a los gobiernos a prestar una atención especial a esta "generación del confinamiento" para evitar que la crisis le afecte a largo plazo.

El estudio de la organización concluye que una de cada seis personas menores de 29 años y en edad de trabajar ha dejado de hacerlo desde que apareció la covid-19. Y aquellos que conservaron sus puestos de trabajo han visto cómo su jornada se reducía en un 23% como media.

Los jóvenes se están viendo afectados "de manera desproporcionada" por esta crisis, debido a su impacto en el mercado laboral y en los ámbitos de la enseñanza y la formación.

"La pandemia inflige un triple impacto sobre los jóvenes. No solo destruye sus empleos, sino también su educación y formación, y coloca grandes obstáculos en el camino de quienes buscan entrar en el mundo del trabajo o cambiar empleo", estima el informe.

Además, cerca de la mitad de los jóvenes estudiantes experimentan un "retraso probable" para terminar sus estudios, y un 10% de ellos no creen que puedan acabarlos.

En 2019, la tasa de desempleo juvenil de 13,6 por ciento era ya más alta que la de cualquier otro grupo. Había alrededor de 267 millones de jóvenes, es decir uno de cada cinco, que ni trabajan ni estaban estudiando o formándose.

"La crisis de la covid-19 está afectando a los jóvenes –en particular a las mujeres– con mayor gravedad y rapidez que a cualquier otro grupo", señaló Ryder, citado en el comunicado.

"Si no tomamos medidas inmediatas y significativas para mejorar su situación, el legado del virus podría acompañarnos durante décadas", advirtió.

Las campañas de test masivos crean empleos

Esta cuarta edición del Observatorio de la OIT sobre el impacto del nuevo coronavirus hace hincapié en que un sistema de test riguroso implica menos perturbaciones del mercado de trabajo y a nivel social que las medidas de confinamiento y cierre de los lugares de trabajo.

En los países con un dispositivo masivo de pruebas y trazabilidad, la disminución media de las horas de trabajo se reduce a hasta el 50%.

Según la OIT, se debe a tres razones: los test masivos reducen la dependencia en las medidas de confinamiento estrictas; promueven la confianza de los ciudadanos y, en consecuencia, estimulan el consumo y apoyan el empleo; y contribuyen a minimizar la interrupción de las actividades en el lugar de trabajo.

Estas medidas pueden incluso crear nuevos empleos, aunque sean temporales.

"Las pruebas y la trazabilidad pueden formar una parte importante del conjunto de políticas si queremos vencer el miedo, reducir el riesgo y que nuestras economías y sociedades vuelvan a moverse rápidamente", insistió Ryder.

A nivel general, la crisis sigue provocando "una reducción sin precedentes de la actividad económica y del tiempo de trabajo en el mundo", según la OIT. Por regiones, América es la más afectada, seguida de Europa y Asia central.

Para 2020 se calcula que habrá 391 mil personas desocupadas

Para este año, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) calcula que la cantidad de personas desocupadas aumente en 200 mil más, debido a la cuarentena por el coronavirus. En 2019 el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un total de 191 mil personas desocupadas.

“Se estima que las pérdidas a la fecha están alrededor de los 400 millones de dólares y que al menos 200 mil fuentes de empleo formal podrían estar en riesgo, debido a que el 70% de las empresas en promedio sufren problemas de iliquidez”, indicó el gerente de la CNC, Gustavo Jáuregui.

Pese al contexto actual, dijo que varias empresas tratan de sostenerse como pueden, aunque también hay sectores que fueron muy golpeados como los de turismo, hotelería, gastronomía, operadores turísticos y agencias de viajes.

“Todas esas actividades que están alrededor han sido las primeras en ser golpeadas, por las características de la emergencia sanitaria. Por ende, en muchos de los casos tuvieron una pausa laboral; por tanto, es entendible que sea donde mayor desempleo se ha podido generar o están en riesgo. En general, el 70% de las empresas sufren problemas de iliquidez por la inactividad”, mencionó Jáuregui.

Advirtió que en el caso de que la cuarentena se amplíe por otros tres meses, por lo menos el 20% de las compañías afiliadas a la CNC corren el riesgo de cerrar operaciones. En total hay 300 mil empresas registradas en Fundempresa, de las cuales sólo unas 100 mil están activas con sus registros respectivos.

Según la CNC, ocho de cada 10 firmas son unipersonales, eso significa que son micro y pequeñas empresas; por tanto, éstas si no tienen ingresos, tampoco tienen espaldas que les permitan sostenerse en el tiempo.

“Oficialmente nadie declaró su cierre porque están esperando a ver cómo va a reaccionar la reincorporación de las actividades. Ahora, cuando son emprendimientos muy pequeños, también hay que entender que se tiene que liquidar la empresa, sólo la cierran y dejan sin actividad, porque para ello se debe hacer un trámite”, agregó.

El Boletín Estadístico de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE señala que al cuarto trimestre de 2019, la Población Económicamente Activa (PEA) en el área urbana alcanzó aproximadamente a 3.959.000 personas, y de este total 191 mil se encuentran desocupadas, representando 4,83% (ver gráfica).

En su desarrollo precisa que, según los resultados preliminares, la población ocupada alcanza alrededor de 3.768.000 personas, de los cuales el 22,6% de esta población (853 mil personas) tienen como principal actividad el comercio, seguido de un 14,4% (541 mil) que se dedica a la industria manufacturera y el 9,9% (375 mil) que trabajan en alojamientos y comidas, principalmente.

La directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Beatriz Muriel, anticipó que la tasa de desocupación aumentará por los problemas económicos que ha generado la pandemia del virus.

“Los sectores más afectados serán aquellos cuyo accionar ha sido y será más limitado por la pandemia, como las actividades turísticas y recreativas y las industrias no asociadas con productos alimenticios”, analizó.

Aunque, por otro lado, están los sectores que menos efectos sentirán como el agropecuario, que representa alrededor del 30% de la fuerza laboral; además, obviamente, la administración pública y el sector de salud, que trabajó mucho en esta coyuntura para mitigar los efectos de la pandemia.

En su criterio, desde el primer día de las medidas de aislamiento se debería haber trabajado de manera contundente en la mitigación de los impactos económicos negativos, con esquemas de biodiversidad, mayor contribución al trabajo virtual y otras soluciones, que el sector privado adoptó por su cuenta.


26 mayo 2020

La COB exige al Gobierno garantizar la inamovilidad laboral en la cuarentena

El secretario general de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, exigió este martes al Gobierno que haga cumplir los decretos emitidos durante la cuarentena, ya que recibieron denuncias de trabajadores que fueron retirados de sus fuentes laborales pese a la norma de inamovilidad durante la crisis sanitaria.

“Hicimos conocer la semana pasada las demandas de los trabajadores fabriles, mineros y otros sectores, enviamos una nota también al Ministro de Trabajo para que de una vez haga cumplir los decretos que emitieron durante la cuarentena, durante la emergencia sanitaria. Lamentablemente no hubo respuesta hasta la fecha, no se están abriendo las oficinas del Ministerio de Trabajo a nivel nacional”, dijo Huarachi.

Respecto a los temas que busca tratar con las autoridades del Ministerio de Trabajo, en primer lugar están los despidos de muchos de sus afiliados, en contravención de los decretos aprobados durante el tiempo de confinamiento, para que ningún trabajador pierda su fuente laboral.

“Tenemos trabajadores despedidos, trabajadores que asumieron medidas de acción tomando las empresas y en este caso el sector del magisterio que ya está en huelga de hambre en los nueve departamentos”, aseguró el dirigente.

Sobre la situación de los profesores del sistema público de educación, señaló que los acuerdos, las actas suscritas con el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, no se cumplieron. "Hay trabajadores a nivel nacional que hicieron llegar su denuncia y las notas ante Ministerio de Educación, nosotros tenemos las notas emitidas y recibidas por el propio ministerio con las listas de todos nuestros afiliados a la COB”, declaró.

Con el inicio de la cuarentena, el Gobierno emitió una serie de decretos para garantizar la estabilidad laboral y el diferimiento de pagos de créditos y servicios.

18 mayo 2020

La COB recibió al menos 500 denuncias de despidos en cuarentena



El máximo ente matriz de los trabajadores lamentó que algunos sectores empresariales exijan a sus trabajadores reiniciar operaciones, pero no les otorguen las mínimas condiciones como la entrega de barbijos o se controle la temperatura corporal.


La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) recibió en los dos últimos meses, desde que se decretó la cuarentena, al menos 500 denuncias de despidos de trabajadores, principalmente en los sectores fabril y minero. Este lunes los obreros del Sindicato de Trabajadores Mineros Metalurgistas Paitití hicieron conocer que la empresa cerró operaciones de manera definitiva.

Hasta este lunes se tiene un registro de “200 trabajadores de empresas fabriles (que denunciaron despidos). En el sector minero, de estas empresas mineras que ya han hecho conocer, (como la Empresa Minera) Paitití, la otra empresa en Potosí, en Tupiza, (la empresa) Lambol SA Tupiza, estamos hablando de 450 a 500 trabajadores”, informó este lunes el secretario ejecutivo del ente matriz, Juan Carlos Huarachi.

El dirigente aseguró que estas denuncias registradas en el ente matriz de los trabajadores serán derivadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que tome cartas en el asunto considerando que hay normas establecidas por el Gobierno para no efectuar despidos durante el tiempo que dure la cuarentena por el coronavirus.

El 8 de abril, el Ministerio de Trabajo informó a través de un comunicado que se prohíben los despidos injustificados de trabajadores tanto en el sector público como privado, y se garantiza la estabilidad laboral durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Huarachi dijo que otro de los sectores que hizo conocer estos despidos fue el Magisterio por lo que reiteró que estás denuncias también serán remitidas a la instancia gubernamental.

El dirigente obrero lamentó asimismo que algunos sectores empresariales exijan a sus trabajadores reiniciar operaciones, pero no les otorguen las mínimas condiciones como la entrega de barbijos o se controle la temperatura corporal.

“Hay muchas denuncias a nivel nacional, más bien al contario el Gobierno debe ocuparse, fácilmente dicen o hablan por los medios de comunicación que vamos a reactivar el aparato productivo, vamos a reactivar la economía del Estado, inclusive prometiendo más de 600.000 empleos, la realidad que hoy estamos viviendo es que no se tiene la condiciones ni para empezar a reactivar el aparato productivo”, apuntó.

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14 noviembre 2018