En diez años el número de funcionarios públicos crece en 145%

El número de funcionarios públicos, a partir del registro del número de declaraciones juradas, creció en diez años en 145%, de 49.743 a 121.600, aunque esa última cifra representa un decremento frente a los datos registrados en 2011 y 2012. Esa disminución , según explicó el sub Contralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, es atribuida a la exclusión de los consultores en el registro de declaraciones juradas.

Una revisión realizada por La Razón Digital sobre los informes de gestión de la Contraloría General del Estado da cuenta del sostenido crecimiento del número de declaraciones juradas que cada uno de los funcionarios públicos está obligado a presentar ante esa repartición. El artículo 53 del Estatuto del Funcionario Público prevé la obligatoriedad de la declaración de bienes y rentas.

Los datos muestran que en 2004 el número de esos documentos ascendía a 49.734, en 2005 a 58.019, en 2006 a 76.234, en 2007 a 135.578, en 2008 a 142.024, en 2009 a 144.012, en 2010 a 186.225, en 2011 a 161.180, en 2012 a 138.976 y en 2013 la cifra llegó a 121.600.

Clavijo explicó que las diferencias entre los datos de 2011 y 2012 respecto a los de 2013 obedecen a que fueron excluidos de esa responsabilidad los consultores en línea, de acuerdo al decreto 1233. No obstante, aclaró que en caso de que un consultor llegara a administrar ciertos recursos económicos debe presentar el informe sobre sus bienes y rentas.

Los departamentos del eje reúnen al mayor número de funcionarios públicos de acuerdo a estos datos. En La Paz el número creció de 25.286 en 2004 a 50.097 en 2013; en tanto que en Cochabamba el número subió de 6.275 a 18.955 y en Santa Cruz de 7.784 a 18.580.

Funcionarios del Gobierno central, gobernaciones, gobiernos municipales, Ministerio Público, legisladores, entre otros, están obligados a cumplir con esa obligación. El artículo 53 de la Ley del Funcionario Público prevé que “durante la vigencia de la relación laboral del servidor con la administración y aún al final de la misma, cualquiera sea la causa de terminación, las declaraciones de bienes y rentas de éstos, podrán ser, en cualquier momento, objeto de verificación. Al efecto, los servidores públicos, prestarán declaraciones y actualizaciones periódicas conforme a reglamentación expresa”.

De acuerdo a los datos, en Chuquisaca el número de funcionarios públicos que presentó su declaración jurada subió de 2.354 en 2004 a 12.228 en 2013, en tanto que en Pando se registra el menor crecimiento frente al resto del país, de 789 en 2004 a 2.606 en 2013.

Empleados públicos no reciben aumento salarial desde 2004

Desde el 2004, el salario de los servidores públicos no fue incrementado anualmente, tal como ocurrió con el de los maestros, salubristas, policías y militares. Es más, desde el 2006, con el decreto de austeridad, se rebajó la escala salarial a todos los funcionarios de las entidades estatales.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arce, explicó que desde hace siete años que no se contempla al sector público en el incremento.

Esto debido a que los servidores públicos no están dentro de la Ley de Trabajo, como lo están los otros sectores beneficiados del aumento.

“El congelamiento (salarial) se refiere a la exclusión del incremento anual”, indicó.

Aclaró que si bien no se da ese tipo de aumento, existe un incremento por asignación de partida presupuestaria que da el Estado a las oficinas burocráticas.

“Hubo un incremento, tampoco es que no. El tema es que se hace un tratamiento diferenciado”, señaló Arce.

Por su parte, el economista Julio Linares explicó que además de que se congelaron los salarios, a partir del 2006 se rebajó la escala salarial de todos los empleados, comenzando por el Presidente del Estado.

“Desde que subió a la presidencia, Evo Morales hizo que todos los niveles salariales del sector público bajen. Por lo que funcionarios de muchas responsabilidades (...) ya no gozan de los beneficios salariales que antes tenían”, indicó Linares.

Esto debido que el presidente Morales estableció que el salario máximo debe ser 15.000 bolivianos, como señal de austeridad estatal.

Desincentivo salarial

Para los expertos, el hecho de que los salarios del sector público no se incremente es un desincentivo que puede repercutir en la capacidad y eficiencia de los trabajadores en reparticiones del Estado.

“La carrera en el sector público ya no es tan competitiva como antes y lastimosamente esta falta de competitividad y de eficiencia de los funcionarios hace que no se ejecute bien la inversión pública”, señaló Linares.

Por su parte, Arce señaló que es un “desaliento que no se reconozca los cambios en la economía”.

Sin embargo, dijo que como la gente requiere trabajar, pese a la reducción o congelamiento de su salario, no le conviene rebajar su desempeño porque sabe que puede ser despedido.

Incentivo

Para el ministro de Trabajo, Félix Rojas, dijo que se evaluará la posibilidad de dar un bono a este sector como se dio el año 2009, por única vez, en esta gestión de Gobierno.

Por su parte, el máximo dirigente de la COB, Pedro Montes, indicó que excluir del incremento del 10% al sector público es un “delito de discriminación”.

Algunos datos
# Decreto Supremo 809 Este decreto aprobado el 2 de marzo señala que se dará un incremento salarial sólo a cuatro sectores: Policía Nacional, Ejército, Magisterio y Salud.


# Oposición La Central Obrera Boliviana (COB) se opuso a este porcentaje porque afirma que no está relacionado a la realidad económica. Además señala que es discriminatorio no incluir en el incremento a todos los trabajadores del Estado.


# Medidas La COB convocó a un paro de 48 horas para el próximo lunes y martes en todo el país.