La productividad laboral es uno de los motores más importantes para el crecimiento económico sostenible de un país. Representa la cantidad de bienes o servicios que un trabajador puede producir en un período determinado, y su incremento permite no solo mejorar los ingresos, sino también fortalecer la competitividad, fomentar la inversión y reducir la pobreza.
“La productividad no es solo una estadística económica, es una condición fundamental para generar empleo digno y establecer salarios sostenibles en el tiempo. Si un trabajador no produce más de lo que gana, simplemente su salario no es viable en el largo plazo”, afirma Rafael Vidaurre, coordinador del Observatorio Nacional del Trabajo (ONT).
Según estudios del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la productividad total de los factores (PTF) en Bolivia representa apenas el 18% de la que registra Estados Unidos, y la productividad por trabajador es ocho veces menor. Esta brecha no solo impide competir con economías más desarrolladas, sino que también restringe la posibilidad de elevar los salarios sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.
Uno de los factores que más incide en esta situación es la informalidad laboral. Más del 70% de la población ocupada en Bolivia trabaja en condiciones informales, especialmente en sectores como agricultura, construcción y comercio, donde la productividad es especialmente baja. Esta informalidad no solo priva a los trabajadores de derechos laborales y acceso a seguridad social, sino que también frena la inversión en tecnología, la capacitación de los trabajadores y la innovación en los procesos productivos.
El experto indica que la informalidad afecta negativamente al crecimiento económico de varias formas:
Reducción en la productividad agregada
Los sectores informales suelen ser menos eficientes y tecnológicamente rezagados. Las empresas informales tienen acceso limitado a financiamiento; invierten poco en capacitación y tecnología; operan con baja escala y productividad. Todo ello reduce la productividad promedio del país, lo que frena el crecimiento económico.
Menor recaudación fiscal
La informalidad implica evasión de impuestos y contribuciones sociales. Al no tributar, el Estado, recauda menos; y tiene menos capacidad para invertir en educación, salud, infraestructura y políticas productivas. Esto limita el desarrollo y la equidad social.
Freno a la inversión y a la formalización
La competencia desleal que ejercen los informales presiona a las empresas formales, que deben soportar más carga tributaria y pierden incentivos para invertir o contratar personal formalmente. A largo plazo, esto reduce la inversión privada, la innovación y el empleo de calidad.
Precariedad laboral y bajo consumo
Los trabajadores informales ganan menos; no tienen seguro social ni estabilidad y consumen menos y acceden a menos crédito. Esto impacta negativamente en la demanda interna y el mercado financiero, restringiendo el ciclo virtuoso del crecimiento.
Débil acumulación de capital humano
Sin contratos ni incentivos, las empresas informales no invierten en capacitación ni en la mejora de habilidades técnicas y blandas de sus colaboradores. Esto impide que la fuerza laboral crezca en calidad, una condición esencial para el desarrollo.
Frente a este panorama, Vidaurre indica que es necesario transformar el trabajo en Bolivia mediante una mejora estructural de la productividad. En primer lugar, se destaca la necesidad de estabilidad macroeconómica, un requisito esencial para incentivar la inversión a largo plazo.
En segundo lugar, es fundamental mejorar el acceso a financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que carecen de los recursos necesarios para modernizarse y aumentar su eficiencia.
“Otro de los pilares es el fortalecimiento del capital humano. La calidad educativa en Bolivia sigue siendo baja, y existe un desalineamiento entre la oferta académica y las demandas del mercado laboral”, acota el experto.
Por su parte, la OIT subraya la importancia de elevar la calidad educativa, vincular la formación técnica y profesional con las necesidades productivas del país, y establecer sistemas de medición transparentes para evaluar los avances.
También resulta clave la mejora en la infraestructura física y digital, ya que los costos de transporte y la baja conectividad limitan la competitividad de las empresas, especialmente en regiones alejadas. Igualmente urgente es fomentar un entorno que estimule la innovación y el emprendimiento, áreas en las que Bolivia muestra bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo.
Por último, ambos organismos coinciden en la importancia de promover mercados laborales inclusivos y flexibles, que permitan incorporar a grupos tradicionalmente excluidos como mujeres, jóvenes y población rural. Reducir el subempleo y mejorar la calidad del empleo son condiciones indispensables para lograr una transformación productiva que sea también socialmente equitativa.
La productividad no solo determina la capacidad de generar riqueza, sino también la posibilidad de distribuirla de manera justa y sostenible. En Bolivia, mejorarla exige atacar con decisión los factores estructurales que la limitan, desde la informalidad hasta la baja calidad educativa. Solo así será posible garantizar aumentos salariales reales y duraderos, y construir un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás.
