Ayer, los trabajadores fabriles marcharon por las calles de La Paz, exigiendo el cumplimiento de la Ley General del Trabajo y las disposiciones del Ministerio de Trabajo respecto a la prohibición de despidos durante la emergencia sanitaria, así como la restitución de los empleados a sus fuentes laborales.
Página Siete realizó una revisión de las denuncias de despidos injustificados durante la cuarentena y pudo encontrar al menos una docena de empresas las cuales presuntamente incurrieron en esta práctica. Entre las más importantes se encuentran Altifibers, Bolivian Timberland, Fidalga, San Gabriel, Sendtex, Prosil, Imba y Minera Paititi.
“Estamos hablando de más de 1.000 trabajadores que han sido afectados con despidos, en Altififers fueron despedidos más de 200 trabajadores, en la Bolivian Timberland, cerca de 45 trabajadores, Fidalga, 85 trabajadores, en San Gabriel, más de 100 trabajadores y la lista continúa”, dijo Segundo.
El dirigente del sector agregó que, en muchas empresas del país, los empresarios están empujando a los trabajadores a renunciar mediante reducciones de sueldos y salarios sin coordinación previa o sacándolos de sus lugares de trabajo bajo el pretexto de vacaciones colectivas y enviando cartas de renuncia para que estos las firmen a sus domicilios.
En abril pasado, luego de denuncias de los trabajadores de retiros forzosos, el Ministerio de Trabajo, mediante un comunicado, prohibió los despidos injustificados de trabajadores tanto en el sector público como en el privado, además de informar que se garantiza la estabilidad laboral mientras dura la cuarentena en Bolivia.
De acuerdo con un reporte del diario Los Tiempos de Cochabamba, hasta el 6 de junio, la oficina de la Jefatura Departamental de Trabajo de la capital valluna había recibido al menos 400 denuncias de trabajadores por despidos y falta de pago de salarios.
En días pasados se conoció la denuncia de los trabajadores de la textil Sendtex, quienes señalaron que la empresa apartó a 150 trabajadores durante la cuarentena, además de deber salarios desde febrero y no haber realizado aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) desde hace un año.
Similar caso es de Prosil, que se declaró en quiebra y retiró a sus 110 trabajadores, debiéndoles cuatro meses de salario.
Los trabajadores de esta empresa sospechan que la quiebra es un ardid por parte de los empresarios para librarse de obligaciones y recontratar personal con el salario básico, denunció el representante de los trabajadores, Óscar Rojas.
En Santa Cruz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Sósimo Paniagua, denunció a principios de la semana, que al menos 100 trabajadores habían sido despedidos desde el inicio de la cuarentena.
En la misma línea, ayer, el dirigente de la COD de Tarija, Oswaldo Yucra, señaló que su organización ha evidenciado un gran número de despidos en el departamento, sin embargo, no dio un número aproximado de cuantos se han registrado hasta el momento.
Anuncian medidas
Marchas Los trabajadores fabriles advirtieron con adoptar medidas de presión si no se cumplen sus demandas. Señalaron que en los siguientes días las marchas y movilizaciones se masificarán y no descartan ingresar en una huelga de hambre, asegurando que no es posible que los trabajadores se queden sin fuente laboral en esta pandemia que amenaza a todos los bolivianos.
Atrasos Los trabajadores también denunciaron que algunas de las empresa denunciadas arrastran deudas por el pago de sueldos y beneficios sociales por varios meses.
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