El proyecto de la nueva Ley de Pensiones del Ejecutivo crea una pensión solidaria de vejez que se añadirá a la obtenida en la cotización individual y la compensación de cotizaciones para subirla hasta un máximo de Bs 2.400.
Para su financiamiento, el Gobierno plantea un aporte patronal del 3%, un aporte laboral del 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes) y el aporte de personas dependientes y naturales con altos ingresos (arriba de Bs 13.580).
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, explicó que en base a los cálculos realizados, el sector patronal (empresarios privados y Estado) harán un aporte de Bs 900 millones el primer año.
“El aporte de los empresarios va a ser de Bs 450 millones y del Estado, el restante 50%”, precisó el funcionario público en el programa El Pueblo es Noticia de la red Patria Nueva.
Respecto al aporte estatal, Guillén dijo que el mayor empleador del país es precisamente el sector público (ministerios, prefecturas, municipios, entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas estatales, entre otras).
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó el pasado 14 de mayo que “el aporte patronal para el fondo solidario representa un gasto anual de Bs 3.000 millones”, lo que “supone un impacto directo para el sector productivo nacional”.
Según la propuesta gubernamental, los trabajadores aportarán con el 0,5% de su salario para el fondo solidario. Sobre el cálculo que se hizo para el aporte patronal (3% del total de la planilla de sueldos, lo que equivale a Bs 900 millones), el descuento del 0,5% representaría Bs 150 millones.
El proyecto de ley dispone, además, que las personas que ganan por encima de Bs 13.580 aportarán con el 1% de su sueldo menos la diferencia de 20 salarios mínimos nacionales (SMN). De igual forma, a los que ganan más de 27.160 se les descontará el 5% menos la diferencia de 40 SMN.
Actualmente, el Gobierno ya aplica un descuento del 10% a trabajadores cuyo salario supera los Bs 40.740 (60 SMN), para financiar la renta mínima de jubilación. Guillén dijo que al mes se recauda aproximadamente Bs 2 millones.
Empresarios aportaban 5,5%
Antes de la vigencia de la Ley 1732, aprobada durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), los empresarios hacían un aporte del 5,5% al sistema de reparto.
“Cuando se hizo la reforma de la Ley de Pensiones, el año 1996, los empresarios aportaban el 5,5%. Luego viene la Ley 1732 y de pronto les quita ese aporte que hacían”, señaló el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
Añadió que la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada “benefició a los empresarios”.
“Lo que nosotros estamos haciendo es reponer una parte, ni siquiera el 5,5%, sólo el 3% de lo que aportaban anteriormente”, sostuvo Guillén.
También criticó a los que se oponen a la nueva Ley de Pensiones y les dijo que no es bueno “satanizar la administración pública ni santificar la administración privada”. “Son 20 años de neoliberalismo donde los empresarios privados han vivido del Estado”.
Para su financiamiento, el Gobierno plantea un aporte patronal del 3%, un aporte laboral del 0,5%, el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes) y el aporte de personas dependientes y naturales con altos ingresos (arriba de Bs 13.580).
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, explicó que en base a los cálculos realizados, el sector patronal (empresarios privados y Estado) harán un aporte de Bs 900 millones el primer año.
“El aporte de los empresarios va a ser de Bs 450 millones y del Estado, el restante 50%”, precisó el funcionario público en el programa El Pueblo es Noticia de la red Patria Nueva.
Respecto al aporte estatal, Guillén dijo que el mayor empleador del país es precisamente el sector público (ministerios, prefecturas, municipios, entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas estatales, entre otras).
El vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó el pasado 14 de mayo que “el aporte patronal para el fondo solidario representa un gasto anual de Bs 3.000 millones”, lo que “supone un impacto directo para el sector productivo nacional”.
Según la propuesta gubernamental, los trabajadores aportarán con el 0,5% de su salario para el fondo solidario. Sobre el cálculo que se hizo para el aporte patronal (3% del total de la planilla de sueldos, lo que equivale a Bs 900 millones), el descuento del 0,5% representaría Bs 150 millones.
El proyecto de ley dispone, además, que las personas que ganan por encima de Bs 13.580 aportarán con el 1% de su sueldo menos la diferencia de 20 salarios mínimos nacionales (SMN). De igual forma, a los que ganan más de 27.160 se les descontará el 5% menos la diferencia de 40 SMN.
Actualmente, el Gobierno ya aplica un descuento del 10% a trabajadores cuyo salario supera los Bs 40.740 (60 SMN), para financiar la renta mínima de jubilación. Guillén dijo que al mes se recauda aproximadamente Bs 2 millones.
Empresarios aportaban 5,5%
Antes de la vigencia de la Ley 1732, aprobada durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), los empresarios hacían un aporte del 5,5% al sistema de reparto.
“Cuando se hizo la reforma de la Ley de Pensiones, el año 1996, los empresarios aportaban el 5,5%. Luego viene la Ley 1732 y de pronto les quita ese aporte que hacían”, señaló el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.
Añadió que la reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada “benefició a los empresarios”.
“Lo que nosotros estamos haciendo es reponer una parte, ni siquiera el 5,5%, sólo el 3% de lo que aportaban anteriormente”, sostuvo Guillén.
También criticó a los que se oponen a la nueva Ley de Pensiones y les dijo que no es bueno “satanizar la administración pública ni santificar la administración privada”. “Son 20 años de neoliberalismo donde los empresarios privados han vivido del Estado”.
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