Empresarios piden congelar salarios: “Con un salario mínimo de Bs 2.500, el costo real se eleva a Bs 3.700”

 En medio de una creciente incertidumbre económica y energética, el sector industrial boliviano expresó su profunda preocupación ante el inminente anuncio del incremento salarial por parte del Gobierno. Pablo Camacho, vocero de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), advirtió que un aumento del 20% en el salario mínimo nacional podría ser "insostenible" y generar una ola de cierres de pequeñas y medianas empresas, afectando gravemente el empleo formal.

El sector industrial advierte que un aumento del 20% en el salario mínimo agravaría el desempleo y podría provocar una espiral inflacionaria en un país afectado por la escasez de divisas, la crisis energética y el estancamiento económico.

“Hoy, con un salario mínimo de Bs 2.500, el costo real para el empleador se eleva a Bs 3.700, considerando cargas sociales, como: aguinaldos, vacaciones, horas extraordinarias y antigüedad”, explicó Camacho en una entrevista emitida la noche del martes en un canal de televisión.

Agregó que un incremento de 500 bolivianos llevaría el salario mínimo a 3.000 bolivianos, lo cual —según el empresario— muchos sectores no podrán sostener.

Camacho afirmó que el país atraviesa una “crisis de gemelos”: una crisis económica reflejada en un crecimiento proyectado de apenas 2,1% para 2024 —frente al 3,2% de 2023— y una crisis energética marcada por la escasez de combustibles y largas filas para abastecerse.

Además, alertó sobre el incremento del tipo de cambio paralelo, que ya supera los 11 bolivianos por dólar, frente al tipo de cambio oficial de 6,96. Esto ha deteriorado la competitividad de las industrias, que dependen de importaciones para producir.

El líder empresarial también hizo referencia a los efectos colaterales que tendría un alza salarial en este contexto: “Podría generar una peligrosa espiral inflacionaria y mayor informalidad laboral. Muchas empresas ya están considerando despidos o cierres definitivos”, afirmó. 

“Estamos viendo cómo se multiplican los locales en alquiler en La Paz, El Alto, Santa Cruz y otras regiones. La crisis ya no es un discurso político, se vive en las calles”, añadió.

Camacho lamentó que, hasta la fecha, no se haya convocado a una reunión tripartita entre empresarios, trabajadores y Gobierno. “Este diálogo debió comenzar en enero. No puede ser que lleguemos a una instancia donde la decisión ya esté tomada, y solo se nos convoque para una foto”, criticó.

También cuestionó el rol de la Central Obrera Boliviana (COB), promotora del incremento salarial de hasta un 20%, y les pidió “la misma energía con la que exigen aumentos” para luchar contra el contrabando, defender la producción nacional y promover el consumo de lo hecho en Bolivia.

“Hoy no es momento de priorizar la ideología sobre la economía. Es momento de preservar empleos y fortalecer la industria. Un incremento salarial irresponsable podría ser el error que termine de asfixiar al sector productivo formal”, dijo.

El Gobierno boliviano y la COB se preparan para anunciar en las próximas semanas el porcentaje definitivo de incremento, que tradicionalmente se oficializa el 1 de mayo, Día del Trabajador. Mientras tanto, el sector empresarial espera una apertura al diálogo que permita evaluar alternativas menos riesgosas para el ya golpeado aparato productivo nacional.

Salario mínimo y productividad: el desbalance del alza salarial

 La Central Obrera Boliviana (COB) ha propuesto para 2025 un incremento del 20% en el salario mínimo nacional. Esta demanda se presenta, por un lado, como una compensación a la inflación observada el año 2024 y, por otro, como una demanda por parte de los trabajadores por mejores condiciones, pero omite una realidad económica fundamental: no se puede decretar riqueza por ley.

En un país con baja productividad, altos niveles de informalidad y un mercado laboral profundamente distorsionado, subir el salario mínimo sin sustento técnico puede generar más daño que beneficio. 

Bolivia ya se ubica entre los países con mayores distorsiones en el mercado laboral de América Latina. De acuerdo con el Centro de Estudios Populi, el salario mínimo legal en 2025 alcanza los 431 dólares mensuales, mientras que el costo laboral mínimo —es decir, lo que realmente paga el empleador incluyendo beneficios sociales, aportes e indemnizaciones— se eleva a 565 dólares. Esto significa que el empleador paga un 31% adicional sobre el salario base por cada trabajador contratado formalmente. 

Desde una perspectiva económica, lo relevante no es cuánto se paga, sino cuánto se paga en relación a lo que se produce. Para aproximarnos a este análisis utilizamos el PIB per cápita mensual como proxy de la productividad media del trabajador, una herramienta que, si bien no mide productividad sectorial directa, permite establecer relaciones comparativas razonables entre países.

En el caso boliviano, la productividad mensual estimada es de 308 dólares, muy por debajo del costo laboral mínimo de 565 dólares. En otras palabras, el empleador está obligado por ley a pagar casi el doble de lo que produce el trabajador promedio. 

 ¿Más salario mejor vida? 

No necesariamente. De hecho, los datos comparativos muestran que no existe una relación directa entre salarios mínimos altos y un mayor ingreso per cápita. Países como Brasil o México, con salarios mínimos más bajos que Bolivia, presentan niveles de vida significativamente más altos. 

“Bolivia tiene un salario mínimo alto en proporción a su productividad, pero sigue siendo uno de los países más pobres de la región.” 

Este desajuste estructural no solo reduce los incentivos para mejorar la productividad de la economía nacional, sino que expulsa trabajadores del mercado formal hacia la informalidad y la precariedad. 

Informalidad 

La teoría económica y la evidencia empírica coinciden: cuando el costo laboral mínimo supera la productividad, se dispara la informalidad. En Bolivia, más del 80% de la fuerza laboral es informal, lo que significa que millones de trabajadores están fuera del sistema de seguridad social, no tienen acceso a derechos laborales y quedan al margen de la protección institucional. “Bolivia está entre los países con mayor informalidad laboral, correlacionada con su altos costos laborales. 

Un impacto desigual 

Más allá de los promedios nacionales, el impacto del aumento salarial varía profundamente entre sectores económicos. En 2024, el salario mínimo real aumentó un 3,73%, mientras que la productividad media cayó en la mayoría de los sectores clave.

La productividad media de los trabajadores en el sector de Electricidad, Gas y Agua cayó un 19%, generando una diferencia insostenible frente al alza salarial.

Industria manufacturera (-10,9%) y Administración pública y servicios sociales (-7,5%) también registraron retrocesos preocupantes. Agropecuaria, que concentra una gran parte del, retrocedió un -3,7%.

Solo sectores como Minería (+10,9%), Transporte (+8,7%) y Construcción (+6,0%) mostraron mejoras en productividad que podrían justificar un aumento salarial, aunque emplean a una fracción limitada de la población.

Este análisis evidencia que una subida uniforme del salario mínimo ignora las dinámicas reales del aparato productivo, afectando más severamente a los sectores menos dinámicos, donde justamente se concentra el empleo de los trabajadores más vulnerables.

Impacto del 20%

Un incremento adicional del 20% en el salario mínimo, como el que se ha planteado para 2025, tendría consecuencias predecibles:

Habría un aumento de la informalidad: más trabajadores quedarán fuera del sistema formal al no poder competir con el nuevo umbral legal.

Se daría un desempleo y rotación forzada, pues las empresas con márgenes bajos no podrán sostener la planilla formal.

Se tendría que hace frente a un encarecimiento de los bienes, aunque en algunos sectores no transables (como restaurantes o peluquerías) el aumento puede trasladarse al consumidor, en sectores expuestos al comercio internacional el efecto será la destrucción de la producción nacional.

Conclusión

En una economía con baja productividad, enfrenta una subida de costos sobre todo de insumos para la producción importantes y emplea informalmente, la prioridad no debe ser subir el salario mínimo por presión política, sino crear condiciones para que aumente la productividad y se reduzcan las barreras al trabajo formal.

Elevar el salario mínimo sin productividad es como construir un edificio sobre cimientos de arena: se derrumba por su propio peso. Bolivia necesita un debate serio y responsable sobre cómo generar empleo productivo, y no repetir recetas populistas que ya han fracasado en la región.

CIFRAS DEL TEMA

2.500. Es el salario mínimo nacional vigente en el país. Se espera para esta gestión un nuevo incremento.

3,24%. Es la inflación acumulada entre enero y febrero de la presente gestión, según datos del INE.

Mitos y Realidades: La Verdadera Situación de los Reglamentos Internos de Trabajo

 Los Reglamentos Internos de Trabajo han sido, y continúan siendo, herramientas esenciales para la gestión efectiva de las relaciones laborales. Sin embargo, persisten dudas acerca de su validez y utilidad en el marco legal vigente, muchas veces alimentadas por la desinformación.

Al asesorar a clientes sobre despidos justificados o la implementación de políticas internas de gestión de personal, siempre subrayo la importancia del Reglamento Interno como punto de partida. A menudo, las respuestas reflejan confusión: "Teníamos uno aprobado, pero ya no tiene validez" o "¿No estaban prohibidos?". Estas percepciones erróneas tienen su origen en interpretaciones equivocadas de la normativa laboral actual y declaraciones inexactas de ciertos personeros del Ministerio de Trabajo.

Para entender esta problemática, es necesario remontarse al año 2009. Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el Ministerio de Trabajo enfrentó el desafío de procesar tanto nuevas solicitudes de aprobación de Reglamentos Internos como proyectos de adecuación de aquellos ya aprobados. Esto generó una sobrecarga administrativa, intensificada por la presión de la Central Obrera Boliviana, que cuestionaba la falta de su consentimiento en estos procesos.

Como respuesta, la Resolución Ministerial (R.M.) 737/09, del 29 de septiembre de ese año, instruyó el cese de las actividades administrativas de aprobación de nuevos Reglamentos. Posteriormente, la R.M. 576/15 del 25 de agosto, declaró sin efecto los Reglamentos previamente aprobados, salvo aquellos que otorgaran derechos más favorables a los trabajadores. Esta medida causó malestar, especialmente en sectores como el financiero, que consideraban estos reglamentos indispensables para garantizar el orden interno y la seguridad jurídica.

Ante numerosos recursos de revocatoria interpuestos por parte de los empleadores, el Ministerio de Trabajo emitió la R.M. 728/15 del 6 de octubre, que revocó la resolución previa y ratificó que, aunque el Ministerio no aprobaría nuevos reglamentos, los existentes seguían siendo válidos y fundamentales, siempre que respetaran los derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución y la normativa laboral vigente.

En este contexto, los Reglamentos Internos de Trabajo son herramientas indispensables para la gestión ordenada y efectiva de las relaciones laborales y garantizan claridad en las obligaciones y derechos tanto de empleadores como de trabajadores. Por ello, se recomienda a los empleadores que aún no cuenten con un Reglamento Interno que lo implementen; y, aquellos que ya disponen de uno, deben asegurarse de adecuarlo al marco legal vigente, reflejando las particularidades de su organización.