Señaló que la deficiencia en temas educativos, cultura y disciplina, en el país, representa un impedimento para el desarrollo de las capacidades de los jóvenes, que son vulnerables y desvalorizados, por una competitividad impulsada por la sobrevivencia.
Es necesario que los empresarios –dijo– conozcan las necesidades que tiene la juventud, que tiene otro tipo de requerimientos; además de instruirse en un área específica se le exige una labor adicional, debido al espacio laboral reducido en las empresas.
Cada año hay entre 14.000 y 21.000 profesionales nuevos en Bolivia, razón por la que los jóvenes se encuentran enfrentados para ingresar al campo laboral. “Tenemos tal cantidad de profesionales que el sector empresarial no puede atender la demanda”, manifestó.
En 2017, según datos del INE, la tasa de desempleo juvenil en el país llegó 6,67 %, frente al 18,3 % de la región latinoamericana.
La imposibilidad de ingresar al mercado laboral tiene que ver con el ámbito académico, los jóvenes no pueden cualificarse en su área, porque la instrucción no responde a los requerimientos de los empleadores y los cursos superiores son inaccesibles económicamente, más aún para los jóvenes.
Indicó que si bien el Gobierno ofrece fuentes laborales, a través de bolsas de empleo, una mínima parte de la población juvenil es beneficiada, detalló que de 25.000 postulantes sólo 1.500 accedieron al beneficio.
Manriquez reveló que en el ámbito laboral aún existe discriminación de género, puesto a que las mujeres continúan siendo relegadas en el ámbito laboral.
Un encuentro de jóvenes y empresarios sobre empleabilidad juvenil con participación de 600 jóvenes y 80 expertos entre empresarios, autoridades de Gobierno, autoridades del municipio, emprendedores, representantes de ONG‘s, ente otros, determinaron que los jóvenes carecen de apoyo, información y educación para impulsar el emprendimiento.
La coordinadora del evento y voluntaria del Centro de Estudios y de Cooperación Internacional (Ceci), manifestó que aún existe una brecha entre lo que necesita el mercado laboral y el adiestramiento de los nuevos profesionales.
En este sentido, demandaron a las autoridades e instituciones públicas que se desarrolle, en el menor tiempo posible, políticas públicas de empleabilidad juvenil. Donde se incorpore a la sociedad el conocimiento de los derechos y deberes referidos al empleo.
Además, que los jóvenes sean parte organizadora de futuros eventos, por medio de la sociedad civil y el Estado, para que de esta manera se pueda tener un horizonte claro de reivindicación de sus capacidades y derechos.
Finalmente que la educación impulse a los jóvenes a desarrollar sus talentos y capacidades para contribuir al desarrollo del país.
EN LA REGIÓN
Cifras de la OIT revelan que para América Latina y el Caribe las tasas de desempleo juvenil en 2017 alcanzan el 18,3 %, y que las proyecciones para 2018 indican que seguirá subiendo.
En la región, según ese mismo reporte, de 108 millones de jóvenes que trabajan hay un 20 % de entre 15 y 24 años que estaría desempleado, en tanto que unos 28 millones se encuentran trabajando en el sector informal.
También hay otros 22 millones de jóvenes latinoamericanos que no estudian ni trabajan, con un 70 % que son mujeres que no pueden hacer una cosa ni la otra, “porque tienen que ocuparse de tareas familiares no pagadas”.
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