Los derechos laborales, garantías del debido proceso, derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y afectación a la integridad física, figuran entre los casos más denunciados en la Defensoría del Pueblo en la gestión que concluye.
La Defensoría, recibió 13.662 quejas y denuncias de enero a diciembre de este año, de las cuales admitió y gestionó, 11.163, según informó su titular, David Tezanos.
Expuso que la mayoría de atenciones se refieren a la vulneración de derechos laborales; garantías del debido proceso y acceso a la justicia; petición y respuesta; propiedad privada y patrimonio; derecho a la educación; derechos de las personas adultas mayores; de la niñez y adolescencia; de las mujeres; e integridad física, entre otros.
De acuerdo a los datos preliminares, las instituciones con mayor cantidad de denuncias son los Gobiernos municipales de El Alto, La Paz, Cochabamba y otros que suman un total de 1.074 denuncias.
PERSONAS
Contra personas particulares, por casos de violencia, que registran 1.030 casos; en tanto que las Direcciones Departamentales de Educación de La Paz, Oruro, Tarija reportaron 630; la Policía Boliviana con 486 quejas en diferentes oficinas y unidades; Fiscalía General con 445; Órgano Judicial con 411; Servicios Departamentales de Salud de La Paz, Cochabamba, Oruro y otros, con 257; Gobiernos Departamentales de Tarija, La Paz, Santa Cruz y otros con 188.
El Defensor del Pueblo informó que de los casos que se admitieron y gestionaron, se atendieron y concluyeron 7.244, lo que representa un 64,89%.
A esa lista se suman otras denuncias contra organizaciones indígena originaria campesina (173); Ministerio de Educación (146); Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) (135); Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) (110); Dirección General de Régimen Penitenciario (108) y Caja Nacional de Salud (105).
CASOS PREOCUPANTES
“Han habido casos muy preocupantes, como el caso minero en agosto pasado o el del municipio de Mapiri en noviembre, en los cuales alarma la práctica recurrente toma de rehenes o secuestros de autoridades, que pueden terminar en hechos lamentables, como el caso del Viceministro Rodolfo Illanes, lo cual fue una lección muy dura de la cual tenemos que aprender”, manifestó.
CAMPAÑAS
La Autoridad Defensorial planteó la necesidad de trabajar en campañas de sensibilización y en la creación de una red de gestión de conflictos a nivel nacional, con la participación de diferentes instancias del Estado, a nivel de gobiernos departamentales, municipales, Ministerios, Ministerio Público, Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo y otras instituciones, que trabajan en la temática, para generar un sistema de monitoreo y alertas tempranas, de modo que se prevengan y gestionen los conflictos antes que lleguen a episodios violentos.
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