Día del Trabajo tendrá dos celebraciones: una con Evo Morales y marcha de la COB

El Día del Trabajo tendrá mañana miércoles dos celebraciones en La Paz con participación del presidente Evo Morales, y una marcha de protesta organizada por la Central Obrera Boliviana (COB).

El primer acto del presidente Morales será en la Plaza Murillo a las 08:00 horas y trascendió que anunciará un incremento mensual de 50 bolivianos en la Renta Dignidad, beneficio que se paga a todas las personas a partir de los 60 años y que alcanza a 2.400 bolivianos al año (200 por mes).

Con el incremento de 50 bolivianos el beneficio subirá a 3.000 bolivianos, 600 más que en la actualidad. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, informó que el presidente Morales, por otra parte, promulgará el decreto supremo sobre aumento salarial. El nuevo sueldo mínimo nacional subirá de 1.000 a 1.200 bolivianos y el incremento salarial será de ocho por ciento.

El segundo acto de celebración del Día del Trabajo se realizará la tarde de mañana en el nuevo coliseo deportivo que se construyó en la ciudad de El Alto donde habrá presentación de varios grupos musicales como María Juana, Kalamarka, Los Kjarkas entre otros.

El ministro Santalla en días pasados hizo conocer que la Central Obrera Departamental de Santa Cruz invitó al presidente Morales a participar de la tradicional marcha por el Día del Trabajo. No se confirmó si el mandatario asistirá a ese evento.

Pero el acto de los trabajadores será con la marcha obrera que comenzará en la ex estación y recorrerá varias calles y avenidas de La Paz, y culminará con un mitín en la Plaza San Francisco donde habrá discursos de Juan Carlos Trujillo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros dirigentes sindicales.

"Hoy los trabajadores unidos somos la fuerza combativa, y estamos de pie ante toda injusticia", destaca la comunicación de la COB sobre la marcha del Día del Trabajo.

El comité ejecutivo cobista instruyó "a las CODs y CORs se concentren y marcharán según su orden orgánico".

Alza salarial para sector público se conoce hoy

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que el presidente Evo Morales anunciará hoy el aumento salarial que se dará a los funcionarios públicos. La autoridad añadió que el monto será cercano al 8%.

“Mañana (hoy), el presidente (Evo Morales) va a anunciar el incremento salarial para el sector público. El ministro de Economía (Luis Arce) está afinando los detalles del porcentaje que posiblemente puede ser cercano o un poco menos al 8%”, afirmó el funcionario.

La autoridad explicó que la noticia que dará a conocer el Primer Mandatario este miércoles será en el marco de los actos de celebración por el Día Internacional del Trabajo. El año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas implementó en el sector público estatal la escala salarial maestra, por la cual ningún funcionario puede ganar un salario inferior a Bs 2.000.

El 4 de abril de 2012, a través del Decreto Supremo 1186, el Gobierno niveló el sueldo de los servidores públicos de los 20 ministerios del Ejecutivo en una escala salarial maestra de 26 niveles. En esa oportunidad se otorgó un incremento salarial de 7% a los empleados de las entidades estatales. El ministro Santalla calificó como justo el otorgar un alza salarial a este sector. “Esos trabajadores merecen un aumento salarial como los demás compañeros trabajadores”.

Los menores integran las estadísticas laborales

Los obreros de todo Bolivia se aprestan a vivir un nuevo 1 de mayo con matices particulares, especialmente en Santa Cruz, donde se aprueba una ordenanza municipal que a título de protección, busca reglamentar a quienes hacen trabajar a menores de edad. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia argumenta que es inevitable, al menos en nuestro país, que menores trabajen. Mientras el Ministerio de Trabajo asegura que el menor está protegido y hasta los 18 años de edad, no puede ser empleado, más aún en condiciones que exponen su salud física y psicológica. Mientras todo ello sucede la Cod y sus afiliados marchan una vez más, primero esperando que se concrete un anunciado aumento salarial y recordando que son uno de los brazos fuertes que está presente en la economía boliviana.

En Bolivia los niños trabajan. En Bolivia la realidad golpea duro a miles de niños que desde temprana edad se ven obligados a dar una mano a sus padres, por ello descuidan sus estudios para aportar económicamente en sus hogares. Es el caso de Mario, nombre ficticio para proteger la identidad del niño, comenta cómo su padre le enseñó a manejar el machete, “ahora trabajo por mi cuenta por las mañanas como ayudante de jardinero”, comenta este pequeño, al que encontramos delineando el césped de un lujoso condominio por la zona del colegio Don Bosco, donde los vivientes pasaban junto a él sin percatarse que a esa edad un niño debe estar en el colegio o haciendo sus tareas escolares.

El pasado 12 de abril el Concejo cruceño aprueba un documento que buscar normar, proteger y hacer respetar los derechos de los menores, de 14 años en adelante, se ven obligados a trabajar. El concejal José Castedo, promotor del documento, explica que “buscamos hacer respetar los derechos de los menores que deben trabajar, hacer conocer que tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador”, comenta la autoridad.

“En la zafra cañera se ve muchos menores trabajando y ese es uno de los principales objetivos por los que lucha la Defensoría de la niñez”, relata la licenciada Rossy Valencia, que dirige esta repartición que coordina sus tareas de protección con la comuna y gobernación cruceña.

Los informales. La actividad económica informal es muy grande en Bolivia y durante muchos años los diversos estratos gubernamental han tratado de organizar e incluir a este numeroso grupo laboral que más allá de cuanto se esfuercen trabajando, solo pocos consiguen asegurar un futuro digno. Por ello el gobierno del MAs gestiona la solidaridad entre aquellos que aportan a los fondos de pensiones, para que parte de esas cuotas beneficien a quienes no lo hacen. “El Gobierno busca que los taxistas, comerciantes y gremiales formalicen sus asociaciones para que aporten a un fondo de seguros que les permita jubilarse y tener una renta para sus necesidades básicas”, comenta Aníbal Melgar, director del Ministerio del Trabajo en Santa Cruz.  

Marcha y esperanza de 'regalos' al sector obrero. La Cod es quien encabeza la marcha de los obreros en Santa Cruz y el resto del país, y  el 1 de mayo lo harán desde las 8:30 partiendo de la plazuela del Estudiante con rumbo a la plaza 24 de Septiembre. "No hay mucho que festejar, pero no dejamos de lado la idea de recibir reconocimientos a nuestra lucha de parte del gobierno", cita Iver Peña, cabeza de los obreros en Santa Cruz. Esperan contar con autoridades departamentales y nacionales en este acto simbólico.

Realidad

Escolares
Cambian lápiz por herramientas

Jardinero. Este pequeño deja su hogar en el Plan 3.000 todas las mañanas para llegar al centro de la ciudad, donde trabaja como ayudante de jardinero. Gana 30 bolivianos por jornada, que utiliza para alimentarse, vestirse y ayudar a su madre. Su padre, que es albañil, le enseñó a trabajar para que pueda estudiar.

Sacrificio

Lavanderos
Trabajar 10 horas para ganar Bs 30

Tenacidad. Este joven comenta que no tiene recursos para estudiar y a sus 20 años no conoce una universidad; sin embargo, sabe que tiene que alimentarse y vestirse, por ello lava autos en el ingreso al Plan 3.000, donde gana 30 bolivianos por día, e invierte 12 en sus utensilios de trabajo.

Sacrificio

Salud
Trabajar a 14 bajo cero

Hielo. En la fábrica de hielo Oriental los obreros deben soportar temperaturas muy bajas en la cámara de refrigerado donde depositan el hielo  que procesan en grandes máquinas industriales. Mientras afuera el sol quema la piel, dentro de estos ambientes el frío paraliza.

Homenaje

Desgracia
Morir cumpliendo su trabajo

Caído. El pasado 20 de febrero del 2013, pasada las 12:30 y en plena plaza 24 de Septiembre, muere Mario Cuéllar García (23), mientras instruía a un colega sobre sus quehaceres en el banco donde realizaba las tareas de mensajero. Un delincuente le dispara a quemarropa, perdiendo la vida en el acto.

''Estamos trabajando un acuerdo con los agricultores para que formalicen a sus trabajadores. Este sector es el que menos beneficios brinda a sus obreros''.

Aníbal Melgar
Director del Trabajo

''Es increíble saber que a estas alturas los empleadores siguen sin respetar las leyes laborales.  Se debe modificar la Ley General del Trabajo''.

Iver Peña 
Ejecutivo de la COD

El empleo juvenil en Bolivia es precario y sin beneficios sociales

La mayor parte de los jóvenes trabajadores bolivianos tiene un empleo precario porque está ocupado en sectores informales, el 61% (servicios, comercio), y en el rubro de la producción, el 17%. Además, no gozan de beneficios sociales ni de estabilidad y, por tanto, generan salarios por debajo del mínimo, hoy Bs 1.200.

Los datos corresponden al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), pero otros dos expertos en la materia coinciden en que las fuentes de empleo para los jóvenes en el país son precarias. Bruno Rojas, investigador del CEDLA, afirma que las personas entre 15 y 35 años de edad con un trabajo se exponen a la explotación, discriminación salarial, desconocimiento de sus derechos laborales y desprotección.

José Ballesteros, director de Planificación del Ministerio de Trabajo, explica que la inserción laboral de jóvenes profesionales en puestos ajenos a su formación académica o técnica, por periodos largos, se considera “subempleo”. Recuerda que Bolivia tiene medio millón de universitarios en edad de trabajar y sugiere que ese “potencial” se canalice en una estrategia laboral conjunta, entre Estado y privados, para erradicar la pobreza.

Rodolfo Eróstegui, director de la Fundación Labor, advierte que “en casi todas las empresas hay pasantes ingenieros, abogados, que hacen una especie de servicio civil sin que exista la obligación legal de recibir una remuneración”. Rojas agrega que siete de cada diez jóvenes consiguen empleos inestables o eventuales, lo que causa inestabilidad general, misma que afecta al 50% de la población.

El director ejecutivo del Inaset, Enrique Velasco, plantea “resolver primero el empleo para toda la familia”. La única forma, dice, es fomentar el desarrollo productivo, “creando fuentes de trabajo en ese sector para elevar la productividad”.

Proyección de la OIT

Para la OIT, la tasa de desempleo de los jóvenes en América Latina se mantendrá estable hasta 2017 en 14,7%, frente al 14,6% de 2012. La crisis laboral permanecerá.

Jóvenes profesionales, los más afectados por la crisis laboral

Tener una formación académica no garantiza la inserción laboral. Cada año egresan y/o se titulan 170.000 universitarios en Bolivia y el 47% no consigue un empleo. Los profesionales hacen pasantías por un certificado que engrose su currículo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos y más de 75 millones de personas entre 15 y 25 años de edad en el planeta están en busca de un trabajo. El desempleo de los jóvenes se ha triplicado con relación al de los adultos. En 2012 llegó al 12,6%, revela el reciente informe.

En Bolivia, el fenómeno no es ajeno y muestra el mismo comportamiento. Lo admite el director general de Planificación del Ministerio de Trabajo, José Ballesteros Coca, quien va mas allá y afirma que “quienes cuentan con mayor grado de formación académica, contradictoriamente, son los que enfrentan mayores dificultades para una adecuada inserción laboral”.

Trabas. Ballesteros explica que diferentes estudios respaldan que este sector, o sea los jóvenes con formación académica, tardan más tiempo en hallar un empleo en las áreas de su formación, e indica que las empresas prefieren contratar a egresados que a titulados (para tener menos gastos y responsabilidades sociales), y que además su experiencia laboral es poco valorada.

Rodolfo Eróstegui, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Laboral (Labor), subraya que los profesionales, al no poder conseguir una contratación, optan por hacer una pasantía gratuita en cualquier institución sólo para obtener un certificado que acredite que prestó servicios y, por tanto, posee un plus para “internarse” al mercado laboral. “Ésa es la principal forma de explotación laboral que están adoptando las firmas privadas y públicas”, opina. En su criterio, éstas se constituyen, de a poco, en “una escala más” en la formación profesional.

Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), complementa que existe un gran divorcio entre la oferta y la demanda de profesionales en el mercado. Lamenta que si bien el 95% de los jóvenes mejoró su formación, la mayoría está desempleado o subempleado, muchos en áreas distintas a su formación, o sea no ejercen su profesión.

Cita un estudio de la Fundación para la Producción (Funda Pró) realizado en 2011, que reveló que cada año egresan y/o se titulan 170.000 estudiantes en las universidades públicas y privadas del país, y que sólo 80.000 consiguen ser contratados (53%); el resto (47%) permanece desempleado, subempleado o crea negocios propios por necesidad, más que por oportunidad.

Refiere también que en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se estableció una tasa de desempleo juvenil abierto (entre 15 y 24 años) del 14,5%, es decir que son 58.000 los desocupados en este segmento de la población

Ballesteros y Eróstegui coinciden en que, al momento, el número de jóvenes sin trabajo se acerca a los 60.000. Para Rojas, la cifra es alarmante porque es de “economías en crisis”, y hace notar que es más alta que la tasa general de desempleo, que llega al 7,9%. Ballesteros no comparte el dato y precisa que la Tasa de Desempleo Abierto Urbano (TDAU) alcanzó al 3,84% en 2011.

El CEDLA insiste en que dicho porcentaje no es real, y aunque reconoce los esfuerzos del Gobierno por mejorar la situación laboral, advierte que “los impactos son mínimos”.

La administración gubernamental encaró en 2010 el programa “Mi primer empleo digno”, financiado con Bs 11 millones y con el objetivo de mejorar la situación laboral de los jóvenes e insertarlos en empleos seguros y estables. Hasta abril de 2010, el total de beneficiarios en la primera fase fue de 2.565, 1.367 mujeres y 1.198 hombres.

En 2011 se proyectó capacitar a 4.000 más en La Paz, El Alto, Potosí, Sucre, Santa Cruz y Tarija, con recursos del Banco Mundial. Para 2012 se lanzó el “Plan de apoyo al empleo” que apunta a la inserción de profesionales y técnicos en empresas privadas con el apoyo del Gobierno.

En términos generales, Ballesteros destaca la disminución del desempleo en el país y lo atribuye “al buen momento económico que atraviesa el país”.

Ante este panorama, el director del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), Enrique Velasco, observa que el 80% del empleo general es “autogenerado” (cada quien crea su fuente laboral); y que la economía no tiene el dinamismo para desarrollar ocupaciones dignas, más bien —dice— el empleo está en actividades de baja calidad como en los sectores de servicios y comercio con ingresos insuficientes, condiciones que afectan sobre todo a los jefes de familia.

“Si no hemos logrado resolver el problema del empleo para el jefe del hogar, mucho menos podremos avanzar en beneficio de los jóvenes y las mujeres”, afirma Velasco y además cuestiona la idea de atacar la crisis del empleo por estratos (jóvenes, mujeres o niños), lo que en su criterio no resuelve el problema de fondo que es el trabajo en general.

Propone la generación de fuentes de trabajo a través de medios productivos “porque nuestra economía sólo es extractivista de recursos naturales.

Ballesteros comparte cifras de la Encuesta Integrada de Hogares 2009, misma que arroja datos sobre la relación estudio-ocupación. De los 442.478 universitarios matriculados en ambos sistemas (público y privado) a 2011, casi seis de cada diez se dedicaban exclusivamente a estudiar (58%) y cuatro estudiaban y trabajaban (42%). La autoridad resalta que en el grupo de quienes combinan ambas tareas, 72% desarrollaba actividades laborales de carácter asalariado y el resto (28%) trabajaba, pero no tenía remuneración económica.

Velasco sugiere salvar cuatro obstáculos para crear empleo de calidad: generar mercado, políticas públicas, institucionalidad y una cultura productiva. Advierte con no dejarse llevar con el denominado “emprendimiento”, que el vender un ramito de manzanilla o producir cualquier objeto a través de micro y pequeñas empresas (mypes) signifique tener un buen empleo.

CoopArt da un empleo digno a personas con discapacidad

La Cooperativa del Arte (CoopArt) es una institución que fomenta la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante tres actividades productivas: trabajo en mosaico, fabricación de sillas de ruedas y repostería.

La región de Montecillos en Tiquipaya alberga un pequeño taller en el que 21 personas trabajan de manera diaria para solventar sus gastos.

La actividad laboral se inicia al promediar las dos de la tarde y si hay muchos pedidos -ocasionalmente- a primera hora de la mañana. En principio, los empleados -que en su mayoría están marcados por alguna discapacidad física- se dividen en tres grupos, según sus habilidades.

Una de las tres áreas es “Mosaicos”. El equipo de artesanos empíricos que pertenece a este grupo está guiado por un coordinador, Ponciano Pedroza, quien enseña a elaborar espejos, joyeros, portavasos, mesas de jardín, entre otros.

“Lo que producimos lo vendemos a comerciantes del pasaje artesanal del correo”, señaló el presidente del Consejo de Administración de CoopArt, Ramiro Salazar.

Paralelamente, el segundo grupo repara sillas de ruedas de algunos centros de salud colindantes al municipio de Tiquipaya y recientemente incursionó en la fabricación de las mismas.
NECESIDADES Ambas actividades eran pioneras para esta entidad cooperativa, sin embargo, ante la necesidad de generar mayores ingresos, hace poco incorporaron el área de repostería.

“No tenemos un mercado amplio a falta de materia prima. Por ejemplo, los productos de repostería los vendemos sólo cuando la alcaldía nos hace pedidos de refrigerio”, lamentó Salazar, a tiempo de solicitar el respaldo de la población a través de material de escritorio y equipos para montar una oficina.
“Unidos por nuestras diferencias”, un lema de desarrollo mutuo
El desempleo era denominador común en la zona de Montecillos (Tiquipaya) hace seis años. Por ello, la entidad denominada Desarrollo de Cooperativas Sociales de Trabajo (Decoopso) y la ONG Sueca “My Right” fundaron CoopArt con cinco miembros.

A partir de ese año, las actividades artesanales de los miembros estaban regidas por principios cooperativos de ambientación democrática, oportunidad de trabajo, solidaridad colectiva, entre otros.

Más allá de sus principios, la cooperativa se distingue por el respaldo que brinda a gente desempleada.

Sin embargo, estas personas corren el riesgo de quedar sin su fuente laboral si las autoridades no solucionan una dificultad latente, la falta de instalaciones propias.
En números.
3.000
Bolivianos percibe de manera mensual CoopArt y el monto total es repartido entre los socios de la entidad.
5
Socios integraban inicialmente CoopArt. Sin embargo, seis años más tarde de su fundación, la entidad está conformada por 21 miembros.
50
Bolivianos debe aportar una persona para afiliarse a CoopArt. A falta de ingresos económicos, los actuales miembros no cancelan ningún monto periódico.
2
Personas integran la directiva de la Cooperativa. En principio está el presidente del Consejo de Administración, Ramiro Salazar, después de él viene María Gutiérrez, presidente del Consejo de Vigilancia.
3
Responsables de área tiene en la actualidad CoopArt. El que dirige el sector de Mosaicos es Ponciano Pedroza, el encargado de la fabricación de sillas de ruedas es Esteban Saca. Finalmente, Celia Amurrio es la responsable de repostería.

4
Carencias tiene en la actualidad CoopArt: la falta de ambientes propios, la segunda es la ausencia de un sistema de seguridad industrial.

Una tercera dificultad que enfrenta es la falta de equipamiento y, por último, les urge un medio de transporte.

Más derechos laborales cada año, pero menos personas que los gozan

Entre 2004 y 2005 el salario mínimo estuvo congelado y los incrementos para los sectores de educación y salud siempre estuvieron por debajo del índice de inflación. A partir de 2006 (cuando ascendió al poder Evo Morales), la nueva administración hizo aumentos mayores a la pérdida del valor adquisitivo en el intento de subsanar el desequilibrio. Según el análisis de esta edición, la intención es buena, aunque el alcance de los derechos que rigen a favor de los trabajadores —incluidas las alzas salariales— es cada vez menor a causa del alto porcentaje de trabajadores en la informalidad (cuentapropistas o subempleados).

“Debemos admitir que cerca del 65% de los trabajadores pertenece al sector informal; son trabajadores que no tienen una relación obrero-patronal, cuentapropistas. Éstos no tienen los mismos derechos que los trabajadores formales”, afirma Daniel Santalla, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Este grupo mayoritario no está al amparo de la Ley General del Trabajo (LGT) ni goza de las diferentes resoluciones ministeriales y decretos supremos promulgados desde 2006 en beneficio de los trabajadores formales.

Rodolfo Eróstegui, gerente general de Labor Consultores & Asociados, una institución dedicada a promover la discusión sobre el rubro, coincide al decir que cada vez hay más derechos laborales, aunque paulatinamente hay menos personas que puedan ejercerlos.

El 10 de abril, el Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 1549, que establece un aumento del 20% al salario mínimo nacional (SMN) y 8% al salario básico, después del acuerdo del 5 de abril entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). El SMN se incrementará de Bs 1.000 a Bs 1.200 desde abril.

El Gobierno reporta un incremento del salario mínimo nacional de 127,3% entre 2006 y 2012. El dato es contrastado por una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que dice que el poder adquisitivo sólo mejoró 35% debido a la inflación de ese periodo.

Los trabajadores incluidos en la LGT son los empleados de las empresas privadas y los públicos descentralizados (los de las estatales hidrocarburíferas, la minería estatalizada, los de la seguridad social, los de servicios de caminos dependientes de las gobernaciones y, desde hace poco, los empleados municipales). No están incorporados en la norma los trabajadores informales, cuentapropistas y los empleados del sector público dependientes del nivel central del Estado.

Silvia Escóbar, investigadora especializada en temas laborales del CEDLA, afirma que “se ha dictado un conjunto de normas desde 2006 para abrogar el 21060 y favorecer las condiciones de trabajo. Sin embargo, una cosa es la ley y otra la realidad”.

Los derechos establecidos desde 2006 son, entre los más importantes, la devolución de la estabilidad laboral; la inamovilidad de empleados con hijos menores a un año; el fuero sindical, que se elevó a rango constitucional; la despenalización de la huelga; la otorgación de un día libre pagado a las mujeres para sus exámenes de papanicolau y el pago de beneficios a los tres meses de haber sido retirado o haber renunciado un empleado.

No obstante, el CEDLA observa que “siguen aumentando los contratos a plazo fijo, por obra o por servicio” tanto en el sector privado como estatal, que generan inestabilidad laboral. Los trabajadores estables son “un pequeño núcleo privilegiado”, analiza Escóbar. Según la última medición de esta organización no gubernamental, sólo el 20% de los trabajadores tiene un empleo de calidad y el restante 80% tiene un trabajo precario, sin derechos laborales.

La estructura del mercado de trabajo —señala Eróstegui— muestra que el 82% de la población ocupada trabaja en pequeñas unidades en las que no se respetan los derechos laborales y sólo el 18% lo hace en empresas formales que los cumplen. “Hay un grupo muy grande que no goza de sus derechos. Las medidas del Gobierno aumentan la protección del empleado perteneciente a ese 18%, el 82% no está ejerciendo sus privilegios”.

El ministro Santalla admite que los beneficios no llegan a la mayoría de los trabajadores bolivianos. Sin embargo, afirma que se trata de una proporción menor a la que indica Eróstegui: 65% de los trabajadores son cuentapropistas o subempleados sin derechos laborales.

Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, coincide con ambos y se acerca al porcentaje que señala la autoridad sobre el sector asalariado informal. “64% está dentro de la economía informal. Entonces, los incrementos salariales son para pocos; las políticas redistributivas no son suficientes”.

Para saldar esta deficiencia, el especialista propone aprovechar el crecimiento económico con una política de desarrollo, pues “la bonanza económica por la explotación extractiva produce enormes cantidades de recursos fiscales, pero no necesariamente llegan a los bolsillos de la gente”.

Como intento de solución, Santalla menciona que desde los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está “concientizando” a esos trabajadores “para que recurran al seguro social haciendo sus aportes voluntarios para acceder a la protección de corto y largo plazo”.

Para ello —continúa— se ha puesto en ejecución el aporte solidario que en el tiempo beneficiará a quienes se retiren con menores ingresos. Adicionalmente, “se están generando empleos” creando empresas estatales (papel, cartón, envases, lácteos). “Además, a partir del fondo de revolución productiva e industrial (1.200 millones de dólares) se van a generar empleos en el sector, textil, maderero y del cuero”. Afirma que algo similar se está haciendo en las estatales hidrocarburíferas con la construcción de las plantas separadoras de líquidos.

Estatales. Vitaliano Mamani, ejecutivo nacional de los fabriles y dirigente de la COB, también menciona a esta naciente industria estatal boliviana y cuestiona que quienes vayan a ser contratados para trabajar en estas fábricas serán tratados como funcionarios públicos, es decir, que no estarán incluidos en la LGT, lo que eventualmente incrementará el índice de trabajadores que no pueden gozar de los derechos laborales que año tras año ganan los asalariados formales. “El Gobierno está creando empresas estatales de producción; sus trabajadores deben estar bajo la LGT y quieren mantenerlos como servidores públicos. Vamos a exigir que sean incluidos”, sostiene.

Escobar indica que el CEDLA ha observado que los trabajadores de esas empresas están “tanto o más desprotegidos que en las pymes (pequeñas y medianas empresas”.

La nueva Ley General de Empresas Públicas tiene un artículo que indica que sus trabajadores van a ser incorporados en el corto plazo a la LGT, dice Santalla. “¿Por qué no se hace esto inmediatamente? Porque son empresas de reciente creación y en este momento funcionan con la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN). Una vez que se consoliden y tengan utilidades, sus obreros pasarán a la Ley General del Trabajo”, responde la autoridad.

“Para hacer cumplir las normas el Estado debería comenzar en casa”, dice Escóbar, quien cuestiona que los funcionarios públicos del nivel central no estén amparados por la Ley General del Trabajo y sean vulnerables.

Los servidores del aparato central no son parte de la LGT, sino por la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público. “Por el momento, el Gobierno no ha visto la posibilidad de que estos trabajadores públicos sean incluidos a la norma general, ni puedan sindicalizarse”, recalca Santalla. El argumento que sostiene la imposibilidad es que el Estado “no es una empresa privada”.

El crecimiento del producto en los sectores grandes como la construcción y la minería ha sido considerable y “deben ser reconocidos salarialmente”, dice Eróstegui en referencia a la gran empresa. Sin embargo, la mayor alza de salarios se da a “los sectores de menos crecimiento que son las pymes. Se estaría castigando a éstas por no crecer productivamente”, observa.

El Producto Interno Bruto se ha incrementado “por las actividades extractivas y la construcción”; las pymes siguen aportando lo que antes, 17% o 16%, “lo que significaría que hay un castigo a éstas y un premio a las empresas grandes de mayor productividad. Sin embargo, no se está recompensando salarialmente al trabajador de éstas últimas”.

En contraste, el presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia, Óscar Calle, cuestiona que no se respete la Constitución Política del Estado, que establece que para un aumento salarial debe haber una negociación tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores) y debe ser implementada por ley, no por decreto, como se hizo.

El escenario es complejo. Mientras Escobar opina que el tiempo de bonanza económica no ha sido aprovechado, Núñez propone que hay que hacer encuentros entre los sectores involucrados para ligar el crecimiento económico a una política de desarrollo, todo esto cuando la consideración de la nueva Ley General del Trabajo está atrasada.

La eterna demanda salarial de la COB

Desde hace muchos años, la Central Obrera Boliviana (COB) repite una suerte de ritual, seguida de movilizaciones o amenazas de éstas, negociaciones con la administración de turno y un acuerdo muy por debajo de su demanda inicial. Así, los últimos años, los trabajadores sindicalizados pedían incrementos al salario mínimo que superaban los 8.000 bolivianos. Satisfacer esa demanda habría significado un alza mayor al 800% del salario mínimo nacional, aproximadamente. El pedido tampoco fue oído este año.

La investigadora Silvia Escóbar, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cree que esa demanda “es pertinente”. “En Bolivia, los salarios están muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del aporte que hace el trabajador al producto y a la economía”.

Los salarios “no cubren los costos de los bienes y servicios”. Lo que hizo la COB —señala— es una estimación de “una canasta familiar real, no una canasta básica normativa de lo mínimo necesario”. El parámetro de la COB “es el costo real de lo que necesita” una familia tipo de cinco miembros que vive en el país. “Creo que esa demanda debe ser la base, sino se destruirá a la fuerza de trabajo”, dice Escóbar.

Lo que se requiere es una “revolución salarial”, para lo cual hay que asumir que los salarios fijados al inicio de la implementación de las políticas neoliberales eran “muy bajos”, luego fueron congelados y se apunto a una evolución lenta de los mismos para generar una acumulación de capital y mejorar los salarios, lo cual no funcionó. “Esa política neoliberal se ha mantenido”, juzga.