“Debemos admitir que cerca del 65% de los trabajadores pertenece al sector informal; son trabajadores que no tienen una relación obrero-patronal, cuentapropistas. Éstos no tienen los mismos derechos que los trabajadores formales”, afirma Daniel Santalla, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
Este grupo mayoritario no está al amparo de la Ley General del Trabajo (LGT) ni goza de las diferentes resoluciones ministeriales y decretos supremos promulgados desde 2006 en beneficio de los trabajadores formales.
Rodolfo Eróstegui, gerente general de Labor Consultores & Asociados, una institución dedicada a promover la discusión sobre el rubro, coincide al decir que cada vez hay más derechos laborales, aunque paulatinamente hay menos personas que puedan ejercerlos.
El 10 de abril, el Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 1549, que establece un aumento del 20% al salario mínimo nacional (SMN) y 8% al salario básico, después del acuerdo del 5 de abril entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). El SMN se incrementará de Bs 1.000 a Bs 1.200 desde abril.
El Gobierno reporta un incremento del salario mínimo nacional de 127,3% entre 2006 y 2012. El dato es contrastado por una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que dice que el poder adquisitivo sólo mejoró 35% debido a la inflación de ese periodo.
Los trabajadores incluidos en la LGT son los empleados de las empresas privadas y los públicos descentralizados (los de las estatales hidrocarburíferas, la minería estatalizada, los de la seguridad social, los de servicios de caminos dependientes de las gobernaciones y, desde hace poco, los empleados municipales). No están incorporados en la norma los trabajadores informales, cuentapropistas y los empleados del sector público dependientes del nivel central del Estado.
Silvia Escóbar, investigadora especializada en temas laborales del CEDLA, afirma que “se ha dictado un conjunto de normas desde 2006 para abrogar el 21060 y favorecer las condiciones de trabajo. Sin embargo, una cosa es la ley y otra la realidad”.
Los derechos establecidos desde 2006 son, entre los más importantes, la devolución de la estabilidad laboral; la inamovilidad de empleados con hijos menores a un año; el fuero sindical, que se elevó a rango constitucional; la despenalización de la huelga; la otorgación de un día libre pagado a las mujeres para sus exámenes de papanicolau y el pago de beneficios a los tres meses de haber sido retirado o haber renunciado un empleado.
No obstante, el CEDLA observa que “siguen aumentando los contratos a plazo fijo, por obra o por servicio” tanto en el sector privado como estatal, que generan inestabilidad laboral. Los trabajadores estables son “un pequeño núcleo privilegiado”, analiza Escóbar. Según la última medición de esta organización no gubernamental, sólo el 20% de los trabajadores tiene un empleo de calidad y el restante 80% tiene un trabajo precario, sin derechos laborales.
La estructura del mercado de trabajo —señala Eróstegui— muestra que el 82% de la población ocupada trabaja en pequeñas unidades en las que no se respetan los derechos laborales y sólo el 18% lo hace en empresas formales que los cumplen. “Hay un grupo muy grande que no goza de sus derechos. Las medidas del Gobierno aumentan la protección del empleado perteneciente a ese 18%, el 82% no está ejerciendo sus privilegios”.
El ministro Santalla admite que los beneficios no llegan a la mayoría de los trabajadores bolivianos. Sin embargo, afirma que se trata de una proporción menor a la que indica Eróstegui: 65% de los trabajadores son cuentapropistas o subempleados sin derechos laborales.
Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, coincide con ambos y se acerca al porcentaje que señala la autoridad sobre el sector asalariado informal. “64% está dentro de la economía informal. Entonces, los incrementos salariales son para pocos; las políticas redistributivas no son suficientes”.
Para saldar esta deficiencia, el especialista propone aprovechar el crecimiento económico con una política de desarrollo, pues “la bonanza económica por la explotación extractiva produce enormes cantidades de recursos fiscales, pero no necesariamente llegan a los bolsillos de la gente”.
Como intento de solución, Santalla menciona que desde los ministerios de Economía, de Producción y de Trabajo se está “concientizando” a esos trabajadores “para que recurran al seguro social haciendo sus aportes voluntarios para acceder a la protección de corto y largo plazo”.
Para ello —continúa— se ha puesto en ejecución el aporte solidario que en el tiempo beneficiará a quienes se retiren con menores ingresos. Adicionalmente, “se están generando empleos” creando empresas estatales (papel, cartón, envases, lácteos). “Además, a partir del fondo de revolución productiva e industrial (1.200 millones de dólares) se van a generar empleos en el sector, textil, maderero y del cuero”. Afirma que algo similar se está haciendo en las estatales hidrocarburíferas con la construcción de las plantas separadoras de líquidos.
Estatales. Vitaliano Mamani, ejecutivo nacional de los fabriles y dirigente de la COB, también menciona a esta naciente industria estatal boliviana y cuestiona que quienes vayan a ser contratados para trabajar en estas fábricas serán tratados como funcionarios públicos, es decir, que no estarán incluidos en la LGT, lo que eventualmente incrementará el índice de trabajadores que no pueden gozar de los derechos laborales que año tras año ganan los asalariados formales. “El Gobierno está creando empresas estatales de producción; sus trabajadores deben estar bajo la LGT y quieren mantenerlos como servidores públicos. Vamos a exigir que sean incluidos”, sostiene.
Escobar indica que el CEDLA ha observado que los trabajadores de esas empresas están “tanto o más desprotegidos que en las pymes (pequeñas y medianas empresas”.
La nueva Ley General de Empresas Públicas tiene un artículo que indica que sus trabajadores van a ser incorporados en el corto plazo a la LGT, dice Santalla. “¿Por qué no se hace esto inmediatamente? Porque son empresas de reciente creación y en este momento funcionan con la subvención del Tesoro General de la Nación (TGN). Una vez que se consoliden y tengan utilidades, sus obreros pasarán a la Ley General del Trabajo”, responde la autoridad.
“Para hacer cumplir las normas el Estado debería comenzar en casa”, dice Escóbar, quien cuestiona que los funcionarios públicos del nivel central no estén amparados por la Ley General del Trabajo y sean vulnerables.
Los servidores del aparato central no son parte de la LGT, sino por la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público. “Por el momento, el Gobierno no ha visto la posibilidad de que estos trabajadores públicos sean incluidos a la norma general, ni puedan sindicalizarse”, recalca Santalla. El argumento que sostiene la imposibilidad es que el Estado “no es una empresa privada”.
El crecimiento del producto en los sectores grandes como la construcción y la minería ha sido considerable y “deben ser reconocidos salarialmente”, dice Eróstegui en referencia a la gran empresa. Sin embargo, la mayor alza de salarios se da a “los sectores de menos crecimiento que son las pymes. Se estaría castigando a éstas por no crecer productivamente”, observa.
El Producto Interno Bruto se ha incrementado “por las actividades extractivas y la construcción”; las pymes siguen aportando lo que antes, 17% o 16%, “lo que significaría que hay un castigo a éstas y un premio a las empresas grandes de mayor productividad. Sin embargo, no se está recompensando salarialmente al trabajador de éstas últimas”.
En contraste, el presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia, Óscar Calle, cuestiona que no se respete la Constitución Política del Estado, que establece que para un aumento salarial debe haber una negociación tripartita (Gobierno, trabajadores y empleadores) y debe ser implementada por ley, no por decreto, como se hizo.
El escenario es complejo. Mientras Escobar opina que el tiempo de bonanza económica no ha sido aprovechado, Núñez propone que hay que hacer encuentros entre los sectores involucrados para ligar el crecimiento económico a una política de desarrollo, todo esto cuando la consideración de la nueva Ley General del Trabajo está atrasada.
La eterna demanda salarial de la COB
Desde hace muchos años, la Central Obrera Boliviana (COB) repite una suerte de ritual, seguida de movilizaciones o amenazas de éstas, negociaciones con la administración de turno y un acuerdo muy por debajo de su demanda inicial. Así, los últimos años, los trabajadores sindicalizados pedían incrementos al salario mínimo que superaban los 8.000 bolivianos. Satisfacer esa demanda habría significado un alza mayor al 800% del salario mínimo nacional, aproximadamente. El pedido tampoco fue oído este año.
La investigadora Silvia Escóbar, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), cree que esa demanda “es pertinente”. “En Bolivia, los salarios están muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo, es decir, del aporte que hace el trabajador al producto y a la economía”.
Los salarios “no cubren los costos de los bienes y servicios”. Lo que hizo la COB —señala— es una estimación de “una canasta familiar real, no una canasta básica normativa de lo mínimo necesario”. El parámetro de la COB “es el costo real de lo que necesita” una familia tipo de cinco miembros que vive en el país. “Creo que esa demanda debe ser la base, sino se destruirá a la fuerza de trabajo”, dice Escóbar.
Lo que se requiere es una “revolución salarial”, para lo cual hay que asumir que los salarios fijados al inicio de la implementación de las políticas neoliberales eran “muy bajos”, luego fueron congelados y se apunto a una evolución lenta de los mismos para generar una acumulación de capital y mejorar los salarios, lo cual no funcionó. “Esa política neoliberal se ha mantenido”, juzga.
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