Municipios y gobernaciones deberán estudiar su propia capacidad financiera.
Las gobernaciones y los municipios de todo el país incrementarán los sueldos a sus empleados de acuerdo con sus posibilidades financieras en cumplimiento del régimen autonómico. La disposición está contenida en el decreto que instruye la mejora de las remuneraciones de los trabajadores para este año.
El ministro de Economía, Luis Arce, anunció que ayer “hemos aprobado el Decreto 1549, que aprueba el incremento salarial que fue acordado con la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado viernes. Por lo tanto, este decreto establece el 8 por ciento de incremento salarial y fija el nuevo salario mínimo nacional de 1.200 bolivianos”.
GOBERNACIONES Y ALCALDÍAS. En su disposición final cuarta, la norma indica que, “en el marco del régimen autonómico, los gobiernos autónomos departamentales y municipales podrán otorgar un incremento salarial de acuerdo con sus posibilidades financieras”.
Por ello, estas instituciones deberán modificar sus presupuestos, pues la mejora de ingresos de sus funcionarios no es cubierta por el Tesoro General de la Nación.
Arce agregó que este incremento se aplica a los sectores públicos de salud y educación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con excepción de trabajadores de las cajas de seguros de salud, quienes recibirán un aumento en escala inversamente proporcional, por “pedido expreso de los dirigentes de la COB”.
El sector privado. Arce explicó que el incremento de sueldos y salarios en el sector privado estará sujeto a negociación entre partes sobre la base del 8 por ciento, aunque aclaró que en caso alguno se permitirá un porcentaje inferior.
Dijo que en caso de que se negocie un aumento menor al 8 por ciento, se incurrirá en una ilegalidad. El Ministerio de Trabajo verificará este extremo.
1.200 bolivianos es el nuevo monto del salario mínimo nacional. El incremento es del 20 por ciento.
La reglamentación del decreto 1549 estará a cargo del ministerio de trabajo que deberá controlar la estricta aplicación de la norma en los sectores público y privado en todo el país.
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