La nueva Ley General del Trabajo pondrá fin a la terciarización o subcontratación laboral porque quedó demostrado que algunas empresas y entidades gubernamentales subcontratan mano de obra con el objetivo de eludir sus responsabilidades sociales como la indemnización.
El viceministro de Trabajo, Félix Rojas, afirmó que el Estado defenderá los derechos de los trabajadores en el ámbito social, por lo que los contratos de enganche no formarán parte de la nueva normativa.
La norma define al contrato de enganche como aquel por el cual se contrata a trabajadores por una persona distinta al patrono, para actividades que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual.
El Estado será el único encargado de mediar entre patrones y trabajadores para evitar, entre algunos abusos que se cometen, la trata de personas, pues cada día varias personas son engañadas por los contratos de enganche que se firman.
“Existe mucha gente inescrupulosa que engaña a los padres y madres de familia, hasta los propios adolescentes, y los llevan con mentiras fuera de las fronteras con otro tipo de trabajos que no fueron ofrecidos, en otros casos los esclavizan. Nosotros vamos a poner a la práctica todas las disposiciones que están contenidas en esta ley para la protección de los trabajadores”, manifestó.
La terciarización consiste esencialmente en pasar a terceros, empresas o microempresas, e incluso individuos, funciones que son propias de la empresa, pero que no necesariamente están ligadas a su actividad central, como los servicios de limpieza, comedores, vigilancia, transporte, prestación médica y jurídica, procesamiento de datos, distribución de productos, mantenimiento, y comunicaciones, entre otros.
En este contexto, los dueños de la empresa tienen un mayor control sobre el trabajo, porque es más fácil negociar con trabajadores de muchas empresas fragmentadas.
En cada centro de trabajo existen dos tipos de obreros vinculados a una sola empresa: un núcleo estable de trabajadores que reciben una remuneración mensual y otro núcleo de eventuales y no estables con menores ingresos y en peores condiciones de trabajo. Las organizaciones sindicales tienen más dificultades en la negociación obrero-patronal e incluso en la propia sustentación financiera de los sindicatos.
La Ley General del Trabajo prohíbe de manera explícita la existencia de la modalidad de subcontrato. El artículo 31 de la norma establece que sólo el Estado podrá actuar como intermediario entre patrones y trabajadores en la contratación.
El Viceministro informó que hay avances en la nueva Ley del Trabajo en base al diálogo con los trabajadores que forman parte de las comisiones, que participan de las reuniones con autoridades del Gobierno. Por ahora se avanzó en 51 artículos de los 122 que contiene la ley.
“Faltan más de 71 artículos que los iremos consensuando paulatinamente para que en el menor tiempo podamos enviar un proyecto de Ley elaborado por los trabajadores a la Asamblea Legislativa Plurinacional, producto del consenso. Existe un compromiso para apresurar el trabajo de todos los sectores”, afirmó la autoridad gubernamental.
El tráfico de personas mueve millones
La trata de personas es una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2,4 millones de personas son explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas o explotación sexual.
Las formas de trata y tráfico de personas incluyen la servidumbre, el comercio de órganos y la explotación de niños para la mendicidad.
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