En el campo social, la gestión del Gobierno de Evo Morales se sustenta en una política asistencial, a través de la entrega de ayudas, como la Renta Dignidad y los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla, según la mirada de conocedores del tema, que también consideran que esto no soluciona los problemas estructurales de pobreza en el país.
Sin embargo, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que la pobreza extrema se redujo un 5% desde 2006 y estudios internacionales indican que la transferencia condicionada de recursos (bonos) es uno de los pilares para disminuir la desigualdad en toda América Latina.
En varias oportunidades el primer mandatario de la nación, ha hecho énfasis en que uno de los principales logros de su gestión es haber conseguido que los beneficios de la nacionalización de los hidrocarburos lleguen de forma directa a los bolivianos, mediante bonos que mejoran la calidad de vida de los bolivianos y que están solucionando problemas sociales antiguos. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ha reiterado, por ejemplo, que el bono Juancito Pinto, desde que fue creado en 2006, llega a millones de alumnos en el país y ha logrado acabar con los niveles de deserción escolar.
Según datos oficiales, sólo el año pasado el Juancito Pinto benefició a 1,9 millones de niños de unidades educativas fiscales y de convenio, con un desembolso de más de Bs 349 millones. En el caso de la Renta Dignidad, cada año suman 50.000 nuevos beneficiarios del programa asistencial. Con respecto al Juana Azurduy, no se conocen estadísticas exactas de cuántas mujeres lo han recibido porque el programa ha tropezado con varios problemas.
Según algunos directores de centros de salud, las madres tienen dificultades en la afiliación y en el cobro del beneficio por fallas en el sistema y debido a que muchas de ellas no cuentan con cédula de identidad.
Para el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, la política asistencial del Gobierno no ayuda a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. “La gestión debería apuntar a solucionar los problemas estructurales de pobreza, a través de la creación de más fuentes del empleo, del mejoramiento de las escuelas y de los servicios de salud”, afirmó Urenda.
La autoridad regional de salud también critica que el bono escolar no cumpla con el objetivo para el cual fue creado, de destinar ese dinero a la compra de útiles escolares. “La realidad muestra que es empleado en la compra de juguetes, ropa y otras necesidades familiares”, dijo Urenda.
Por su parte, la socióloga Jenny Ferrufino considera que los bonos “son buenos en el sentido de que a nadie le cae mal recibir un dinero extra”. Sin embargo, la profesional cree que en el fondo son sólo políticas de ‘maquillaje’ a la pobreza.
“Para un anciano es un alivio recibir dinero porque puede comprar remedios, pero sería mejor si se mejoran los servicios y los seguros de salud para que se beneficien con una atención óptima”, sugirió.
Asimismo, afirmó que si el fin es bajar la deserción escolar, en el caso del bono Juancito Pinto, lo mejor es crear empleos para los padres de familia.
El economista y educador Salomón Vargas coincide en que el bono escolar alivia necesidades urgentes de las familias, pero hace notar que la mayoría no lo destina a la compra de material escolar.
Los subsidios
Juancito Pinto
Es uno de los más sostenibles desde su creación, en octubre de 2006. Se financia con recursos de la nacionalización de los hidrocarburos. Tiene el objetivo de incentivar el ingreso de niños a las escuelas públicas del área rural y urbana, permaneciendo en ellas hasta que culminen sus estudios. Cada niño recibe Bs 200. En 2010, benefició a 1,9 millones de escolares. Los opositores al Gobierno dicen que el bono es utilizado con fines políticos.
Renta Dignidad
Está destinada a las personas mayores de 60 años. Es un bono acumulativo que se puede cobrar cada mes, cada dos meses o de forma semestral. Los ancianos que no tienen una renta de jubilación perciben Bs 2.400 mientras que los jubilados Bs 1.800. El año pasado, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones inició el empadronamiento biométrico de los beneficiarios, con el objetivo de mejorar la entrega de este subsidio.
Juana Azurduy
Consiste en el pago de hasta Bs 1.820 en un periodo de 33 meses a las embarazadas y a los niños menores de dos años. Para recibirlo la madre debe asistir a sus controles médicos prenatales en centros de salud y luego de un mes puede cobrar el monto asignado por cada control. Es el programa social que más problemas ha tenido desde que se implementó. Se detectaron fallas en el software para el registro y entrega del beneficio.
Personas con discapacidad, en espera
Las personas con discapacidad llevan más de tres años reclamando un bono anual de Bs 3.000 y hasta la fecha no han conseguido respuesta a su demanda.
En septiembre de 2009, el sector vivió momentos difíciles, cuando muchas personas con capacidades especiales fueron reprimidas por las fuerzas del orden, ya que pedían que el Gobierno les otorgue este beneficio.
Exigían que el bono sea solventado con recursos del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, pero el Gobierno optó por invertir dichos recursos en la creación de programas sociales para las personas con discapacidad. Según informes recientes del Ministerio de Justicia, el Tesoro General de la Nación desembolsó Bs 80 millones correspondientes a las gestiones 2009 y 2010, pero la ejecución apenas alcanza a los Bs 3,2 millones.
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