La COB y el Gobierno negocian el incremento. El empresariado pide que se tome como referencia la inflación y no el PIB.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sugirió al Gobierno que el incremento al salario mínimo nacional, que será anunciado de forma oficial el 1 de mayo, no supere el 2%. El pedido se planteó en un escenario en el que representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y las autoridades del Ejecutivo entablaron un diálogo para definir el incremento.
El presidente de los empresarios privados del país, Daniel Sánchez, manifestó a Cambio que el incremento salarial “debería estar muy ligado al tema inflacionario, que ha sido bastante pequeño”.
“La inflación está alrededor del 2%, ése es el parámetro (para el incremento)”, dijo Sánchez.
Hasta el año 2009, el incremento al salario estaba directamente relacionado con la tasa de inflación. Por ejemplo, en 2008n el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el nivel inflacionario, cerró en 11,85%, y el aumento salarial para el siguiente año fue del 12%, cuando la inflación cerró en 0,26%, la más baja en 45 años.
Sin embargo, para esta gestión, el cálculo para el incremento tomará en cuenta otras variables macroeconómicas, como el crecimiento de la economía del país, que en 2009 llegó a 3,36% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sánchez indicó que se debe continuar con los parámetros de la inflación para definir el incremento, porque si es mayor o similar a la gestión 2009, como algunos sectores de los trabajadores lo piden, se librarán “muchos recursos en la economía (y) eso puede ocasionar una distorsión en la inflación”.
MIRADA
El economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Carlos Arce afirmó que usar el método del crecimiento para subir los sueldos va en contra de los trabajadores, ya que este parámetro sólo ve la capacidad de acumulación del capital y no la distribución de ingresos ni la necesidad real de los trabajadores asalariados.
Agregó que dicho crecimiento sólo está actualizando el esfuerzo al que se ha impuesto al trabajador durante el año para elevar la productividad, “lo que no quiere decir que mejore en términos reales las condiciones de ingreso y consumo”.
En ese sentido, consideró que la opción más realista sería un incremento salarial que se aproxime o sea igual a las necesidades de consumo, utilizando una canasta normativa de bienes esenciales, también llamado por la clase obrera canasta familiar o salario mínimo vital.
“El obrero fue perdiendo su salario hace varios años, porque siempre se le aumentó menos de la inflación, inclusive”, señaló Arce.
SANTA CRUZ
En tanto, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz rechazó un posible incremento al salario de manera similar al de la gestión pasada. Uno de sus representantes indicó que un alza del 12,5% “está totalmente alejado de la realidad”.
Además que el concepto central que maneja el empresariado es que el incremento de haberes debe ser el resultado de una negociación entre los empleadores y los empleados, procurando que corresponda con la realidad de cada empresa, y tomando datos como los ingresos y el personal.
“El aumento salarial más racional es aquel que surge de un proceso de análisis y de concertación con los propios trabajadores, pues ellos saben lo que sucede en una determinada empresa”, indicó.
Según el sector privado cruceño, un incremento de aplicación obligatoria, mediante decreto, puede resultar contraproducente para los propios trabajadores, pues, en muchos casos, hay empresas que no están en condiciones de aumentar los sueldos de acuerdo con los porcentajes que determina el Gobierno.
En estos casos, los mayores perjudicados terminan siendo los mismos trabajadores, porque finalmente están poniendo en riesgo sus empleos, señaló.
En su criterio, si el Gobierno nacional tiene el propósito de reducir el desempleo, “debe dar mayor flexibilidad a la empresa para resolver los asuntos salariales en forma individual”.
“La realidad nos muestra que en el sector privado existen muchas diferencias entre empresas. Unas pueden tener la capacidad de realizar un incremento determinado, pero otras no”, remarcó.
Por otro lado, representantes de la COB y del Órgano Ejecutivo iniciaron la pasada semana un diálogo para definir por consenso el incremento al salario mínimo nacional.
En 2009, el presidente Evo Morales estableció, por decreto, un aumento salarial de 14% para salud y magisterio, 12% para la Policía y Fuerzas Armadas, y el mismo porcentaje al salario mínimo nacional.
Con la medida, el salario mínimo en Bolivia se incrementó de 577,5 a 647 bolivianos.
En la gestión 2006 —primer año de Gobierno del presidente Evo Morales Ayma—, el salario mínimo nacional fue aumentado de 440 a 500 bolivianos (13,63 por ciento); en el periodo 2007, de 500 a 525 bolivianos (5 por ciento); en 2008, de 525 a 577,5 bolivianos (10 por ciento), y en 2009, de 577,5 a 647 bolivianos (12 por ciento).
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En la gestión 2006 el salario mínimo nacional fue elevado de 440 a 500 bolivianos (13,63 por ciento).
En 2007, de 500 a 525 bolivianos (5 por ciento); 2008, de 525 a 577,5 bolivianos (10 por ciento).
El aumento salarial en 2009 fue de 12 por ciento como base inicial, que compensaba la inflación de 2008, que fue de 11,8 por ciento la acumulada en 12 meses.
El aumento en la pasada gestión fue de 577,5 a 647 bolivianos el mínimo nacional.
Maestros en emergencia
Los maestros del país se declararon en estado de emergencia ante las versiones de que el Gobierno incremente sólo un 5% al salario mínimo nacional.
En los departamentos de La Paz y Oruro se iniciaron las marchas de protesta la pasada semana.
El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros de la ciudad de La Paz, Gonzalo Soruco, sostuvo que “el mal llamado incremento del cinco por ciento no sirve absolutamente para nada, es ofensivo y humillante”.
Agregó que ese incremento no compensa en nada el alza de los productos de la canasta familiar.
En tanto, la ejecutiva de los maestros de Oruro, María Soria Galvarro, anunció que se agudizarán las medidas de presión hasta lograr un incremento similar al 2009.
Fabriles piden un 12,5%
A través de un comunicado, la Confederación General de Fabriles de Bolivia demandó del Gobierno la emisión de un decreto supremo que establezca el incremento salarial sobre la base de un 12,5% para el sector privado productivo, similar a la gestión 2009.
Los trabajadores fabriles rechazaron un posible aumento del 5 por ciento, manejado por algunos medios de comunicación, al que calificaron de “miserable”.
Además se declararon en estado de emergencia por “la intención” de la Ministra del área, Carmen Trujillo, de aprobar un Código de Trabajo antiobrero y que se nota que ha sido claramente redactado en la Confederación de Empresarios Privados, que es considerado atentatorio a los intereses de la clase obrera fabril.
“Tenemos que dialogarlo”
Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, el incremento al salario de cada año debe ser fruto de una negociación entre el Gobierno, empleadores y trabajadores.
“Se debe entablar un diálogo que sirva para que se tenga una negociación tripartita, gobiernos, empresarios y sector laboral para definir el incremento al salario, porque es lo más prudente en estas épocas, que debemos planificar, no sólo en el corto, sino en el mediano y largo plazo”, indicó.
Señaló que en la hora de fijar un incremento a los ingresos de los trabajadores no debe haber una imposición, sino alcanzar una tasa que incluya los requerimientos de la clase trabajadora y las condiciones de los empleadores.
Salario básico de Bs 8 mil
El secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Felipe Machaca, planteó al Gobierno fijar el salario básico de los trabajadores en 8 mil bolivianos.
El dirigente señaló que “el salario debe estar acorde a la canasta familiar que refleje la situación económica nacional”.
Machaca indicó que el eventual 5% de incremento al salario no podrá cubrir las necesidades de los trabajadores.
“Se rechaza el incremento salarial del 5% porque lamentablemente no cubre los costos de la canasta familiar de los trabajadores y rechazamos el proyecto de Ley del Código de Trabajo que judicializa la protesta social y destruye a las organizaciones laborales”, insistió el dirigente en declaraciones a radio Panamericana.
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