'los salarios no son justos, ni equitativos, ni dignos'

Bruno Rojas Callejas, nacido en La Paz, egresado de la carrera de Sociología, se desempeña como investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, sobre las temáticas de empleo y derechos laborales. Autor y coautor de varios libros referidos al mundo del trabajo en Bolivia, nos da un pantallazo de la problemática en este 1ro de mayo. ¿Cuál es la situación actual del trabajador? B.R.: Los trabajadores asalariados del país se encuentran en una situación de alta precariedad laboral como resultado de las prácticas de flexibilización laboral en la economía concomitante con el fortalecimiento de un modelo agroprimario exportador que genera pocos empleos de calidad. Según información de la Encuesta Urbana de Empleo del Cedla para el 2011, en las ciudades capitales del eje central del país y El Alto, casi 98 obreros de cada 100 contaban con empleos precarios, de los cuales 47 trabajaban en fuentes laborales de extrema precariedad, vale decir, empleos inestables, salarios por debajo de una canasta normativa alimentaria básica de 1.790 bolivianos y sin aportes a la seguridad social de largo plazo. Entre los empleados, la situación laboral es casi similar a la de los obreros, por cuanto, 86 de cada 100 de ellos trabajaban en empleos precarios y 24 en puestos de trabajo extremadamente precarios. ¿Quiénes son los más afectados? B.R.: En general, los más afectados son las mujeres y los jóvenes que acceden a empleos eventuales y temporales sin derechos laborales, salarios por debajo del promedio que ganan los demás trabajadores y sin protección social. A manera de ejemplos, un joven con contrato eventual percibía en el 2011 un salario mensual equivalente al 80% de lo que gana un trabajador con empleo permanente y una mujer obrera, ganaba el equivalente al 56% de lo que percibía mensualmente un hombre, lo que ilustra bien la discriminación salarial existente y el grado de precariedad laboral que implica. ¿Qué derechos le son vulnerados? B.R.: La situación de alta precariedad laboral implica la vulneración de los derechos de gran parte de los trabajadores como el acceso a un empleo estable, un salario “justo y digno”, contar con seguridad social (seguro de salud y prestaciones sociales como la jubilación). La vigencia de la libre contratación tanto en el sector privado como en el público provoca que muchos trabajadores y trabajadoras no puedan gozar de otros derechos laborales individuales como vacaciones, aguinaldo, los bonos de antigüedad, de producción y de movilidad, el pago de beneficios sociales en casos de rescisión del contrato, subsidios de natalidad, seguridad industrial y una jornada máxima de 8 horas diarias de trabajo. ¿Y en cuanto a los derechos laborales colectivos? B.R.: En el plano de los derechos laborales colectivos, de acuerdo a la información del CEDLA solo 17 de cada 100 trabajadores en el eje central urbano estaban afiliados a un sindicato en el año 2010, lo que revela que una gran mayoría de la población asalariada en estas ciudades carecían de protección sindical y la posibilidad de ejercer la negociación colectiva y la huelga, derechos que continúan además postergados en la legislación laboral actual. ¿Qué opina de los conflictos actuales de los médicos y el magisterio? B.R.: A este panorama debe agregarse la conculcación y violación de derechos laborales adquiridos por parte del gobierno actual. La imposición del decreto que “repone” las ocho horas de trabajo para los profesionales médicos en el sector de la salud pública y la seguridad social, la contratación de obreros en las nuevas empresas públicas en el marco del Estatuto del Funcionario Público y no bajo la Ley General del Trabajo, la conversión arbitraria de contratos laborales protegidos por el Estatuto del Trabajador en salud pública a contratos bajo las normas del Estatuto del Funcionario Público, el permanente cuestionamiento a las conquistas laborales del magisterio urbano y la penalización extrema de la huelga con la fijación de descuentos y sanciones, son evidencias que muestran tácitamente que el gobierno de Evo Morales incurre en acciones ilegales en contra de los derechos conquistados por los trabajadores. ¿A cuánto debería subir el salario? B.R.: El primer referente general y el más importante, es el salario demandado por la Central Obrera Boliviana de 8.309 bolivianos que corresponde al valor real del precio de la fuerza de trabajo en el país equivalente a los productos y servicios básicos que un trabajador y una familia tipo de 5 personas necesitan para subsistir. La fijación de montos menores como el ofertado por el presidente Evo Morales de un salario mínimo de 1.000 bolivianos y un porcentaje de incremento del 8% solo alargan la crisis económica que actualmente afrontan los trabajadores. ¿El trabajador recibe un salario justo? En Bolivia, los salarios no son justos, equitativos ni dignos porque no alcanzan para la subsistencia básica de los trabajadores, condenándolos a una vida precaria y al despliegue de estrategias familiares para poder aliviar la crisis. Según información del Cedla para el 2011, en el eje central urbano del país, 26 de cada 100 trabajadores percibían salarios por debajo de un mínimo nacional y 63 de cada 100 de ellos ganaban menos del costo de una canasta alimentaria básica de 1.790 bolivianos. Entre los obreros, 72 de cada 100 de estos trabajadores contaban con salarios que no alcanzaban a cubrir ni siquiera los alimentos básicos de sus familias. Una situación similar ocurría con 80 de 100 trabajadoras del hogar. ¿Cuál es la barrera para crear empleos? "Las barreras son de orden estructural. El afianzamiento de un modelo primario exportador que concentra el crecimiento económico del país en pocos sectores altos en inversión en capital constante (minería e hidrocarburos principalmente) y generadores de poco empleo, el atraso considerable del desarrollo de las fuerzas productivas que se expresan en un escaso nivel de industrialización, el incremento paulatino de actividades improductivas como el comercio y los servicios, la carencia de políticas de desarrollo industrial y agroindustrial y la presencia de un Estado que representa intereses de sectores sociales dominantes y no de perspectivas nacionales y a favor de los trabajadores".