El problema de todos los años cuando se plantea el aumento salarial de gestión, implica un largo intercambio de opiniones y una pulseta entre dirigentes sindicales a nombre de la Central Obrera y por el otro lado los representantes del sector oficial, especialmente del Ministerio de Trabajo, tratamiento que también este año excluye a los empleadores privados, sector sumamente importante en el manejo de las cuentas salariales de gran número de empresas industriales, comerciales y de servicios.
No se entiende cómo pueden efectuarse negociaciones de manera parcializada y adoptar resoluciones que disponen incrementos no precisamente ajustados a la realidad de cada empresa, sabiendo de sus sistemas productivos y las condiciones reales de sostenimiento, aspectos que no se pueden ignorar en el tratamiento de aumentos salariales.
Es lo que tiene que verse ahora en el caso de la minería y metalurgia y tratándose del sector estatal con mayor razón, pues la prudencia obliga a evitar conflictos directos entre mineros y metalurgistas asalariados, que deberán ajustar sus expectativas salariales a la realidad de cada empresa si se quiere mantener la sostenibilidad de los empleos.
En orden de justicia y equidad, podría manejarse un sistema porcentual variable en el aumento de salarios, de modo que en cada caso y circunstancia se definan los aumentos en función a las reales posibilidades de elevar esos emolumentos sin caer en el error de ofrecer más de lo que efectivamente se puede pagar.
Generalmente se observan criterios más políticos que evidentemente sociales cuando se pone en tapete de discusión el aumento de salarios. Políticamente puede facilitarse cierta permisibilidad a nivel oficial, empero en los hechos tal medida puede llevar al cierre de empresas en un extremo de situación o mínimamente a la reducción de personal, las dos instancias que se "oponen" a la fácil posición de aumentar salarios sin conocer la realidad empresarial, incluyendo al sector estatal, varias de cuyas empresas no deberían pagar más de lo que realmente es permisible en relación a su productividad.
No hay que ignorar que las negociaciones salariales parciales llevan a imponer criterios irreales lo que significa elevar los costos laborales, lo que obliga sí o sí, a reducir las fuentes de empleo, lo que afecta la seguridad de empleo y pone en riesgo la economía de muchas familias. En la minería actualmente hay un latente peligro de alterar empleos, por lo mismo que los asalariados, prefieren negociar el incremento, anteponiendo las garantías para sostener las fuentes de empleo.
Hay que convenir en el hecho práctico de que a más aumento salarial, será menor la posibilidad de sostener cierto número de empleos. El desempleo no es el mejor referente social, para ningún gobierno.
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