Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se habla de diálogo social se hace referencia a todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. Desde hace unos 10 años, los empleadores en el país solicitan al Gobierno ser considerados en el proceso de negociación e intercambio de información sobre políticas salariales, ser parte de un proceso tripartito, solicitud que a la fecha no ha sido escuchada.
La negativa deriva en una situación insostenible para el sector empresarial, que después de 10 años de incrementos al Salario Mínimo Nacional (SMN), al Salario Base y la imposición de otras retribuciones se encuentra en una posición crítica que afecta el nivel de sus inversiones, crecimiento y generación de fuentes de empleo.
Durante el último decenio, el acumulado de incrementos al SMN asciende a 143,5 por ciento. Sólo en los últimos cinco años este acumulado llega a 97,6 por ciento. El incremento al SMN tiene un efecto considerable en el costo de las empresas puesto que se halla indexado al cálculo del bono de antigüedad y el pago de subsidios. El incremento desmedido del piso mínimo de retribución a los trabajadores en el país afectó la generación de empleo formal en general, pero especialmente en los grupos vulnerables, aspectos importantes que no son tomados en cuenta por desconocimiento o simple omisión.
Por otro lado, desde hace nueve años se viene imponiendo, sin ningún sustento técnico o económico, el incremento al Salario Básico. En este periodo el acumulado de todos estos incremento llegó a 76,5 por ciento, resultando en un promedio anual de 8,5 por ciento, siendo que el acumulado de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se consideró para el mencionado periodo fue de 59 por ciento.
A partir de 2013, el Gobierno impuso un nuevo peso al sector privado formal al decretar el pago de un segundo aguinaldo, medida que se hace efectiva para los periodos cuyo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sea mayor al 4,5 por ciento, afectando a los sectores y regiones de menor crecimiento.
Todo lo mencionado es resultado de normas que han considerado la situación de un sector reducido de la población y que afecta la capacidad de crecimiento y generación de fuentes de empleo.
Se observa un interés parcializado y egoísta de beneficiar desmedidamente a un porcentaje de trabajadores del país, y afecta a un porcentaje de empresas que operan en la legalidad, que cumplen lo establecido en la normativa vigente, por decisión y que son permanentemente fiscalizadas por las instituciones. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, se hace referencia a 25.615 empresas e instituciones a nivel nacional a fines de 2015. Éstas son las que están obligadas a cumplir las disposiciones salariales y que compiten con un creciente sector que no es visible en los sistemas formales.
Se beneficia a la reducida cantidad de trabajadores con empleo formal; es decir, los que forman parte de las 25.615 empresas o instituciones en el país con registro del empleador. Esta situación amerita un análisis profundo y crítico, pues evidencia que las políticas en materia salarial no han perseguido un componente social, cuando la mayoría de trabajadores en el país se halla inmersa en la informalidad, careciendo de seguridad de corto y largo plazo.
DIÁLOGO SOCIAL
El diálogo social como proceso tripartito, donde el rol del gobierno sea protagónico en el tema salarial y laboral permitirá considerar variables fundamentales, como la tasa de generación de empleo formal, la precariedad de empleo, informalidad, costo de vida, formalización de unidades económicas, políticas de fomento al sector productivo, etc. La práctica en el mundo muestra que una negociación de este tipo genera políticas concertadas y sostenibles.
En la actualidad, la situación económica del país se perfila distinta al último decenio, dejando en evidencia que debe prevalecer la eficiencia en el uso de los recursos y cautela en políticas desmedidas con efectos nocivos al sector productivo. En este sentido, parece más que lógico generar las condiciones para una negociación, consulta o simple intercambio de información tripartita.
* La autora es asesora legal de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba.
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