El Gobierno, a través de los decretos promulgados que establecen un incremento salarial del 10,8% al salario mínimo nacional -pasa de Bs 1.805 a 2.000- y un 7% al haber básico, establece que el empresariado del país deberá cumplir con la aplicación del pago retroactivo al 1 de enero hasta el 31 del presente mes. La norma del pago llegará a 1,9 millones de trabajadores del país registrados como aportantes dependientes en las AFP.
Estas condiciones dispuestas en la norma neutralizan las pretensiones del sector empresarial e industrial que, ayer, por separado, anunciaron que esperan la convocatoria del Gobierno para plantear que en la reglamentación se demore el retroactivo.
Para el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, no hay nada que negociar con los empleadores porque los alcances del decreto ya fueron zanjados.
El Decreto Supremo N.º 3161 en la disposición final primera I señala que la aplicación del incremento al salario mínimo nacional y haber básico dispuesto en dicha norma tendrá efecto retroactivo al 1 de enero del presente mes. En el acápite II establece que el pago retroactivo debe hacerse efectivo hasta el 31 del presente mes.
Mitma dijo que aún no fueron convocados para debatir la reglamentación del decreto de incremento salarial y una vez más, aseguró que en la agenda no está prevista la participación de los empleadores porque los términos del pago del ajuste salarial y el pago retroactivo ya fueron definidos.
Pedido empresarial
Desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró que el sector pedirá intervenir en la reglamentación de los decretos para plantear al Gobierno un consenso para diferir el pago retroactivo. Pidió al Gobierno prudencia y criterios que respondan a la coyuntura económica actual que afrontan las empresas.
Aseguró que el tejido empresarial nacional afronta problemas de fondo -contrabando, informalidad y presión fiscal, entre otros temas- y que el ajuste salarial tiende a complicar la actividad productiva en varias empresas y regiones del país. “El decreto pone en riesgo la seguridad laboral”, refirió.
El sector empresarial de Santa Cruz pedirá al Gobierno que el ajuste salarial no sea retroactivo a enero.
Exportadores e industriales
A decir del presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Wilfredo Rojo, el sector no podrá absorber los costos del incremento salarial y se verán obligados por un tema de costos operativos -importación de materia con precios altos- a ajustar los precios de algunos bienes de consumo en el mercado nacional.
Hizo notar que el ajuste del costo será relativo porque hay productos extranjeros en los mercados del país, sobre todo de países vecinos, que están más baratos que los nacionales. Atribuyó este factor a la congelación del tipo de cambio de la moneda nacional y extranjera, las importaciones legales y el contrabando.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advierte de que los costos que asumirán las industrias serán muy duros por el deterioro financiero que pasan. Aseguran que el costo del alza salarial trascenderá, a corto plazo, en la migración de muchas de ellas a la informalidad y al cierre de las unidades productivas. “Vamos a pedir diferir el pago retroactivo”, puntualizó.
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