A raíz de una denuncia de supuesta extorsión a una empresa de seguridad, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla informó que se destituyó a dos funcionarios de la regional Santa Cruz y que se inició una querella en el Ministerio Público.
Mientras Santalla detallaba (10:30) que la denuncia en contra de la responsable laboral, Rivaldina Barrero, el inspector Julio Masiri y la exinspectora Miriam Cossío, se la recibió en La Paz hace tres días, en otra oficina de las mismas instalaciones los dos primeros recibían su carta de despido.
Así lo hizo conocer Barrero al señalar que en su memorándum hay un agradecimiento por su labor desempeñada desde hace más de 6 años, pero sin ninguna explicación.
Indicó que asumirá su defensa habida cuenta de que no tiene nada que ver con el caso y aclaró que desde que destituyeron a Cossío en 2012 no supo de ella y que con Masiri su relación fue estrictamente laboral.
Respecto a la empresaria denunciante, M.I.P., mencionó que no la conoce.
La afectada habría realizado un primer pago de Bs 3.500 y se negó a hacer efectivo el segundo de Bs 10.000.
Santalla indicó que la denuncia sentada es por los supuestos delitos de usurpación de funciones, uso indebido de influencias, emisión de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Advirtió que los empresarios que se vean afectados con actos de corrupción por parte de funcionarios de su cartera, no duden en denunciarlos.
El abogado representante de la empresaria M.I.P., Ulises Ibáñez explicó que Cossío se hizo pasar por abogada y falsificó firmas en 26 contratos de trabajo que debían ser avaladas en la Jefatura Departamental del Trabajo. Al ser descubierta, amenazó a la empresaria con una inspección para verificar la legalidad de la empresa y que para evitar ese extremo debía pagar Bs 10.000.
La empresaria no aceptó y la orden de inspección salió con las firmas de Rivaldina Barrero y la efectuó Masiri.
La recomendación de Masiri fue una multa de Bs 10.000 y luego Bs 140.000. Cossío está detenida en celdas de la Felcc.
Pago del retroactivo
El Gobierno informó que de las 25.781 empresas registradas -hasta el 31 de julio que feneció el plazo-, el 74,31% pagó el retroactivo del alza salarial del 10%.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, indicó que los empresarios tienen plazo hasta el 1 de septiembre para presentar las planillas que respalden el cumplimiento del pago del incremento salarial del 10% y del retroactivo.
De no hacerlo, las empresas serán pasibles a sanciones pecuniarias en función a su personal y acciones penales
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