Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) afirma que la precariedad del empleo y de los ingresos en El Alto afecta a casi el 90% de los puestos de trabajo.
En siete de cada diez hogares bolivianos se necesita que trabajen casi tres personas para cubrir el costo de la canasta mínima normativa (CMN), que incluye la alimentación, transporte, vivienda, servicios básicos, salud y educación.
Pero, en realidad, sólo un promedio de 1,9 personas aportan a los gastos familiares y como resultado se ve el empobrecimiento de los trabajadores.
El censo de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) registró 5.045 empresas manufactureras en El Alto, de las cuales son microempresas el 90,6%, con cuatro o menos trabajadores; las pequeñas llegan al 7,7% y emplean de cinco a 19 personas; las medianas representan el 1%, con 19 a 49 trabajadores, y las grandes suman el 0,7% , con más de 50 empleados.
Las consecuencias directas de la pobreza y de la precariedad del empleo son la inseguridad ciudadana y la violencia.
Sólo con un crecimiento económico permanente se podrá generar empleos dignos para El Alto, expresa el estudio.
Con ese propósito, es indispensable trabajar en tres áreas estructurales, como el diseño y construcción de la economía plural, la articulación de competencias autonómicas entre los gobiernos municipal, regional y central, y la adopción de políticas para promover una reforma tributaria, señala Enrique Velasco, director ejecutivo de la Fundación Inaset.
Los tres temas fueron identificados como prioritarios de la propuesta que el pasado 23 de noviembre la Mesa Permanente de Concertación Productiva de El Alto -que aglutina a varias entidades- desarrolló y aprobó. La propuesta plantea una agenda productiva para el “vivir bien”, que concibe al trabajo como fuente de riqueza, porque a medida que el país siga trabajando en la explotación de recursos naturales difícilmente se podrá generar empleo digno, agregó Velasco.
Otra vía
Opciones Urgen políticas de distribución y de inclusión social, con salarios que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo humano, a mejorar la equidad social, a reducir la desigualdad y a promover el vivir bien, según Inaset y Mesa de Concertación Productiva.
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