El 25 por ciento de los ministerios no tiene un 4% de empleados discapacitados.
En promedio, los ministerios cubren el 3,15 por ciento de inclusión laboral, pese a que la norma establece que cuatro de cada 100 funcionarios deben ser personas con discapacidad. El informe señala también que sólo el 1,4 por ciento de estas personas alcanzó el nivel de formación superior académica.
El plan quinquenal. La Fundación para el Periodismo difundió los datos del Plan Quinquenal 2010-2015, del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que muestran que, hasta mayo del año pasado, el 75 por ciento de los ministerios cumplía los decretos supremos 27477 y 29608, que señalan que las instituciones del sector público deben contar con, al menos, el 4 por ciento de personas con discapacidad entre sus funcionarios.
De los 20 ministerios, cinco no alcanzaron a cubrir, con sus empleados, este porcentaje. Se trata de Relaciones Exteriores, de Gobierno, de Obras Públicas, de Desarrollo Rural y de Hidrocarburos.
Los ministerios con más personal discapacitado son Autonomías, con el 6,58 por ciento de su planilla, y Educación, con el 5,43 por ciento de sus empleados.
Los otros 13 ministerios tienen entre 4 y 5 por ciento de su personal en esta situación.
Willy Silva, técnico responsable de personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo, señaló que su unidad recopila la información en todo el país para verificar el cumplimiento de ambos decretos de inclusión laboral
en el país.
La formación. Uno de los problemas para los discapacitados es que la mayoría no alcanza niveles de formación académica.
Víctor Pajarito es no vidente y trabaja en la Dirección de Personas con Discapacidad en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, donde elabora informes y proyectos para su sector mediante un programa computarizado que redacta lo que él relata. Mantiene ese puesto desde 2009 y está en pos de lograr su licenciatura en Trabajo Social.
El 43 por ciento de los discapacitados alcanzó el nivel primario; el 12 por ciento, el secundario, y el 1,4 por ciento llegó al nivel superior. La mayoría de estos graduados logró el título de profesor en provisión nacional.
Las unidades desconcentradas del estado también presentan falencias en el cumplimiento de esta norma. Según el estudio de la Fundación para el Periodismo, la Alcaldía de Villa Tunari es la que más discapacitados tiene en sus planillas, ya que alcanza al 8,16 por ciento de sus funcionarios. Le sigue la Gobernación de Pando, con el 7,46 por ciento. También cumplen Insumos Bolivia, Lotería Nacional y la Gobernación de Santa Cruz, entre otros. Sin embargo, la mayoría incumple y entre ellas están, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Contraloría General del Estado, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto y Boliviana de Aviación.
También está en vigencia la ley 223 de la persona con discapacidad, que hace referencia a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad, así como la de su grupo familiar cercano, como hijos, hijas, cónyuges y tutores.
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