Rige salario mínimo de Bs 1.656

El presidente Evo Morales promulgó este viernes el decreto 2347 y estableció un aumento de 8.5 por ciento aplicable al sector público y privado. El nuevo salario mínimo quedó señalado en Bs 1.656, regirá desde la fecha y tendrá carácter retroactivo a enero. Junto a esta disposición mediante el decreto 2346, el Jefe de Estado determinó el procedimiento para el ajuste de las remuneraciones en las empresas estatales y cuyo tope es 8.5 por ciento, siempre y cuando generen excedentes debidamente verificados a través de los balances de gestión.
CARGOS JERÁRQUICOS
Asimismo otra disposición autoriza el mismo incremento salarial en los cargos jerárquicos de los poderes constitucionales incluido el electoral mediante el decreto 2349. Finalmente una cuarta disposición (decreto 2348) confiere la potestad al primer mandatario para reconocer la personería jurídica acreditada de las organizaciones sociales y sindicales. Para esa finalidad el Presidente emitirá una Resolución Suprema que reconozca a los dirigentes en cada caso, según explicó el ministro de Economía, Luis Arce
Los decretos fueron aprobados en Palacio de Gobierno, en ausencia del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Bolivia, quienes tampoco se hicieron presentes en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana y que se desplazó por las principales arterias de la ciudad. El Jefe de Estado, a diferencia de otras oportunidades no participó de la marcha cobista y se excusó de asistir a la marcha de la COD de La Paz, porque según dijo recibió “muy tarde” la invitación.
"El salario mínimo nacional está en la mitad de todos los países de América Latina. Nuestro deseo garantizando el crecimiento económico y la estabilidad, es seguir mejorando los salarios", afirmó Morales.
ACUERDO
El primer decreto 2346, es producto del acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana que eleva el salario mínimo de 1.440 a 1.656 bolivianos y que representa en términos nominales 8,5% de ajuste, cuando la inflación del 2014 se situó en 5.2 por ciento. El beneficio llega a los sectores de Salud, Educación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El incremento es inversamente proporcional en las áreas de Salud y Educación, para el resto tendrá un carácter “lineal”, explicó Arce.
Recordó que los gobiernos neoliberales antes de 2006, “congelaron” el incremento salarial durante tres años. Que en 2005, el salario se registró en 440 bolivianos y su crecimiento llega hasta el 276%. El ministro, manifestó también que se “trata de un incremento real en términos del poder adquisitivo”.
El segundo decreto 2349, determina el 8,5% a la escala salarial para los servidores públicos por el “compromiso” con la función pública; la medida alcanza al presidente, Evo Morales; vicepresidente, Álvaro García Linera; ministros, además a los servidores públicos del Órgano Judicial, Legislativo y Electoral.
SALARIO PRESIDENCIAL
En el caso del presidente Morales, el incremento del 8,5%, representa 1.683 bolivianos, por lo que percibirá mensualmente 21.483 bolivianos.
JUSTIFICACIÓN
Arce argumentó que los servidores públicos merecen un incremento, porque recién desde 2012 se beneficiaron del mismo. Justificó el aumento lineal en la administración del Estado y puntualizó que tiene por objeto que el empresariado absorba a los mejores profesionales como ha ocurrido hasta el presente. “El sector público no puede quedarse atrás en la remuneración de los salarios competitivos con el sector privado que ha estado mermando a nuestros profesionales y técnicos”, sostuvo.
EMPRESAS ESTATALES
El tercer decreto 2347, se refiere al incremento salarial en las empresas públicas el que estará condicionado a una serie de requisitos como la generación de utilidades y productividad, para beneficiarse “Se ha discutido con la COB cuando les mostrábamos de manera transparente la situación de varias empresas públicas y la capacidad para sostener la empresa pública que debe generar excedentes”.
PERSONERÍAS
El último y cuarto decreto 2348, referido a las personerías jurídicas de sindicatos, federaciones y confederaciones que deberán ser tramitados ante el Ministerio de Trabajo y concluirán con una Resolución Suprema firmada por el jefe de Estado. Con el objetivo de preservar la “unicidad” de las organizaciones señaló Arce.