La Contraloría General del Esyado advirtío que existe la posibilidad de su intervención si es que se realiza el pago irregular de salarios a los maestros y docentes universitarios que acataron el paro en la ciudad de Potosí.
Los conflictos promovidos por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ocasionaron que las actividades educativas se paralicen durante 25 días, hasta ayer.
En ese marco, el contralor Gabriel Herbas advirtió que los días no trabajados no deberían ser pagados. Sin embargo, explicó que hay instancias que deberán hacer la evaluación de cada situación.
“Este tema corresponde tanto a una evaluación ejecutiva y del Ministerio de Trabajo. Una Vez que estas instancias determinen la legalidad o ilegalidad del paro, se tendrá que suspender o no los sueldos”, manifestó la autoridad.
Con relación al magisterio, precisó que el Ministerio de Educación es la instancia que debe definir si se cancela o no los salarios de julio.
No obstante, en algunas entidades independientes el Ministerio de Trabajo deberá asumir una resolución final.
“En el caso de algunas instituciones autónomas, como las universidades, que tienen el manejo independiente de sus recursos, la Contraloría, en función a la determinación del Ministerio de Trabajo, evaluará las medidas pertinentes”, precisó Herbas.
En estas circunstancias, si es que se pagara los salarios pese a la ilegalidad del paro, la Contraloría General del Estado deberá intervenir para identificar a los responsables.
La misma determinación se asumirá para los conflictos que se suscitaron en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, donde hace 17 semanas se paralizaron las clases.
En este caso, la autoridad dijo que el Ministerio de Trabajo tendrá que determinar si el paro tiene la legitimidad, antes de resolver si se cancelará los salarios de los docentes y administrativos de esta casa superior de estudios.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que la suspensión de labores académicas en la UMSS viene desde mediados del mes de abril, cuando se paralizaron actividades.
Caso de Oruro
Herbas afirmó además que se evaluará la ampliación de la vacación en la ciudad de Oruro. “Es el Ministerio de Educación la entidad responsable para declarar si esta medida es legal o ilegal”, precisó.
En ese marco dijo que una vez que se emita un pronunciamiento, la Contraloría General del Estado evaluará qué tipo de medidas se asumirán.
El Contralor explicó que ya existen precedentes de casos en los que se derivó la responsabilidad a las entidades o funcionarios que incurrieron en el pago irregular de los salarios, luego de haberse realizado un paro ilegal. (Jocelýn Chipana López - Cambio)
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