La inclusión laboral de personas con discapacidad en Bolivia está lejos de ser una realidad. La normativa establece la obligación de las instituciones y empresas públicas del Gobierno de contratar a esta población en un promedio mínimo de 4 por ciento del total de su personal.
Sin embargo, los porcentajes aún son muy bajos “estamos por llegar a la mitad”, declaró la responsable del Proyecto Ágora de Cáritas boliviana, Fabiola Achá.
“A veces los empresarios tienen miedo o creen que estas personas no son capaces, pero mostrándoles experiencias exitosas los concientizamos sobre su rol integrador”, sostuvo.
En una ponencia en Brasil en abril de 2014, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que en base a un estudio de su institución, se verificó que en los ministerios del Órgano Ejecutivo trabajaban 132 personas con discapacidad de un total de 5.811 funcionarios, es decir algo más del 2 por ciento.
Para mejorar la calidad de vida de esta población a través de procesos de capacitación y apoyo en la inclusión laboral, Cáritas Bolivia creó en mayo de este año la Alianza Interinstitucional por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad conformada por nueve instituciones, entre ellas Fe y Alegría y el Gobierno Municipal de La Paz.
“La Alianza aspira a hacer convenios con empresas, pero un primer paso es explicar a empresarios públicos y privados las experiencias exitosas que tenemos para que vean que es posible contratar a una persona con discapacidad”, insistió Achá.
El banco de talentos creado por la Alianza este año ya ha capacitado a 174 personas en diferentes rubros y ha incluido laboralmente a 47.
Cifras
La tasa de desempleo que afecta a las personas con discapacidad en Bolivia oscila entre el 60 y el 85 por ciento, mientras que a nivel nacional la cifra general de desempleo es del 3,2 por ciento.
Las mujeres tienen dos veces menos trabajo que los hombres con discapacidad, según datos del Defensor del Pueblo.
En Bolivia existen 400 mil personas con algún tipo de discapacidad. En el departamento de Santa Cruz hay 117 mil personas, seguido de La Paz con 83 mil.
En países como Ecuador, la ley establece la multa de nueve salarios mínimos para las empresas que no integren a personas con discapacidad, algo que busca impulsar la Alianza.
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