Beneficios sociales vulnerados

Las condiciones de trabajo en Cochabamba están deterioradas por el incumplimiento de los beneficios sociales de parte de algunos empleadores y las formas que se dan algunas empresas para vulnerar los derechos laborales, evitando así la erogación de más dinero en sus empleados.

Esta es la conclusión del estudio denominado “El nuevo mundo del trabajo en el área metropolitana de Cochabamba”, realizado por la Fundación Abril y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) a través del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (Inciso).

El estudio, que fue realizado a 537 trabajadores pertenecientes a empresas públicas, privadas e incluso a trabajadores independientes, advierte los efectos que está ocasionando el deterioro del empleo dentro de las familias cochabambinas.

Uno de los investigadores del estudio, Víctor Hugo Calisaya, indicó que el deterioro del trabajo repercute en la búsqueda de empleo de parte de la mayor cantidad de los miembros dentro de la familia, porque los recursos económicos no alcanzan para poder cubrir los gastos que tienen y que podrían ser resueltos si los empleadores cumplieran con la otorgación de todos los beneficios sociales.

Este tipo de situación también ha provocado que los propios empleados se organicen para poder conseguir con sus propios recursos algunos beneficios que sus empresas o instituciones no les otorga, como los aguinaldos, la lactancia materna y el seguro médico, entre otros.

“Los propios empleados tienen que hacer una especie de aportes de su propio sueldo para recibir a fin de año un aguinaldo o poder enfrentar los gastos del recién nacido o de la lactancia”, indicó por su lado la investigadora del estudio Carla Ascarrunz, a tiempo de informar que este tipo de situaciones ha creado una conciencia de solidaridad en algunos empleos.

Asimismo señaló que en muchos casos los trabajadores que conocen sus derechos permiten que estos sean vulnerados, porque prefieren rechazar los mismos para no poner en riesgo su fuente de trabajo. “Lo que les interesa es contar con el trabajo”, afirmó.

BENEFICIOS VULNERADOS

En el estudio se tomaron en cuenta varias variables relacionadas con los beneficios sociales de los trabajadores, entre ellos el acceso a los servicios de salud, las vacaciones, pago de horas extras, aguinaldos, aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y subsidio de lactancia.

En lo que se refiere al pago de las horas extras, el estudio indica que un 53 por ciento de los trabajadores no recibe remuneración por trabajar más de 40 horas a la semana en el caso de las mujeres, y más de 48 horas en el caso de los hombres.

Un 27 por ciento si recibe remuneración por trabajar más tiempo y un 20 por ciento no trabaja en horas extras.

El subsidio de lactancia también es uno de los beneficios sociales vulnerados por los empleadores en el departamento, ya que un 68 por ciento de los trabajadores no cuenta con este derecho establecido en la Ley General del Trabajo.

En cuanto a los aportes para la jubilación, la investigación titulada “Nuevo mundo del trabajo” revela que el 55 por ciento no realiza ninguna contribución, situación que podría ocasionar problemas al trabajador a un futuro o lo obligaría a trabajar hasta una edad muy avanzada.

El pago del aguinaldo es otro de los problemas, ya que el 56 por ciento no recibe este beneficio para poder afrontar sus gastos de fin de año. Esto significa que apenas 45 de cada 100 trabajadores goza de este beneficio.

La organización de los trabajadores dentro de la empresa revela que el 34 por ciento cuenta con un sindicato, el 12 por ciento con una asociación y el 54 por ciento no cuenta con un ente que defienda sus derechos al interior de su empresa.

TIPOS DE CONTRATO

En cuanto a la relación laboral entre el empleador y el empleado, a través del contrato, la investigación señala que solamente el 48.6 por ciento de los trabajadores tiene contrato de trabajo escrito, mientras que el 25.9 por ciento cuenta con un contrato verbal y el 25.5 por ciento no tiene ningún tipo de contrato.

“Estos datos nos quieren decir que la mayoría de los trabajadores no tienen una seguridad respecto a su trabajo”, dijo Ascarrunz a tiempo de manifestar que contar con un contrato verbal es casi igual que no tener el documento, ya que al momento de pedir algún beneficio laboral puede pesar la palabra del empleador contra la del empleado.

Los resultados también indican que el 42 por ciento tiene contratos solo temporales, por un tiempo de un año, tres meses o con otros plazos fijos.

El 58 por ciento tiene contratos de duración indefinida, sin embargo Ascarrunz señaló que esta situación no asegura los derechos laborales de los contratados.

“Por ejemplo si cruzamos este dato con la tenencia del seguro de salud, encontramos que teniendo contrato un 24 por ciento de los trabajadores no tiene este beneficio”, acotó.

Manifestó que actualmente tanto empresas públicas como privadas están optando por realizar otro tipo de contratos con los trabajadores, todo para evitar el pago de estos beneficios.

La terciarización es un ejemplo de esto, ya que las empresas que se dedican a contratar personas para trabajos específicos de instituciones públicas o privadas optan por hacer contratos de tiempos cortos para evadir así el pago de los beneficios sociales.

Otra manera de burlar este pago es la consultoría donde el trabajador es contratado por una empresa, pero es el mismo empleado el que debe pagar con el sueldo que le paguen su afiliación a un seguro de salud y hacer sus aportes a las AFP, señaló, el investigador Calisaya.

Para analizar la influencia de las condiciones laborales en la vida cotidiana de los trabajadores, el estudio también incluyó la tenencia de vivienda de los trabajadores.

Los resultados indicaron que el 59.9 por ciento vive en casas alquiladas, en anticrético o con otros familiares y que solo el 40 por ciento tiene casa propia.