Hoy se vence el plazo para que las empresas presenten la planilla de reintegro y planilla salarial, en la cual se muestra el pago del incremento de 10 por ciento decretado por el Gobierno nacional.
A las oficinas de la Dirección Departamental del Trabajo hasta ayer habían entregado 2.500 empresas de las 4.500 que regularmente presentan estos documentos. “Los que no presenten tendrán sanciones que van de 1.000 a 10 mil bolivianos, y además de la multa igual tienen que realizar el pago que por ley corresponde", explicó Nancy Quispe, responsable de administración de la Dirección.
La nueva normativa. Por otra parte, el ministro de Trabajo, Félix Rojas, estuvo en la ciudad de Santa Cruz para realizar inspecciones preventivas a los ingenios azucareros de San Aurelio y Guabirá. Señaló que el objetivo es verificar el cumplimiento de normas de carácter social y técnico. "Es una tarea cotidiana que hace el ministerio. Observamos alguna anomalía y la hacemos notar, no sancionamos, pero luego realizamos una reinspección y si no se ha enderezado la observación daremos la sanción correspondiente", dijo Rojas.
Además, la máxima autoridad laboral habló al respecto de la nueva Ley General del Trabajo y de los cambios que tendrá. Dijo, en relación a los discapacitados, que la normativa actualmente sólo indica que sean las empresas públicas las que deben contratar de manera obligatoria a personas con discapacidad, hasta un 4 por ciento de su personal. “Pero debería ser igual para las empresas privadas”, señaló. Cuando se le consultó si la nueva ley contempla a este sector, manifestó que se analizaría el tema en el momento oportuno y que la intención de que los privados los contraten, es un punto de vista personal.
El ministro también dijo que de la nueva Ley General del Trabajo ya se consensuaron 51 artículos de los 122 que tiene. El diálogo lo establecieron con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB).
“En la nueva normativa no habrá contratos civiles ni comerciales, desaparecerán los intermediadores entre el trabajador y el contratista, es decir van a desaparecer los contratos de enganche”, explicó. Agregó que el único intermediador entre el empleador y el trabajador será el Estado.
Otro aspecto que se descarta, según Rojas, es el principio de no discriminación. "Desaparecerán las odiosas diferencias entre el trabajo del campo y de la ciudad, el universo se ampliará”, apuntó.
Elaboran decreto para controlar a las empresas. Rojas señaló que actualmente en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) hay más de 10 mil empresas consignadas, pero de acuerdo a Fundempresa, existen más de 50 mil. “Entonces si no se registran eso quiere decir que varias no cumplen con el pago de los beneficios sociales”, aseveró. Sin embargo, explicó que a partir de esta gestión la empresa que no se registre será “inhibido” en sus operaciones comerciales. “Haremos que los bancos les pidan el ROE”, indicó. Para ello su cartera ministerial se encuentra elaborando un proyecto de decreto supremo y “así coercionar a los empleadores para que se inscriban y a partir de sus informes trimestrales sepamos cuántos trabajadores tienen”, indicó.
Pretenden que en un mes esté aprobada
Félix Rojas dijo que espera que se logren consensos con los representantes de la cob respecto a la nueva ley del trabajo. "Ojalá que sea rápido y en un mes aproximadamente se promulgue.
La COB está divorciada de las bases
Según rojas las bases han criticado las resoluciones del último ampliado de la Cob, donde se da una prórroga por un año más para pedro montes.
EL ACUERDO DE ABRIL
Piden reunión con el Gobierno para avanzar en la agenda
La cob envió una carta al gobierno para programar el trabajo de las comisiones establecidas en el convenio de abril pasado, que puso fin a la huelga indefinida convocada por la entidad matriz de los trabajadores bolivianos.
Además, según el ministro de trabajo félix rojas, desde mañana reinician los consensos con los trabajadores.
Mientras que pedro montes, secretario ejecutivo de la cob, dijo que les interesa también reunirse con las autoridades del gobierno que firmaron el acuerdo de ocho puntos de abril.
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