La vulneración de los derechos laborales fue la queja que en mayor número registró la Defensoría del Pueblo en 2011. Del total de denuncias que admitió el año pasado (5.505), el 48,8% se concentró en La Paz y El Alto.
Los datos se desprenden del informe anual de la Defensoría del Pueblo, presentado ayer por Rolando Villena, titular de esa institución, a los medios de comunicación.
Las 16 oficinas de la Defensoría en todo el país recibieron 13.871 quejas, de las cuales 5.505 fueron admitidas y atendidas; 8.370 fueron derivadas a orientación; 10 fueron rechazadas y seis no fueron asignadas.
Las quejas atendidas por la instancia se refieren, en primer lugar, a vulneraciones al derecho laboral (971), seguidas por la vulneración del derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública (815) y derecho a la petición de respuesta y resolución de la autoridad denunciada (606), entre otros.
Este medio intentó contactarse con autoridades del Ministerio de Trabajo para conocer su opinión respecto del informe, pero no lo consiguió.
En dicho informe se conoció también que las representaciones defensoriales de La Paz y El Alto son las que mayor número de denuncias recibieron el año pasado, las que suman 2.690, lo que representa el 48,8% de los casos admitidos.
También se informó que la Policía se mantiene en el primer lugar como la institución con mayor número de denuncias en su contra (763), seguida por el Servicio Departamental de Educación de Oruro (418) y el Servicio Departamental de Educación de La Paz (319).
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, denunció el año pasado que la Policía Boliviana era la entidad que más vulneraba los derechos humanos desde 2005, de acuerdo con datos de la Defensoría. La institución policial continúa siendo, por séptimo año consecutivo, la instancia que tiene la mayor cantidad de quejas en su contra.
La Defensoría destaca como logros el informe sobre la muerte del subteniente Gróver Poma y la solicitud para que el caso pase a jurisdicción ordinaria, además de la investigación sobre la vulneración de los derechos de los originarios en la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS.
También se resaltó la mediación en la definición del precio de la castaña, la conformación de la Red Boliviana de Lucha contra la Trata y Tráfico, y el informe y seguimiento a la política pública de cáncer cérvico uterino y de mama.
Otros logros fueron la observancia al respeto de los derechos de los reclusos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, de los niños y adolescentes, de las personas adultas mayores y de quienes tienen problemas de discapacidad.
Nueva visión sobre derechos humanos
La Defensoría del Pueblo, dentro de sus nuevas prioridades, se encargará de priorizar la redefinición de los derechos humanos.
Uno de sus desafíos será de generar espacios y procesos de diálogos y saberes de conocimientos en el marco de la intraculturalidad, interculturalidad y descolonización.
Según el defensor del Pueblo, Rolando Villena, la institución en su nueva visión se enmarcará en la articulación de la doctrina histórica y universalista, los principios constitucionales y las cosmovisiones características socioculturales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos.
La entidad también pretenderá incidir en los distintos procesos autonómicos del país y en los principios de éstos para garantizar los derechos humanos.
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