El director departamental del trabajo en Santa Cruz, Aníbal Melgar, informó que en este primer semestre recibió 18.000 denuncias por la vulneración de la estabilidad laboral y el incumplimiento de la cancelación de los beneficios sociales por parte del sector público y privado.
“Cada día, ante la Dirección de Trabajo se aproximan 100 personas con denuncias, falta de estabilidad laboral o el incumplimiento de la cancelación de sus beneficios sociales por parte de los empleadores. Registrando un incremento de 20 denuncias por día a comparación del año pasado, cuando se apersonaban 80 personas por jornada para realizar sus respectivas denuncias”, indicó Melgar.
Asimismo, señaló que cada año se elevan los porcentajes que ocupan la vulneración de estos dos derechos laborales, puesto que del 100% de las denuncias que reciben en esta dirección, el 30% es por falta de estabilidad laboral e igual porcentaje es por el incumplimiento de pago de los beneficios sociales, dejando un 40% para otros casos de diferente índole laboral.
“Tenemos 5 inspectores que a diario atienden 20 casos entre falta de estabilidad laboral e incumplimiento de pago de los beneficios sociales”, comentó Melgar.
También, señaló que los hombres en un rango de 35 a 50 años y las mujeres son los funcionarios más propensos a sufrir la violación de estos dos derechos, toda vez que con la contratación de funcionarios jóvenes se evitan cancelar altos salarios y pagar beneficios sociales.
“El empresariado nacional prefiere contratar personal joven y con poca experiencia a mantener la estabilidad laboral de personas mayores con vasta experiencia laboral, toda vez que esto les significaría un alto costo en sueldos y beneficios sociales. En el caso de las mujeres, sufren más la presión en sus fuentes laborales y demanda a la empresa una carga económica por el tema de subsidios al momento del embarazo, optando por el despido y contratación de nuevo personal”, dijo Melgar.
Además, acotó que la estabilidad laboral está amparada por el Decreto Supremo N° 28699, que establece que nadie puede ser despedido “sin una causa debidamente justificada y probada”. Además determina que los beneficios sociales deben ser cancelados en el plazo de 15 días calendario. En caso de que el empleador incumpla, la multa asciende al 30 por ciento del monto, y la actualización del mismo según las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) a favor del trabajador despedido.
Al respecto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla), señala que de cada 100 empleos creados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, 88 no cuentan con estabilidad laboral. Asi también, la tasa de ocupación femenina se contrajo de 49.7% en el 2001, al 47.5% en el 2010 en las ciudades del eje central del país.
“El incremento del trabajo asalariado de las mujeres no ha venido de la mano de la estabilidad laboral, toda vez que el 35% de las trabajadoras a nivel nacional cuentan con contratos temporales y en el sector empresarial, el 44% de las mujeres son funcionarias temporales, teniendo un tiempo de permanencia laboral de 2 años o menos años en un mismo empleo. Además, durante el 2010, solamente el 38% de las mujeres aportaban para su jubilación”, indica el informe del Cedla.
A diario, cientos de trabajadores cruceños acuden a la Dirección del Trabajo para formalizar sus denuncias por falta estabilidad laboral o incumplimiento de la cancelación de los beneficios sociales.
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