Veinte agencias de empleo, con funcionamiento en proximidades de la ex terminal de buses de la capital cruceña, fueron clausuradas ayer por violar los derechos de adolescentes que acuden a estas oficinas ávidas de trabajo y por no contar con licencias de funcionamiento. En el operativo intervinieron autoridades policiales y municipales, que arrestaron a cinco personas vinculadas a este negocio y rescataron a nueve menores (siete muchachas y dos varones) hallados en situación vulnerable.
Las batidas se ejecutaron en la avenida Cañoto, en la calle Monseñor Santistevan y alrededores. No es la primera vez que se realizan estos operativos, pero, según Rosy Valencia y Angélica Zapata, directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y concejala, respectivamente, esta vez se actuó en cumplimiento de la ley municipal 074/2014, que regula la prestación de servicios por parte de adolescentes en las agencias de empleo, con el fin de precautelarlos de la trata y tráfico de personas.
Delitos, no infracciones
Las autoridades intervinieron varias oficinas de captación de personas necesitadas de trabajo. En todas se verificó la inexistencia de contratos, como exige la norma, solo formularios llenados con datos de la operaria y nombres en cuadernos con cifras de comisiones por cobrar.
Valencia reveló que las agencias se valen de ‘promotoras’ que velan en la terminal a chicas llegadas en buses del interior del país, las ‘reclutan’, les dan posada temporal en sitios insalubres y las emplean sin muchas exigencias al patrón.
“Entran como coperas y terminan siendo prostituidas por los dueños de rocolas, choperías y lenocinios. Muchas veces las chicas pierden contacto con la familia, les quitan sus documentos, no les pagan y no las dejan salir sábado ni domingo. Estas agencias más bien son canales para que personas inescrupulosas contraten a adolescentes con un objetivo y luego las someten a explotación laboral, a abuso sexual comercial, a violaciones y en casos incluso seguidos de muerte. Están cometiendo delitos de lesa humanidad”, aseguró Valencia.
La fiscal Alejandra Ávalos manifestó que hay ‘bastantes’ denuncias de trata y tráfico, sobre todo de menores. “Justamente de esta agencia tenemos un pedido de cooperación internacional por un caso”, dijo la fiscal haciendo alusión a uno de los negocios clausurados.
Admite debilidades
Óscar Montero P., presidente de la asociación de agencias de empleo en la urbe, manifestó que su ente cuenta con 60 afiliados, aunque extraoficialmente se supo que funcionan alrededor de 150 agencias.
“Hay agencias que incumplen la ley, estamos tratando de normarlas. Hay promotoras que cometen delitos, no podemos negarlo, estoy hablando con los dueños para que despidan a estas promotoras que reclutan adolescentes porque quien va a pagar el pato es el dueño de la agencia. Hemos pedido a la Defensoría que habilite una oficina en la ex terminal para visar los contratos con menores de edad, porque en sus oficinas hay mucha burocracia”, alegó Montero.
Valencia negó el pedido de Montero y lo instó a cumplir la ley. “Solo deben cumplir la ley, si no irán presos”, advirtió y añadió que la Defensoría ya sentó la denuncia en la Felcc contra los infractores
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