Desde hace cuatro años el Gobierno central hizo el cambio de la medición de la inflación, incrementando la cantidad de productos y disminuyendo los ponderadores de alimentos y bebidas, y vestimenta. Con estos cambios el Instituto Nacional de Estadística (INE), institución perteneciente al Gobierno central, maquilla este indicador para poder negociar con todos los sectores asalariados un incremento salarial inferior y, por lo tanto, el reporte oficial de la inflación para 2012 se situó en el 4,54%.
Es de conocimiento de los trabajadores que este indicador es el que se utiliza para realizar los incrementos salariales cada gestión, por esta razón el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha ofrecido a todos los sectores asalariados un incremento de apenas el 5%, para la gestión 2013.
Este ofrecimiento del ministerio solamente confirma que el Tesoro General del Estado no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer incrementos salariales en base a datos reales, ya que de ser así y calcular la inflación con el ponderador real, la verdadera inflación acumulada hubiese alcanzado el 10,7% y en el grupo de alimentos y bebidas un incremento del 21,5%, tomando en cuenta que este grupo concentra el 70% de los gastos realizados por los ciudadanos.
Otro aspecto que llama sobremanera la atención, es que en la Ley Financial 317 aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 11 de diciembre de 2012 se aprueba el Presupuesto General del Estado para la gestión 2013 presentado por el Poder Ejecutivo.
En este presupuesto se programa un incremento en la partida de gastos en sueldos y salarios de un 16%, respecto con 2012, es decir que otra vez se maquillan las cifras al ofrecer un incremento salarial tan ínfimo con relación a las proyecciones realizadas por el ministerio.
Hay que entender la realidad de cada uno de los hogares, que es distinta, porque en los bolsillos bolivianos no hay dinero y lo poco que tenían ya nos les alcanza para comprar lo que compraban hace ocho años, debido a que el ciudadano ha tenido una pérdida del poder adquisitivo del 40% en los últimos ocho años, quedando demostrado que el Gobierno central no tiene los recursos que difunde y muestra pequeñas inflaciones maquilladas para ofrecer solo bajos incrementos salariales
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