El presidente de la Confederación Nacional de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez alertó, este lunes, que un eventual impuesto a los salarios desestabilizará la economía del país y sugiere que esta intensión pretende cubrir parte del déficit fiscal del país.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, según una declaración a un medio escrito de La Paz, abrió la posibilidad de plantear un impuesto a los ingresos con el objetivo de "mejorar la redistribución de ingresos".
"Estamos advirtiendo que no sería una medida adecuada. Cuando surjan este tipo de impuestos dirigidos, lo único que se está haciendo es desestabilizar más la economía no sólo de las empresas, sino también de los ciudadanos", alertó Daniel Sánchez.
En criterio del titular de los empresarios de Bolivia lo que buscaría el gobierno con esta medida es generar ingresos adicionales para cerrar la brecha del déficit fiscal que se presume será del 1.5 del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.
"Creemos que va a ser una medida que la población misma va a resistir y va a retrasar el desarrollo del país. Lo que nos preocupa es la poca productividad y el nulo crecimiento", explicó el presidente de la CEPB.
En tanto el director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco dijo que todo impuesto significa menor ingreso para el que recibe un salario y menor capacidad de compra, situación que causará protestas sociales. Pacheco atribuye esta sugerencia del gobierno a una cobertura tributaria muy baja y la existencia de problemas económicos en el Tesoro General de la Estado (TGE).
Por su parte, Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, dijo que la ley de pensiones establece que se va a cobrar un impuesto adicional a los ingresos y sólo falta sus reglamentos. "Ya hay un impuesto a las rentas por alquileres, un impuesto a los depósitos en los bancos y un impuesto a los salarios", informó Doria medina.
Para el jefe de Unidad Nacional no fue casual el incremento a los hidrocarburos en diciembre de 2010 y la subida de los precios de carburantes es una preocupación para el gobierno porque tiene que emitir mayor gasto en la subvención de los hidrocarburos.
En febrero de 2003 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, aprobó un impuestazo a los salarios, la misma que fue rechazada por la población y derivó en enfrentamientos entre militares y policías en kilómetro cero, en la misma gestión el ex presidente Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de la república.
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