La falta de una norma ajustada a los servidores públicos, en el nuevo contexto del Estado Plurinacional, es un vacío legal que al final acaba por convertirse en injusticia. El actual Estatuto del Funcionario Público coarta derechos que hoy necesitan ser adecuados a un marco normativo acorde a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Así lo revelan trabajadores entrevistados del sector público y autoridades del Ministerio de Trabajo que conversaron con Cambio sobre el nuevo escenario de los funcionarios públicos.
El director del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Ramiro Aguilera, identificó como uno de los grandes reclamos de los servidores públicos la inestabilidad laboral. La Constitución Política del Estado garantiza la estabilidad laboral, y otras normas, como el Estatuto del Funcionario Público, dan ese derecho sólo a los funcionarios de carrera.
La Constitución Política del Estado, en los artículos 46-2 y 49-III, establece que el Estado protegerá la estabilidad laboral a través de la “prohibición del despido injustificado”. Sin embargo, se puede operar el despido cuando es debidamente justificado, a través de un proceso administrativo interno en el que se justifiquen las causas y motivos del despido.
“Fui contratada de forma eventual, como secretaria. Estoy así dos años y, por contrato, no tengo derecho a vacaciones, ni a aguinaldo”, señaló a Cambio una funcionaria pública.
Otro funcionario dijo que se desempeña como consultor hace tres años y sólo ve como “beneficio” contar con un salario mayor a los funcionarios que trabajan con ítems.
“Si me enfermo o requiero de vacaciones para alguna emergencia o descanso, no es posible”, comentó.
Al respecto, Aguilera dijo que uno de los temas que se trabajará para beneficiar al sector público es la eliminación de injusticias, de modo que los consultores eventuales, interinos o el personal eventual accedan a seguros de salud, aguinaldos, vacaciones y beneficios sociales, como cualquier otro boliviano en situación laboral.
“Yo creo que con el tiempo el proceso de institucionalización hará que todos los que estén a contrato pasen a ítems, sería lo ideal”, comentó y espera que se acaben ese tipo de contrataciones. “Esas situaciones se tienen que regular, el personal a contrato no está amparado ni en el Estatuto, ni en la Ley General del Trabajo. Es un vacío grande, es algo que se debe remediar, porque sólo está limitado a lo que dice su contrato, es una deuda que hay que empezar a subsanar”, señaló. Por su parte, el asesor en derechos laborales del Ministerio de Trabajo, Fernando Mendoza, indicó que la nueva propuesta de Ley del Servidor Público pretende ampliar los derechos de los servidores y eliminar la figura de los consultores para que no se restrinjan derechos. Dijo que el tema de los eventuales es una figura que se creó por ‘costumbre’, con la finalidad de confundir a los trabajadores en todo tipo de entidades públicas y privadas.
Explicó que los consultores en línea tienen las mismas funciones que cualquier servidor público. “Tienen horario fijo, están sujetos a un control superior, usan un espacio físico con determinados mobiliarios de la entidad y en la práctica no hay ninguna diferencia con un profesional de carrera, excepto la forma de contratación, por lo que deben tener los mismos derechos que un profesional de carrera”, comentó.
Agregó que la inestabilidad laboral aumenta cuando las personas ingresan a “dedo” (sin concurso de méritos), por lo que no gozan de ninguna permanencia laboral, ya que no han cumplido con los requisitos de ingreso.
Por otro lado, Aguilera manifestó que después de la aprobación de la nueva Ley General del Trabajo será el turno del tratamiento de la norma que sustituya a la del Estatuto del Funcionario Público, para adecuarlo al marco constitucional.
Nivelación de sueldos está pendiente
Las nivelación de sueldos entre entidades estatales, desde los directores hacia niveles dependientes, es una tarea inconclusa, aseguró el director general de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo, Ramiro Aguilar.
“Es necesario fijar escalas salariales, hay diferencias entre las propias entidades públicas, porque hay ministerios que tienen un nivel salarial más alto y otros que tienen escalas menores. No hay política salarial, es una falencia que se tiene que trabajar”, sostuvo la autoridad.
De acuerdo con las consultas que realizó Cambio a entidades públicas, existen secretarias que ganan entre 700 y 1.200 bolivianos en unas entidades y en otras pueden superar los tres mil bolivianos. “Hay profesionales en un ministerio que ganan cuatro mil bolivianos y con el mismo nivel y funciones en otros ministerios ganan el doble”, sostuvo Aguilar y aclaró que si bien existe una nivelación de sueldos en la parte ejecutiva, de directores generales, viceministros y ministros, el problema se da en jefaturas y cargos menores.
Centralizarán registro único de servidores
El Ministerio de Trabajo informó que se implementará un Sistema de Registro Único estatal de servidores públicos, que en un período de dos años articulará y centralizará toda la información de cerca de 18 entidades que registran a los funcionarios por diferentes motivos como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Tesoro General de la Nación, Declaración Jurada de Bienes y Rentas, entre otros. El registro único incluirá los datos de servidores de los niveles autónomos, escalas salariales y otros que permitirán generar nuevas políticas.
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