Una inspección realizada por la Representación Departamental La Paz de la Defensoría del Pueblo constató que las supuestas agencias de empleo trabajan en realidad como oficinas de bienes y raíces, comerciales o de servicios. En La Paz existen por lo menos 12 lugares donde los delincuentes encuentran a sus víctimas.
En una verificación “defensorial” realizada a 17 agencias de empleo de la Sede de Gobierno, la Representación Departamental La Paz de la Defensoría del Pueblo identificó irregularidades en su funcionamiento, como en la oferta y requerimiento de trabajo, lo que podría estar vinculado a posibles delitos de trata y tráfico de personas.
“Las agencias de empleos podrían ser utilizadas por las redes de tratantes de personas, como instancias para la captación de víctimas, siendo que no existe una regulación para esta actividad económica”, manifestó la representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarachi.
En las visitas realizadas el pasado lunes, indicó que se encontraron irregularidades como el hecho de contar con licencias de funcionamiento bajo características de “comerciales”, “bienes raíces”, “servicios” o “actividad económica” y no como agencias de empleo.
Aseguró que algunas de las agencias de empleo no contaban con registros de los solicitantes de empleadas y/o empleados y colocan como única referencia un número de celular de las o los ofertantes, situación que debiera llamar la atención a la hora de apersonarse hasta aquellos puntos de negocio.
REQUERIMIENTOS
Algo que llama la atención -dijo Guarachi- es el requerimiento de adolescentes para actividades económicas en provincias, interior del país o en el extranjero, el que no contempla un nombre, pues provienen de personas anónimas.
“Ante los resultados de las verificaciones, la representación exigirá a las entidades reguladoras, como el Ministerio de Trabajo, el control y regulación de estas entidades de servicio económico”, manifestó.
OPERATIVOS
Las agencias en las que se realizó la fiscalización están ubicadas en las zonas Garita de Lima, calle Nataniel Aguirre; Gran Poder, avenida Buenos Aires; calle 18 de Achumani; calle 21 de Calacoto; calle Pasoskanki esquina Brasil y calle Villalobos, en Miraflores; asimismo en la calle Casimiro Corrales esquina Luis Fuentes del barrio Santa Bárbara. De igual forma en la calle Figueroa esquina Graneros de la zona San Sebastián; en Los Pinos y en Villa Copacabana.
Paralelamente a este trabajo, a través de la Unidad de Programas Especiales, se desarrolla acciones de vigilancia social con el propósito de informar, sensibilizar y prevenir los posibles casos de trata y tráfico, principalmente de la niñez y adolescencia. Esta verificación se realizó en el marco de lo establecido en la Ley 263.
MARCO LEGAL
La oficina realiza las verificaciones en el marco de la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas, delitos que son sancionados con la privación de libertad.
El documento sostiene que “quién promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona de departamento o municipio a otro de cual dicha persona no sea residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza con el fin de obtener directamente o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad”.
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