El 16 de abril de 1995 murió el niño pakistaní Iqbal Masih. A los cuatro años de edad él se vio obligado a realizar trabajos forzosos, una de las formas de esclavitud infantil más frecuentes, por una deuda que tenía su padre. Tras años de trabajos precarios, murió a los 12 años.
Unicef, en conmemoración a Iqbal, estableció esa fecha como el Día mundial contra la esclavitud infantil. En Bolivia, según la Unicef, este problema estructural muestra que hay 850.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan en pésimas condiciones.
El organismo internacional señala que todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra la violencia, la explotación y el abuso. Sin embargo, se calcula que al menos 400 millones de menores en todo el mundo son esclavos, y muchas veces esta explotación viene del entorno familiar, autoridades policiales, agentes estatales y no estatales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) puntualiza que para disminuir el trabajo infantil hay que invertir en la protección social, centrada en una educación formal; sin embargo, el aumento de esta actividad en los niños indica la dificultad para eliminar una de las peores formas de explotación para 2020.
Para el director general de la OIT, Guy Ryder, la protección social, el trabajo decente para los adultos y los jóvenes en edad de trabajar, una legislación eficaz y un diálogo social consolidado, forman parte de una respuesta adecuada al trabajo infantil.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado en su artículo 61, prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. A pesar de esto, el trabajo infantil esta naturalizado por múltiples factores. Los niños se ven obligados a trabajar aceptando las peores condiciones y exponiendo su integridad, muchas veces por la pobreza, la migración, la irresponsabilidad paterna, la descomposición familiar, el abandono, entre las más frecuentes.
Según la Defensoría del Pueblo, la explotación infantil es el tercer ámbito de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes y uno de los más difíciles de enfrentar.
El informe de la defensoría da cuenta de la gravedad de este problema estructural que afecta a 850.000 niños, niñas y adolescentes, que representan el 28% de la población de entre 5 y 17 años -397 mil en las ciudades y 452 mil en área rural-. De estos, más del 87% está inmerso en trabajo infantil peligroso que pone en riesgo su salud, su integridad física, mental y dignidad.
Entre los trabajos peligrosos se identifica a la zafra de caña, la recolección de castaña, la minería, pesca, ladrillería, venta de bebidas alcohólicas, recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección y seguridad, trabajadoras del hogar y voceadores del transporte.
Otro estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y UNICEF, señala que el 77,11% de los niños, niñas y adolescentes, trabajadores de 5 a 17 años, desarrollan actividades laborales familiares no remuneradas, tanto en el área urbana como rural. 19,17% trabajan por cuenta propia, en especial en el área urbana. 2,23% son obreros o empleados, sobre todo en el área urbana. 12,41% trabaja para empleadores y 5,12 por ciento para otros hogares. De los niños que trabajan y perciben un salario, se tiene un promedio de Bs260 a Bs457.
En julio de 2014, el gobierno promulgó la Ley 548 Niño, Niña, Adolescente, que regula el trabajo infantil para evitar diversas formas de esclavitud. La norma establece que los niños trabajadores de entre 14 a 18 años deben dedicar dos horas al estudio, seis horas a la jornada laboral, máximo hasta las 10 de la noche, y su salario no podrá ser inferior al mínimo nacional. También prohíbe que los niños trabajen en actividades peligrosas.
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