Por inamovilidad laboral, entes evitan contratar a discapacitados

Según la Jefatura Departamental del Trabajo, en Tarija las instituciones públicas evitan contratar a personas con discapacidad por temor a la inhabilidad laboral, que beneficia por ley a este sector. Pero este temor, trae consigo que éstas incumplan con la normativa nacional, que establece que el cuatro por ciento de los recursos humanos de las instituciones deben ser personas con discapacidad.

Lo cierto es que hasta la fecha, ninguna institución, pública ni privada, se dio la molestia de contabilizar a las personas con capacidades diferentes que trabajan en Tarija. Según el proyecto Aulas de Gestión Ocupacional América Latina (ÁGORA), en Cochabamba, una de cada 700 personas con discapacidad tiene trabajo, los demás se dedican al arte público (cantar en las calles).
De acuerdo a la Gaceta Oficial de Bolivia, el Decreto Supremo 27477, de mayo de 2004, en su artículo cuatro (Obligación de contratación preferente), señala que las entidades del Poder Ejecutivo tendrán la obligación de contratar a las personas con discapacidad, en un promedio mínimo del 4 por ciento del total de sus empleados.
Sin embargo, esta disposición aún no se cumple en su cabalidad. Estadísticas de la jefatura departamental revelan que sólo un 80 por ciento de las instituciones lograron la inserción laboral de ese sector, pero no en el porcentaje que establece el decreto, el restante 20 por ciento no lo hicieron.
La jefa departamental del Trabajo, Patricia Ugarte, se refirió al tema, e indicó que los entes justifican que no se realiza la contratación por falta de presupuesto, y porque este sector no está capacitado para ocupar los puestos disponibles.
Ugarte indicó que el no cumplir con la disposición nacional significa que el ente incurre en incumplimiento de deberes.
Por otra parte, señaló que pidieron un informe a las instituciones para verificar hasta qué punto se cumple el decreto. En la actualidad se encuentran en proceso de relevamiento de información.
Entre tanto, el coordinador general del Comité Departamental de la Personas con Discapacidad Tarija (Codepedis), Gróver Martínez, manifestó que ellos también pidieron un informe a las instituciones para evidenciar si cumplen o no con las disposición nacional, y esperarán hasta junio una respuesta.
Asimismo, advirtió que irán por la vía jurídica contra aquellos entes que incumplan, porque todos tienen conocimiento de esa normativa.
Ugarte indicó que son “pocas” las personas con discapacidad que ejercen funciones, señaló que “más” son las personas que están a cargo de ellas. Pues la ley tiene ese alcance, ya que trata de garantizar la protección de este sector.
Martínez indicó que principalmente las personas con discapacidad se dedican al área técnica, ya que la “mayoría” son de escaso recursos.

Capacitación
La responsable del proyecto AGORA Tarija, Marisol Wayer, mencionó que el programa tiene como objetivo principal capacitar a personas con discapacidad y acompañar en la búsqueda de un empleo.
Explicó que en la primera fase que empezó en el año 2012 y culminó en el 2014, trabajaron con personas ciegas y de baja visión, y lograron capacitar 55 individuos de ese sector, en cinco áreas diferentes. De los cuales, alguno de ellos ya consiguieron trabajo.
Las áreas en las que se formaron fue: recepcionista, telefonista, computación (nivel básico e intermedio, masoterapia, panadería y manualidades.



Buscan capacitar a 80 personas en la segunda fase

En la gestión 2015, el proyecto Aulas de Gestión Ocupacional América Latina (AGORA), espera capacitar a 80 personas con discapacidad en todo el departamento de Tarija. De esa manera lograr la inserción laboral de ese sector.
La responsable del proyecto, Marisol Wayer, señaló que en esta gestión pretenden ampliar sus servicios en los municipios de San Lorenzo, Padcaya, Bermejo, y posiblemente Yacuiba.