La Defensoría del Pueblo de forma oficial informó que analiza las acciones que asumirá frente a la incorporación, en el Código Niño, Niña y Adolescente, de medidas observadas como la edad de imputabilidad y el trabajo infantil, tras la promulgación de la norma por el Órgano Ejecutivo.
Según la institución defensora de los derechos humanos, “El nuevo Código, como toda Ley, es perfectible y rectificable y el propio Estado y la sociedad debemos vigilar para que sea cumplido, respetado y mejorado”, sostiene el informe oficial.
El Código es un instrumento que tiene muchos avances en materia de protección, especialmente en cuanto a la tipificación penal del infanticidio, la garantía de derechos en temas de salud, educación, identidad, protección de la niñez y adolescencia con discapacidad, garantías sobre los derechos a la vida, la integridad, el principio de corresponsabilidad y muchos otros, “que han sido recogidos y mejorados del anterior Código y se han incorporado a partir de las sugerencias recibidas de distintas instituciones especializadas”.
Sin embargo advierte que algunos temas se trataron con “superficialidad e inconsistencia”, lo que implican una regresión respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y un peligroso mecanismo para sostener y profundizar su vulneración”.
Por otro lado también exige a las autoridades del Estado que se proyecte y se promulgue un instrumento reglamentario a la brevedad con amplia participación de las niñas, niños y adolescentes, así como de las instituciones responsables de implementar las medidas determinadas.
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