Falta coerción y hay empresas que pagan a precio de "gallina muerta" los beneficios. Si bien la mayoría de las empresas que prescinden de los servicios laborales de sus empleados, cumple conforme a ley con el pago de beneficios sociales, muchas también evaden esta responsabilidad y por el contrario cercenan los derechos de los que goza cualquier asalariado.
De acuerdo con la instancia pública al día, reciben al menos 300 consultas de personas que sienten vulnerados sus derechos o quieren que la Jefatura Departamental medie para recibir el trato correcto de sus exempleadores.
El Departamento de Conciliación de esta repartición atiende por lo menos 100 casos en los que ha tenido que intervenir como árbitro para que empleados y empleadores lleguen a un consenso sobre el pago de beneficios sociales.
De acuerdo a testimonios de obreros y abogados laboralistas, la intervención del Ministerio de Trabajo, no siempre garantiza que al trabajador se le respete sus derechos y menos que se otorgue las remuneraciones como dicta la Ley General del Trabajo.
La falta de poder coercitivo de esta instancia sobre las empresas y empleadores que incumplen sus obligaciones, hace que estos negocien “a precio de gallina muerta” los beneficios económicos que debe percibir el obrero, que de no aceptar el regateo se enfrenta a morosos y burocráticos procesos laborales que también implica una reducción de sus remuneraciones económicas, debido a que tiene que asumir los costes legales.
Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo, se limita a mediar ante conflictos laborales y no asume la asesoría legal del trabajador cuando se llega a un litigio.
El obrero evade procesos por la burocracia y por necesidad. Un caso que encaja en esta problemática es la de Julio, nombre ficticio que se ha dado a un joven de 29 años que fue despedido de su primer empleo. El muchacho, además de asimilar que está desempleado, también debe asumir la responsabilidad de ser padre por primera vez.
Sin embargo, esto no le importó a los dueños de la empresa de donde fue retirado, sino que además se negó a pagarle la totalidad de su liquidación. "Mis beneficios sociales superan los Bs 30 mil. Sin embargo, en la conciliación me propusieron pagarme solo Bs 7 mil”, manifestó angustiado el muchacho que finalmente gracias a la asesoría de un abogado logró un consenso con sus exempleadores que fijaron pagarle Bs 12 mil.
"Es algo injusto, porque no es ni la mitad de lo que me deben pagar, aunque tengo que agarrarlo por necesidad. Enfrentar un proceso laboral me demandaría más dinero y tiempo que no puedo asumir”, expresó con voz de impotencia.
Otro drama es el que vive el señor Antonio Peláez (60), quien dedicó los últimos treinta años de su vida a ponerle el hombro a una reconocida empresa maderera. Sin embargo, han pasado 2 años desde que se retiró de la misma y no ha percibido la liquidación que le corresponde de acuerdo a Ley "Estos dos años he tratado de hablar con el dueño a quien serví la mitad de mis años y en el que confié, pero hasta la fecha no me paga ni un centavo de lo que me debe”, manifiesta tras contar que sus exempleadores tampoco han asistido a las citaciones que les ha hecho llegar el Ministerio de Trabajo.
“A la última citación de conciliación, mandaron a su abogado quien me dijo que estaban dispuestos a pagarme la mitad, pero no acepté porque ese dinero me lo he ganado trabajando día y noche en el campo”, narró.
El último recurso que adoptaría el hombre sería iniciar un proceso laboral, aunque a cambio de esto también deberá dar el 30% de sus beneficios al abogado que estará a cargo de llevar adelante su caso ante la justicia “Pensé que viniendo aquí se haría justicia, pero veo que esta instancia no ayuda como debe ser al empleado, me estoy yendo en la misma situación que llegué”, renegó el hombre
Litigantes: la gente prefiere cobrar pronto, aunque sea menos. Como los mencionados son muchos los casos que llegan a la instancia estatal que cuenta solo con dos ventanillas para informar u orientar a sus usuarios. Esta situación genera también un movimiento en las afueras del edificio donde hay abogados que cobran desde Bs 50 por consultas hasta jocosas comisiones que significan desde el 10% al 30% de los beneficios económicos que llega a recibir el beneficiario en caso de procesos legales.
Hugo Sabac; por ejemplo. Él es abogado laboralista y trabaja con casos ligados a abusos de los derechos de trabajadores.
Según manifiesta, cada día atiende a por lo menos 10 personas que buscan asesoría, sea para consultas, para cálculos de beneficios sociales o para asesoría en procesos laborales. "Como abogado siempre trato de buscar un acuerdo conciliatorio en el Ministerio de Trabajo. Tengo el criterio de que en esta instancia estatal es preferible que le paguen menos, pero pronto y no todo a largo plazo, aunque esa función es potestativa”, señaló.
Transmitiendo las palabras del abogado, el Ministerio de Trabajo ahora no tiene fuerza coercitiva para obligar al empleador a acudir al Ministerio de Trabajo y cumplir con sus obligaciones, es por eso que muchos optan por burlar las citaciones para conciliar, lo que obliga al trabajador a ir a un proceso laboral que es otro calvario. "Lamentablemente en el código de procedimiento laboral están los plazos que se deben cumplir para poder tramitarse un proceso pero eso está simplemente en letras, la realidad es otra, porque un proceso laboral como mínimo dura un año y hasta más tiempo por lo que el trabajador debe recibir sus beneficios a largo plazo”, dice a tiempo de justificar la celeridad que da a los procesos que asume.
De acuerdo con la Dirección Departamental de Trabajo, el 20% de los casos de conciliación que atiende, son derivados ante el Tribunal de Justicia donde hay por lo menos 5.000 causas pendientes de empleados que han tenido que enfrentar maratónicos juicios para recibir sus liquidaciones ante la negativa de sus empleadores.
"Pensé que viniendo aquí se haría justicia pero veo que esta instancia no ayuda como debería ser al trabajador, me estoy yendo en la misma situación que llegué”.
Hugo Peláez
Obrero
Conciliaciones
Proponen dar más coerción a las jefaturas en cambios a la ley
Frente a las problemáticas expuestas y ante la falta de coerción que tiene el Ministerio de Trabajo, para obligar a las empresas la cancelación de beneficios sociales a los trabajadores, el jefe departamental del Trabajo en Santa Cruz, manifestó que hay la propuesta de dar mayor fuerza coercitiva a este Ministerio para otorgar mayor celeridad a las denuncias y reducir los tiempos y costos que emplea un obrero a la hora de asumir una denuncia.
Según menciona, la intención es que esta instancia tenga coerción para obligar a empresarios y empleadores a asumir denuncias de pagos de beneficios que sean de menos cuantía, por ejemplo, aquellos que suman más de Bs 1.000 y menos de 30.000 ejemplifica a tiempo de mencionar que los montos aún están por definirse.
Cabe destacar que no están exentos a procesos laborales, deudas cuyos montos son menores o iguales a Bs 2.000.
Punto de vista
Marcelo Arrázola
Pte. Colegio De Abogados De Sta. Cruz
"La burocracia obliga al empleado a renunciar a sus derechos'
En caso de desvinculación de un empleado a una empresa y cuando pasan los 15 días que por ley rigen para el pago de sus beneficios, hay dos vías a seguir: la administrativa que es la conciliación con la intervención del Ministerio de Trabajo para lograr un consenso y la segunda que es la vía jurisdiccional que la ve la justicia cuando no hay un consenso en el primer paso. Sin embargo, siempre la parte más débil en el proceso es el trabajador que no tiene las condiciones económicas para lanzar un proceso en un país donde los salarios son bajos, donde el trabajador vive del salario y no tiene tiempo para llevar adelante su trámite. Se puede decir que el sistema casi lo obliga a buscar una conciliación donde tal vez tenga que renunciar a algunos de sus derechos. Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y la Constitución Laboral garantiza los derechos del trabajador, en materia procesal es engorroso el proceso para el trabajador que al final de cuentas termina abandonando la acción y consensuando.
El gran problema que tiene el Ministerio de Trabajo es que no cuenta con el personal necesario para seguir adecuadamente las denuncias que les llega.
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