Hace tres meses María escapó de su casa junto a su novio Iván, para mantener la relación amorosa que sus padres se negaban a aceptar. Sin embargo, hace una semana fueron atrapados en un operativo de fiscalización y control a las agencias de empleos que operan en la capital.
Ambos menores de 16 años de edad desconocían que eran presas de los delitos de explotación laboral, trata y tráfico de personas, que investiga la Fiscalía junto a la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), dada las circunstancias en las que fueron encontrados y según sus testimonios.
Las comisiones Vs derechos laborales y humanos Según el informe social inicial, en el trance en el que deambularon por al menos unas tres agencias de empleos que fueron clausuradas por trabajar de forma clandestina, los jóvenes fueron sujetos de maltratos, físicos y psicológicos, además de ser sometidos a explotaciones laborales continuas sin goces de descanso, por lo que se han abierto las investigaciones de acuerdo a ley.
Sin embargo, se sabe que este caso no es el primero ni el último, de vulneración de los derechos humanos y laborales de menores y mayores de edad a raíz de esta red de operadores de empleos.
Según la coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en la Unidad de Víctimas Especiales, en lo que va del año han dado asistencia en al menos unos cinco casos de explotación laboral en la mayoría de ellos a menores que buscaron asesoría laboral en agencias clandestinas de empleo.
Asimismo, la Dirección Departamental de Trabajo recibe cada día dos denuncias de vulneración de derechos laborales a mujeres trabajadoras del hogar, también en gran parte dichas fuentes laborales se gestionan a través de las redes de agencias de empleos.
La fiscalización es débil. Estas y otras irregularidades administrativas hacen que este sector se encuentre hoy bajo la lupa, de las autoridades locales y entes de lucha por los derechos humanos y la igualdad de género que cuestionan su existencia y la débil fiscalización que se ejercen sobre las mismas.
No obstante, el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hernán Cabrera, ha hecho énfasis en la necesidad de cerrar definitivamente este tipo de rubros, por prestarse en varias ocasiones o canalizar delitos de trata y tráfico de personas así como explotación laboral y sexual.
"Nosotros hemos planteado que se cierren definitivamente y mientras eso suceda, la Alcaldía debe fiscalizar la forma en que funcionan estos operadores, la oferta laboral no debe de existir a través de intermediarios ya que muchos se prestan a la explotación laboral y sexual porque solo les importan sus comisiones", señaló la autoridad quien además resaltó que los controles a este sector son insuficientes. "No hay control de la Dirección del Trabajo y los controles que hace el municipio son prácticamente esporádicos, no hay una constancia y no hay una actitud por erradicar este problema, una prueba de ello es que a las 24 horas que las clausuran, vuelven a abrir y operar normalmente", aseveró Cabrera.
Por su parte, la representante legal de la Casa de la Mujer, Leslie Cedeño, sugiere que se debería hacer un seguimiento formal y de oficio a las investigaciones y casos en los que se encuentren o presuman indicios de delitos de explotación laboral o abuso laboral y sexual a fin de que las mafias que operan de forma inescrupulosa, no queden impunes "Los operativos no deben quedar ahí, deben ser más continuos y permanentes, pues pocas veces se sabe qué pasó al final y las agencias clandestinas que canalizan estos delitos siguen proliferando", señaló la abogada quien destacó la necesidad de la intervención no solo de la Dirección del Trabajo y el Municipio, sino de políticas concretas y de rehabilitación para las víctimas que quedan con secuelas o que precisan asesoría jurídica para enfrentar a sus acusados.
"La Ley integral nos habla que la Gobernación tiene un rol en esta problemática que es la creación de un Consejo de Trata y Tráfico de Personas a nivel departamental, aunque esto no se ha priorizado aún en la Gobernación", complementó.
Roles y competencias. Por su parte, el director interino de la Jefatura Departamental del Trabajo en Santa Cruz, José Sangüeza Antezana, indicó que ninguna de las agencias de empleos que operan en la ciudad tiene por lo menos la resolución administrativa que emite dicha repartición o que estén realizando estos trámites para regularizar sus operaciones.
Sin embargo, dejó entrever que su instancia solo se limita a intervenir en empresas legalmente establecidas o ante denuncias y escándalos públicos.
"La Alcaldía es quien debe controlar el funcionamiento de todo tipo de empleos, nosotros trabajamos con las empresas legalmente constituidas", fue la respuesta que dio cuando se le consultó quién debería intervenir ante la proliferación de agencias de empleos.
El funcionario explicó que la única forma por la que se da legalidad a las empresas de servicios es que las mismas tengan un ROE, (Registro Obligatorio del Empleador) que también exige al interesado en montar un negocio o empresa, tener un NIT que otorga Impuestos Nacionales. "Estos negocios no tienen ni lo uno ni lo otro", sostuvo y agregó que "ellos pueden hacer su trámite pero una vez presenten sus planillas veremos cuán explotadores son", manifestó la autoridad, quien lamentó que estas iniciativas individuales hayan encontrado en la gente desempleada en un nicho de poder, para enriquecerse.
Asimismo, la directora de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Rosy Valencia, aseveró que el municipio a través de su instancia y la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral, están trabajando en la fiscalización y reordenamiento de las agencias de empleos, pues admite que se han convertido en muchos casos en catalizadores de delitos como explotación laboral y abuso sexual laboral principalmente en menores de edad.
También indicó que su instancia está abriendo una investigación exhaustiva de las operadoras donde se ha encontrado documentación y datos de menores que las empresas no han sabido responder de su paradero.
Desarrollo
Bolsas de empleos, poco efectivas
Mientras las agencias de empleos proliferan en nuestro medio, con la aceptación y demanda de cientos de personas en busca de empleos. La situación es adversa en la bolsa de empleos que tiene la Dirección Departamental del Trabajo.
Si bien la instancia nacional lanzó el año pasado el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y Mi Primer empleo Digno para jóvenes entre 18 y 30 años, estos planes no han logrado beneficiar a más de 200 personas en más de un año, según justifica el director a.i. de esta instancia por la poca fe que tienen los beneficiarios en el proyecto y por la falta de apoyo a las empresas.
"Los jóvenes no creen en los beneficios que le ofrecemos y desertan rápidamente y las empresas creen que estamos poniendo inspectores para espiarlos", dice Sangüeza al explicar la poca efectividad de estos programas.
El funcionario explicó que pese a dar capacitación y recursos económicos para sustentar los gastos de los beneficiarios en alimentación y transporte, además del salario mínimo, el primer curso taller que se dio para jóvenes, solo logró beneficiar a 67 pese a contar con capacidad para preparar a 120 personas en cuatro áreas cada mes.
En el caso de la bolsa de empleos para las personas sin fuentes laborales, indicó que tampoco llegan a cien los beneficiarios desde 2013. Sangüeza explicó que trabaja en un convenio con la Cainco para poder ubicar y capacitar más personas en empleos.
Punto de vista
Marcelo Arrázola
Pte. Col. De Abogados de Santa Cruz
"La intermediación laboral no está autorizada en el país'
“Es totalmente reprochable lo que pasa en el país con la proliferación de agencias de empleos que en muchos casos abren paso a la vulneración de los derechos humanos y laborales, no se puede hacer negocio con las personas.
La intermediación laboral, legalmente no está reconocida en el país y la única autorizada para el ámbito laboral es la que debe hacer la Dirección del Trabajo. Si bien hay un convenio con la OIT este no es ratificado en Bolivia para autorizarlo, por lo tanto no está reglamentado el trabajo de intermediación laboral a través de órganos privados. Desconozco por qué le da licencias y como qué les da licencia de funcionamiento el Gobierno Municipal a estos negocios, lo cierto es que legalmente en intermediación el único medio competente en el país es el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, esto se ha venido admitiendo y aceptando ante la falta de recursos humanos y la inoperancia del Ministerio de Trabajo, los entes privados han cumplido ese rol de intermediación laboral y han cubierto un estado de necesidad que se genera entre la oferta y la demanda del trabajo.
Lo que se debería hacer es reglamentarlas para que haya un correcto control y fiscalización.
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